30 de agosto de 2016
A escasas horas de las manifestaciones previstas para el 1 de septiembre, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recuerda que por encima de todo está la paz y los derechos de las personas. Cada uno, desde la dimensión institucional o desde las propias circunstancias de la vida, debe procurar el entendimiento mutuo y dar fuerza a la tolerancia de las ideas. La realidad de la política debe ser forjada en principios y valores que den el marco ético de convivencia, solidaridad y concordia.
En este contexto, corresponde al Gobierno, a los titulares de cargos gubernamentales y a las fuerzas de seguridad del Estado garantizar el derecho a la vida, seguridad e integridad de sus habitantes, por lo cual son personal e institucionalmente responsables ante las instancias políticas y jurisdiccionales que corresponda, tanto a nivel interno como internacional, por el resultado de sus acciones u omisiones.
Gestiones de la Secretaría General para la observación de la marcha del 1 de septiembre
El pasado 12 de agosto el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, recibió la solicitud por parte del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diputado Luis Florido, y del dirigente Carlos Vecchio para que la Secretaría General de la OEA procediera a observar las marchas y manifestaciones previstas para el próximo 1 de septiembre de 2016. Dicha solicitud –que fuera posteriormente respaldada por dirigentes e integrantes de la sociedad civil- fue recibida con la mejor disposición de cooperación por el Secretario General Almagro.
Ante ello, la Secretaría General realizó gestiones con la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA con la finalidad de habilitar los mecanismos tendientes a la observación y al acompañamiento de la marcha.
De ese modo, se cursó nota a la citada delegación diplomática el 12 de agosto de 2016 (Nota OSG 425), y se reiteraron similares gestiones el 22 de agosto del corriente (Nota OSG 438).
En dichas oportunidades la Secretaría General de la OEA manifestó:
• su disposición a coordinar el acompañamiento institucional de observación internacional de las referidas manifestaciones con el ánimo de brindar a Gobierno, oposición y ciudadanía venezolana las máximas garantías de imparcialidad en el contexto de la libre expresión de la voluntad ciudadana y el desarrollo pacífico en el marco de convivencia.
• que la referida intención se inscribe en el contexto de las competencias del Secretario General establecidas en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y demás instrumentos jurídicos en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
• la vocación para explorar en forma conjunta las modalidades de seguimiento de las manifestaciones convocadas (a través de la Secretaría General y/u otros órganos de la OEA) de modo de asegurar un mecanismo de acompañamiento y observación conjunta garantista y efectiva.
• la necesidad del trabajo conjunto y el apoyo de la comunidad interamericana e internacional para garantizar los derechos de expresión ciudadana.
• que los lamentables acontecimientos del año 2014, en ocasión de las manifestaciones populares, que exhibieron niveles de violencia desmedidos, detenciones arbitrarias y la irreparable pérdida de 43 vidas humanas y centenares de heridos, recuerdan la necesidad permanente de extremar esfuerzos en favor de la paz y de la convivencia ciudadana, lo cual resulta absolutamente necesario para garantizar derechos, asegurar la no repetición y contar con elementos de rendición de cuentas.
• que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos cuenta con mecanismos probadamente eficaces, imparciales y profesionales para brindar las garantías de observación y seguimiento correspondientes.
• que los deberes jurídicos que se desprenden de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana y demás instrumentos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos obligan a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela a su observancia y cumplimiento cabal.
• que los mismos instrumentos jurídicos citados constituyen una obligación jurídica, ética, política y funcional de velar por su cumplimiento por parte del Secretario General de la OEA y de denunciar sus sistemáticas violaciones.
• que el contexto de erosión y deterioro institucional, militarización de actividades civiles, crisis humanitaria y existencia de presos políticos hacen aún más necesario para todas las partes contar con actores que puedan coadyuvar a otorgar las necesarias garantías de convivencia ciudadana pacífica.
Pese a las razones y argumentos presentados, el Gobierno de Venezuela ha rechazado la disposición de la Secretaría General de la OEA de trabajar para asegurar las mayores garantías para las marchas y manifestaciones previstas.
