En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro reconoció inmediatamente la contundente victoria electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por primera vez en más de dieciséis años, se planteó la posibilidad de la convivencia política entre la alianza liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus opositores, y con ella una oportunidad única de resolver la prolongada crisis política por medios pacíficos y democráticos. Sin embargo, el gobierno ha elegido la confrontación, usando su control del poder judicial y otros poderes del Estado nominalmente autónomos para neutralizar el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. La MUD busca convocar un referendo revocatorio, que la constitución permite pasada la mitad del mandato de cualquier cargo electo. Teniendo en cuenta las posiciones tomadas, ambas partes tratan muchas de las decisiones de la otra como legal y prácticamente nulas. El gobierno debería desistir de sus esfuerzos por bloquear el referéndum, y la comunidad internacional debería insistir en un diálogo oportuno y eficaz con facilitadores aceptables para ambas partes.
El conflicto de poderes es tanto más perjudicial cuanto que la crisis económica y social ha empeorado significativamente. El Banco Mundial estima que en 2016 el PIB se reducirá en más de un 10 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación se aproximará al 500 por ciento en 2016 y superará el 1.500 por ciento en 2017. A falta de indexación salarial, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza está aumentando rápidamente. Los alimentos y otros productos básicos escasean, y la mayoría de los venezolanos no pueden permitirse comprar suficientes cuando los encuentran. Los servicios de salud están al borde del colapso – la mayoría de los medicamentos esenciales no están disponibles y los hospitales están experimentando un marcado aumento en el número de muertes de pacientes. Muchos ciudadanos hacen cola durante horas cada día para obtener productos a precios controlados, sin ninguna garantía de éxito. El gobierno se ha negado a permitir que los donantes, privados o públicos, envíen alimentos o ayuda médica, alegando que la presión para que lo haga es una pantalla para encubrir una intervención extranjera que tendría por objeto perjudicar su reputación y finalmente derrocarlo.
Desde hace tiempo es evidente que, sin algún mecanismo de participación internacional, es improbable que la crisis termine de forma pacífica y constitucional. El gobierno está haciendo todo lo posible por dificultar los esfuerzos de la MUD por interrumpir la presidencia de Maduro por medios legales. Si el referendo revocatorio no se celebrara este año, perdería gran parte de su eficacia, dado que la constitución prevé que el vicepresidente tome el relevo si el presidente abandona el cargo durante los dos últimos años de su mandato, que finaliza en enero de 2019. Si, por el contrario, Maduro fuera removido por referendo en 2016, sería necesario celebrar elecciones presidenciales en 30 días. Si el resultado fuera un sucesor de la MUD, la respuesta de los partidarios del gobierno podría provocar graves problemas de gobernabilidad.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla iniciativas diplomáticas, incluidos los buenos oficios, en caso de una interrupción del orden democrático en un Estado miembro. En paralelo, dos expresidentes latinoamericanos y un expresidente del gobierno español, a pedido de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y con el respaldo de la Asamblea General de la OEA celebrada en la República Dominicana en junio de 2016, están buscando promover el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Para evitar un desenlace antidemocrático, posiblemente violento, y facilitar una solución inmediata a la crisis humanitaria que está empeorando rápidamente:
El gobierno debería
declarar una emergencia humanitaria y permitir la entrega de ayuda alimentaria y médica externa y su distribución por parte de agencias no gubernamentales; abstenerse de usar el Tribunal Supremo para neutralizar a la legislatura electa y permitir una solución electoral pacífica a la crisis dejando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerza su función constitucional; liberar a todos los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados políticos sin represalias, y participar en un diálogo directo, eficaz y oportuno con la oposición.
La MUD y los líderes de la Asamblea Nacional deberían
priorizar el interés nacional sobre los objetivos partidistas; mantener su compromiso declarado con la resolución pacífica y constitucional de la crisis; y hacer todos los esfuerzos posibles por buscar un diálogo eficaz con el gobierno.
La comunidad regional debería
insistir en que el gobierno permita la entrega de ayuda alimentaria y médica de emergencia y preparar una evaluación detallada de las principales necesidades humanitarias y cómo atenderlas; examinar la crisis en el marco de la Carta Democrática Interamericana y brindar asistencia urgente para restaurar las normas constitucionales y el Estado de derecho; y apoyar los esfuerzos por buscar un diálogo estructurado y oportuno entre las dos partes y presionar al CNE para que siga el cronograma constitucional para celebrar un referéndum revocatorio en 2016. (Crisis Group, 23.06.16, http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/b035-venezuela-edge-of-the-precipice.aspx?alt_lang=es)
