Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de la sociedad civil venezolana acudieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las audiencias de su 156º Período de Sesiones, con el fin de dar a conocer preocupaciones y denuncias en materia de derechos humanos.
Se trata de la Asociación Civil Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Transparencia Venezuela, la Asociación Civil Un Estado de Derecho (UED), el Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVILIS Derechos Humanos, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la Coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida (CODEVIDA), el Laboratorio de Paz, Venezuela Diversa, el Observatorio Venezolano de Prisiones, y la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Representantes.
El CEJIL calificó la situación de los derechos humanos en Venezuela de «grave», recalcando «ejecuciones extrajudiciales, violencia contra las mujeres, los altos niveles de impunidad, la situación en la frontera con Colombia y la de defensores y defensoras de derechos humanos.»
Sobre este último punto, «ante los hostigamientos, campañas de deslegitimación y graves amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos», y entendiendo que la promoción y el respeto al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos es fundamental para el logro del disfrute de dichos derechos, Amnistía Internacional a través de Marcos Gómez, Director de Amnistía Internacional Venezuela, llevó el siguiente mensaje ante la audiencia donde tuvo participación:
Honorables Comisionados
Distinguidos representantes de la República Bolivariana de Venezuela
Debo iniciar esta exposición reconociendo la constante y valiosa trayectoria de la Comisión en la protección de los derechos humanos de las personas, que precisamente están dedicadas a su defensa y promoción en todo el continente.
Esta es la primera oportunidad que Amnistía Internacional como organización asiste a una Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela.Y lo hacemos por nuestra extrema preocupación por el incremento en la frecuencia e intensidad de los señalamientos contra defensores de derechos humanos por parte de altos representantes del Estado Venezolano; haciendo uso de medios públicos y en especial de la televisora oficial.
Estos hechos, en Venezuela han venido siendo atendidos por la CIDH que ha señalado que “Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.”
En marzo de 2015 la Comisión Interamericana instó a los funcionarios públicos de Venezuela a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional viene observando que la campaña gubernamental de señalamientos no ha parado, incluso en casos de personas con medidas cautelares.
Al parecer estos ataques y señalamientos a defensores se producen observando el siguiente patrón:
- a) Cuando las personas u ONGs formulan opiniones críticas a acciones, planes o políticas gubernamentales;
- b) Cuando asumen la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos.
- c) Y el más preocupante, cuando hacen uso o recurren a instancias internacionales o regionales de protección de los derechos humanos; incluido cuando se relacionan con ONG de derechos humanos en otros países.
Sobre este punto, la CIDH señaló en marzo: que es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter.
En Julio de este año, con un comunicado conjunto sobre Venezuela, expertos de la ONU y CIDH realizaron un llamado a las autoridades venezolanas a cesar inmediatamente los ataques contra defensores de derechos, señalando «Los defensores y las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil deben ser capaces de llevar a cabo su trabajo en materia de derechos humanos y cooperar libremente y con seguridad con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos sin temor a intimidación y represalias».
Este año, algunos defensores lamentablemente han sido víctimas de una cadena de hechos violentos, no sólo verbales. Destacan los casos de Marino Alvarado, Horacio Giusti, Victor Martinez; así como los de Carlos Lusverti y Rodrigo Diamanti. Por escrito remitiremos información estos casos.
Amnistía Internacional ha constatado también casos de limitación de acceso a medios de comunicación, casos de ataques a defensores de derechos de grupos específicos como personas LGBTI, Mujeres, Ambiente, Pueblos y Comunidades Indígenas, así como a líderes sindicales y periodistas.
La Comisión Interamericana ha indicado que la labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.
Además no se podrá lograr justicia para las graves violaciones de derechos humanos del pasado, si no se muestra valoración a la labor de su defensa.
No se podrán detener las desviaciones de funcionarios que se vinculan a abusos de derechos humanos en el presente, si no se protege a los defensores de ddhh y a las víctimas.
Nuestra aspiración es que se reestablezca la cooperación entre el estado Venezolano y la CIDH a estos nobles fines.
Por esta razón Amnistía Internacional, de conformidad con los estándares elaborados por esta honorable Comisión, así como derivados de la jurisprudencia de la Ilustre Corte, las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de la OEA y en el seno la Organización de las Naciones Unidas, considerando el rol clave de las y los defensores de derechos humanos, solicitamos respetuosamente a la Comisión:
1) Que siga manteniendo su preocupación y monitoreo sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos Venezuela.
2) Considere la realización de un informe especial sobre la situación del derecho a defender derechos humanos en Venezuela. Así mismo considere solicitar al Relator Especial para la Libertad de Expresión un estudio especial sobre el impacto del discurso de hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
3) Requiera al Gobierno de Venezuela información sobre el estado y resultados de las investigaciones en los casos de acoso u hostigamiento y cualquier forma de violencia y violación a los derechos de las y los defensores de derechos humanos.
Discurso de Marcos Gómez, Director de Amnistía Internacional Venezuela y Representante de Amnistía Internacional ante la CIDH, 19 de Octubre de 2019
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