El hecho de haber negado una propuesta que otorgaba garantías a la gente para el ejercicio de sus derechos demuestra claramente una negativa de asegurar al propio pueblo condiciones de paz y tranquilidad en el contexto de las manifestaciones del 1 de septiembre. La Secretaría General de la OEA hace responsable al Gobierno de Venezuela de asegurar al pueblo su derecho a manifestarse pacíficamente, su derecho de asociación y su derecho de libre expresión sin sufrir ningún tipo de violencia e intimidación; será completamente inaceptable para la Secretaría General cualquier abuso de autoridad. La Secretaría General hace responsable al Gobierno de toda víctima, que espera no tener que lamentar.
Intentos de amedrentamiento a la oposición
La Secretaría General manifiesta su preocupación por lo ocurrido estos días previos al llamado de la oposición democrática venezolana del 1 de septiembre, donde se han recibido denuncias que demuestran el recrudecimiento de la represión y de las violaciones de Derechos Humanos. Se pretende criminalizar la protesta, se amenaza con inhabilitar a partidos políticos, y se criminaliza la actuación de diputados de la Asamblea Nacional y activistas de la sociedad civil, acciones que dejan serias dudas de que al gobierno venezolano le interese un diálogo serio y constructivo para salir de la crisis en la que ha sumergido a Venezuela.
Ante ello, se reitera la preocupación frente al creciente deterioro institucional registrado en Venezuela y -en este contexto- hace un llamado a que las manifestaciones y marchas previstas, al amparo del legítimo derecho de reunión y de expresión de la voluntad popular, se desarrollen de modo pacífico y en el clima de convivencia necesario.
Sobre este particular, se llama al inmediato cese de las medidas arbitrarias e impunes que tienen como objetivo deliberado la intimidación de líderes opositores y de la población en general a escasas horas de la marcha prevista.
Entre estas medidas se ha registrado:
• El traslado a prisión del ex-Alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, medida dispuesta sin las mínimas garantías civiles ni criterios objetivos, lo que constituye un extraordinario abuso y muestra de sembrar el miedo no sólo en el núcleo familiar del Sr. Ceballos y en sus allegados, sino también en la ciudadanía en general.
• Este lunes fue detenido el activista y líder juvenil Yon Goicoechea, quien se trasladaba por las calles de Caracas cuando fue interceptado por funcionarios policiales encapuchados. Recién a altas horas de la noche se supo, a través un diputado del oficialismo, de su paradero en la cárcel del SEBIN.
• Similares parámetros de arbitrariedad y tiranía exhibe la orden de aprehensión contra el Alcalde Warner Jiménez.
• Los allanamientos arbitrarios realizados en las residencias del Diputado Lester Toledo – quien posee inmunidad- y
• Del Alcalde Delson Guarate, sin guardar el debido proceso, demostrando el ensañamiento desmedido en contra de líderes de la oposición.
• Los medios de comunicación están siendo amedrentados constantemente, y hoy la sede del diario “El Nacional” fue atacada por grupos violentos identificados con el gobierno venezolano. Periodistas internacionales que están llegando a Caracas para cubrir el evento del 1 de septiembre están siendo retenidos en el aeropuerto, e incluso esperando ser deportados, tal el caso de los reporteros de Al Jazeera, lo que impide que la cobertura llegue libremente a la prensa internacional.
• El acoso a la sede de Voluntad Popular del día de hoy forma parte también de la operación de amedrentamiento en curso.
• La detención de Carlos Melo agrava aún más los abusos y privaciones de derechos, que constituyen provocaciones que van en desmedro de la reconciliación ciudadana a escasos días de las manifestaciones previstas para el 1 de septiembre.
• El arbitrario traslado de los jóvenes Francisco Márquez y Gabriel San Miguel a la cárcel de Tocuyito, sin mostrar la orden de traslado ni habérselo participado a sus abogados ni familiares, permaneciendo presos sin acusación.
