Defensoras y defensores de 14 países de América Latina hacemos público que por
nuestro compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos
enfrentamos asesinatos, crímenes de odio, amenazas, persecución judicial, detenciones
ilegales, violaciones, tratos ultrajantes y campañas de desprestigio, entre muchas otras
formas de amedrentamiento. Los altos índices de impunidad frente a estos crímenes son
preocupantes y esta situación incrementa el riesgo de nuestra tarea.
A pesar de que la labor que desarrollamos es fundamental para la garantía y salvaguarda
de democracias sustantivas en la región, en nuestros países afrontamos la aplicación de
leyes antiterroristas y actividades de inteligencia; la represión y criminalización de la
protesta social; obstáculos legales o administrativos para la libertad de asociación;
limitaciones para el acceso a recursos y el silenciamiento de voces disidentes.
Muchos de estos actos son ejecutados por agentes públicos, permitidos por funcionarios
judiciales y consentidos por la inacción del aparato estatal que en muchos casos no evita
ni protege a defensoras y defensores de las agresiones que también sufren por parte de
empresas y otros actores no estatales.
Es por ello esencial que se diseñen e implementen mecanismos efectivos de protección
de defensoras y defensores de derechos humanos a nivel local, regional e internacional.
También es necesario plantear una articulación entre estas distintas estrategias y generar
instancias que incluyan la identificación oportuna de aquellos contextos de riesgo y las
herramientas adecuadas para abordar el fenómeno y sus particularidades. La pretensión
de debilitar un sistema de protección urgente como son las medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un retroceso en este camino.
Algunos colectivos de defensoras y defensores de derechos humanos, como las mujeres,
las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, los grupos campesinos,
miembros de pueblos indígenas, migrantes, los y las líderes afrodescendientes,
sindicalistas, feministas, ambientalistas, periodistas y estudiantes están más expuestos
en su lucha, a pesar de que muchas veces su trabajo se invisibiliza y no es reconocido.
La protección o mejoramiento de la situación de defensoras y defensores de derechos
humanos debe contemplar estas circunstancias en particular.
Los participantes del Encuentro expresamos especial preocupación por la crítica
situación actual de las defensoras y defensores en Honduras que, desde el golpe de
estado en 2009, exige una respuesta urgente y firme de la comunidad internacional. En
el presente, no se encuentran garantizadas las condiciones mínimas para la defensa de
los derechos humanos en ese país.
Exhortamos a los Estados de América Latina y a los órganos de protección y sus
mecanismos, tanto universal como regional, a darle seguimiento a este Encuentro y
atender particularmente nuestra situación en tanto estamos convencidos que sin
garantías para el trabajo de las personas que los defendemos, la plena vigencia de los
derechos humanos en la región no será posible.
En el Encuentro de defensoras y defensores de derechos humanos de América Latina celebrado
durante los días 5 y 6 de diciembre de 2011 en Buenos Aires participaron representantes de
organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile,
Honduras, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, El Salvador y
Nicaragua.
Últimas publicaciones
