La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se enfrenta a la peor crisis financiera de la historia
Escribo con profunda tristeza, frustración e indignación. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos enfrentamos a la peor crisis financiera de la historia. Tenemos las arcas absolutamente vacías. Si eso no cambia radicalmente muy pronto, significará no sólo que el 31 de julio perderemos al 40% de nuestro personal. También tendrá efectos inmediatos en nuestra labor de velar por los derechos humanos en la región: no podremos realizar visitas a los países que tenemos que monitorear, no podremos hacer las audiencias públicas donde se exponen problemáticas de derechos humanos ni reuniones de trabajo para coordinar medidas de protección urgentes para personas en riesgo. Estamos al borde del colapso como nunca antes.
En mi carrera como defensor de derechos humanos he visto personalmente cómo gracias a la Comisión se avanzó en el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, cómo se salvaron las vidas de personas en riesgo gracias a su intervención. No exagero cuando digo que esta crisis es una tragedia para este continente.
El 31 de julio perderemos a 30 personas que trabajan con pasión y compromiso en la defensa de los derechos humanos, algunas de ellas desde hace una década. En la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica trabajan 180 funcionarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México tiene más de 1000. El 1 de agosto, la CIDH podría quedarse con una plantilla de 48 funcionarios a cargo de proteger los derechos humanos de mil millones de personas que habitan este continente.
Durante años, la CIDH sobrevivió gracias a los aportes voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y la Unión Europea. Pero cuando este año fuimos a golpear puertas a Europa en busca de asistencia financiera, nos encontramos con una respuesta diferente. Europa está recibiendo una gran cantidad de refugiados y eso ha generado una reorientación de sus prioridades en asistencia internacional.
Pero eso no es todo. Lo cierto es que no pudimos responderles cuando nos preguntaron por qué los países americanos no se hacen cargo de su propio sistema de derechos humanos. No pudimos responderles porque nos da vergüenza decir la verdad: América Latina y el Caribe no se han hecho cargo de su propio sistema de derechos humanos. Los Estados crearon este sistema en 1959 y proclamaron en la Convención Americana que el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, sólo puede alcanzarse garantizando el ejercicio de sus derechos humanos. Crearon la CIDH para que ese ideal se hiciera realidad. Pero después, nunca le dieron los recursos para realizar su trabajo.
El Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a derechos humanos, mientras que la OEA destina el 9.1% para financiar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH recibe menos de 5 millones de dólares por año de la Organización, o50 centavos de dólar por cada mil personas. Tenemos menos abogados y abogadas que el número de países que atendemos. ¿Cómo se puede cumplir así con nuestro mandato?
Hemos recurrido a donaciones para complementar nuestro magro ingreso. Hemos apelado a los países miembros, a su responsabilidad con financiar el sistema que ellos mismos crearon. En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI), pero solo destinaron 199.000 dólares para la CIDH. Y valga aclarar: en la CPI no hay en trámite ningún caso de la región y sólo hay una situación bajo examen preliminar.
El mensaje parece claro. Algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos. Esa es nuestra función, y nos la asignaron los Estados. Pero nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato.
Pero la CIDH no puede parar. Tenemos que seguir atentos a la investigación del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, y de tantos y tantas otras defensoras asesinadas, y tenemos que proteger a los defensores que viven amenazados y hostigados y criminalizados. Tenemos que asegurarnos que haya justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, después que el Grupo de Expertos creado por la CIDH constatara los graves errores en la investigación sobre su desaparición, y para tantos otros miles de personas desaparecidas en México. Tenemos que seguir insistiendo en el cierre de Guantánamo, y debemos velar por los migrantes y los refugiados que escapan de la violencia en los países del Triángulo Norte, por los niños no acompañados que cruzan la frontera buscando reunificarse con sus padres. Debemos seguir velando por el derecho de los pueblos indígenas a vivir en paz en sus territorios ancestrales, por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, por la justicia social, para acabar con la discriminación, ya sea racial, por orientación sexual o por identidad o expresión de género. Nuestro compromiso con nuestro mandato sigue firme.
Estaremos siempre agradecidos a Europa por el apoyo que nos han dado en los últimos años. Pero ha llegado la hora de la verdad. O los jefes de Estado de América Latina y el Caribe toman la decisión política de darle vida al sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, o seremos testigos de su colapso.
*James Cavallaro es Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