• El traslado en horas de la madrugada de hoy de Raúl Baduel y Alexander Tirado a la cárcel para presos de alta peligrosidad 26 de Julio de Guárico, sin tampoco haberlo notificado a su defensa y familiares.
• La retención en el día de hoy de la Diputada María Hernández se suma también a la lista de arbitrariedades.
• En la misma línea, el gobierno venezolano ha ordenado el despido masivo de más de 4.000 funcionarios públicos que firmaron para el revocatorio, violando los derechos constitucionales que le garantizan a todos los venezolanos el derecho a discernir y a expresarse libremente.
• Los venezolanos que desde ahora se están movilizando para llegar a la Capital y participar en la manifestación han denunciado retenciones puestas por el gobierno nacional para impedirles el paso o desviarlos, tal y como ha ocurrido con la manifestación indígena que está caminando miles de kilómetros desde el Estado de Amazonas para participar.
• En el día de la fecha se produjo también el intento de incendio de la Casa del Partido Acción Democrática en San Carlos.
Los intentos de intimidación de la población ante la proximidad de instancias de expresión popular resultan propios de los más connotados regímenes autoritarios a lo largo de la historia.
Estas maniobras contribuyen a generar un clima de confrontación y crispación, así como potencian el riesgo de desbordes ante la arbitrariedad y descarada impunidad con que se actúa.
Todos los hechos reseñados ut supra forman parte de una acción sistémica apoyada en mecanismos de represión del Estado que violan absolutamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano. Ello contradice completamente los principios y valores democráticos y definen al Gobierno de Venezuela como una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo.
Llamado al Gobierno de Venezuela al respeto de los Derechos Humanos y otorgamiento de las máximas garantías
Particularmente se llama al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a permitir, en el más amplio marco de libertad y de garantías ciudadanas, las manifestaciones de la expresión popular y a evitar medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación, tales como la programación en el mismo día de marchas y manifestaciones pro gubernamentales.
En el mismo sentido, se llama a las autoridades electorales a asegurar los derechos constitucionales de los ciudadanos venezolanos y a brindar certezas sobre la realización del referéndum revocatorio en el año 2016.
Corresponde al Consejo Nacional Electoral ser un elemento de imparcialidad y aseguramiento de garantías, y no una herramienta del poder político para la tergiversación de los plazos -o de los porcentajes de recolección de firmas- debidamente estipulados.
El no cumplimiento de estas obligaciones por parte del CNE contribuye a deteriorar el clima de convivencia y a potenciar la polarización política y social.
Adicionalmente, la existencia constatada de presos políticos no sólo vulnera los derechos humanos de los venezolanos, sino que impide la existencia de un sistema democrático y corroe aún más las bases de la necesaria convivencia pacífica. Se reitera el llamado a su inmediata liberación, medida que sin duda coadyuvará al camino de recuperación de los estándares democráticos en el país.
La Secretaría General de la OEA también alerta sobre las manipulaciones que han impedido la concreción de una reunión entre el Secretario General Almagro y el Comité de Víctimas de la Guarimba (solicitada inicialmente por la Secretaría General el 21 de octubre de 2015) y reitera la necesidad de esclarecimiento y justicia. Truncar mediante argucias el acceso al diálogo con la Secretaría General de la OEA por parte de las víctimas no se condice con la vocación de arrojar luz sobre los acontecimientos y de brindar las necesarias garantías de rendición de cuentas y no repetición. Y no resulta en absoluto constructivo para la paz ciudadana.
Urge el establecimiento de un diálogo genuino y en busca de resultados en el país. El establecimiento de plazos, objetivos y mediadores aceptados por todas las partes constituye una condición insoslayable para la recuperación democrática en Venezuela.
Por último, la Secretaría General enfatiza su llamado en favor de la paz, la concordia y la reconciliación de los venezolanos, anclado en el respeto a los derechos de todos y a la necesaria tolerancia para la jornada del 1 de septiembre.
Referencia: C-090/16
