El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está en peligro. Algunos Gobiernos han cuestionando las competencias, facultades, procedimientos, prácticas y decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es necesario profundizar la efectividad y el alcance de este sistema, en el debate que se desarrolla en la Organización de Estados Americanos (OEA) se manifiesta la intención de algunos Estados de limitar la capacidad y disminuir las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El SIDH es importante para fortalecer la democracia y el Estado de derecho. En este ámbito cuenta con una actuación destacada en marcar las falencias en la administración de justicia, dar guías para las políticas públicas de prevención y protección de derechos fundamentales y en la defensa de la libertad de expresión.

La historia americana reciente demuestra que el SIDH representa una gran conquista democrática que compromete a los Estados y gobiernos del continente y que contribuye a preservar la dignidad humana, a fomentar la pluralidad, a defender los derechos fundamentales y fortalecer la democracia.

Su capacidad de respuesta para proteger víctimas y evitar la impunidad fue demostrada frente a los regímenes militares y dictatoriales en el Cono Sur, ante los conflictos armados en Centroamérica, y durante situaciones de ruptura democrática en algunos países de la región. Los logros del Sistema han sido tangibles: reversión de leyes de amnistía y punto final, abolición en algunos países de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, así como el procesamiento y sanción de algunos de los máximos responsables por estos crímenes. Sin embargo su relevancia para estos temas sigue vigente en el cotidiano de nuestra región, por ejemplo, estableciendo pautas para la jurisdicción militar.

Además, el SIDH es un referente de la dignidad y el ejercicio de derechos desde la diversidad y la diferencia, tal y como lo demuestran los avances a los que ha contribuido para la erradicación del trabajo esclavo y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias a estos esfuerzos reconocidos en el mundo, las Américas tienen un marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas, mecanismos de protección de las mujeres frente a cualquier forma de violencia y reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes así como de la población carcelaria, grupos LGBTI, personas desplazadas, refugiadas, migrantes, y afrodescendientes, entre otros sectores víctimas de discriminación histórica en las Américas.

El SIDH es importante para fortalecer la democracia y el Estado de derecho. En este ámbito cuenta con una actuación destacada en marcar las falencias en la administración de justicia, dar guías para las políticas públicas de prevención y protección de derechos fundamentales y en la defensa de la libertad de expresión.

Por supuesto que las contribuciones que ha efectuado el SIDH son importantes pero insuficientes frente a las realidades del continente. América sigue siendo la región más inequitativa en cuanto a la distribución del ingreso; existen grandes niveles de exclusión en el goce de los derechos a la salud y prestaciones sociales; algunos países ostentan las tasas más altas de homicidios en el mundo; aún persiste un conflicto armado interno en la región que provoca una de las mayores cifras de desplazados internos y emergen otros desafíos a la democracia, la libertad y los derechos humanos, con ocasión de la implementación de nuevas formas de ruptura del estado de derecho y de la irrupción de expresiones de violencia originada en el crimen organizado.

Estas realidades del continente reafirman la plena vigencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la necesidad de hacer más eficaz, antes que debilitar, este sistema. Se requiere de una protección regional fuerte, decidida, acorde a los compromisos de las ciudadanías y los pueblos con la dignidad, la pluralidad, la seguridad, la igualdad, la participación y la democracia. Declaración de Bogotá

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