Las Organizaciones del Movimiento de defensa de Derechos Humanos de Venezuela, quienes abajo suscriben, rechazamos y condenamos de manera contundente los ataques y descalificaciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, contra la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y al defensor de derechos humanos y ex coordinador general de la organización, Marino Alvarado.
Debe destacarse que estas declaraciones ocurrieron en el marco de la reciente evaluación por parte de dicha organización del nuevo plan operacional de seguridad nacional, conocido como “Operativo de Liberación del Pueblo (OLP)”, refiriéndose al impacto negativo que ha tenido dicho plan en la sociedad, el cual se ha implementado y ejecutado por organismos de seguridad del gobierno nacional, mayormente en zonas populares y que ha desencadenado graves violaciones a los derechos humanos y numerosas arbitrariedades, tales como: detenciones arbitraras, ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas que han sido detenidas, y una campaña xenófoba contra la población colombiana que reside en nuestro país.
Es así que el pasado viernes 21 de agosto del presente año, mediante declaraciones realizadas a través de medios públicos, el Presidente de la República expresó lo siguiente: “También, aquí están ataques, miren, el mismo libreto, lo mismo dice una organización política financiada por el gobierno de Estados Unidos llamada Provea, una organización política de la derecha venezolana, dirigida por un señor que yo conozco, Marino Alvarado, nacido en Colombia, que lo conocí de hace muchos años, fue militante de bandera roja, es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, tenemos las pruebas de su financiamiento por parte de la NED, aquí están las pruebas de financiamiento por parte de la NED. El gobierno de los Estados Unidos financia Provea [sic], es una organización política que le ponen ONG para financiarlos y ponerlos a hablar en el mundo y en Venezuela. Bueno miren, mire el libreto. El partido político Provea, financiado por el gobierno de los Estados Unidos y Marino Alvarado, quien trabajó para los servicios policiales de la cuarta república como infiltrado en Bandera Roja, yo lo conocí. –Presidente de la AN Diosdado Cabello: ‘¿con bandera roja?’ – Si con bandera roja, y el partido político DEA, aquí están, acusándome de lo mismo que me acusa Uribe de que soy anticolombiano. No, no soy anticolombiano y jamás lo seré, soy es bolivariano, soy chavista y lo primero que tengo que hacer es defender al pueblo de Venezuela a la patria venezolana y lo que he dicho es toda la verdad, toda la verdad. Fíjense ustedes el ataque, miren una cámara por aquí, el partido político Provea, mira lo que sacó, rápidamente lo diseñan, (muestran imagen de tuit de Provea) lo sacaron en Bogotá, lo sacaron en Cúcuta, y lo sacó el partido político Provea en Venezuela. Comparándome con el pelucón racista oligarca de Donald Trump, ya arrancó la campaña, esta campaña la van a recorrer por el mundo entero, yo lo dije ayer aquí, no me para nadie, que lo sepa el pueblo de Venezuela, no me va a parar nadie”.
Desde el pasado mes de noviembre el Presidente de la Asamblea Nacional diputado Diosdado Cabello ha dirigido una campaña de descredito contra distintas ONG de derechos humanos venezolanas a través de su programa “Con el Mazo Dando”, que es transmitido semanalmente por la señal del canal televisivo estatal Venezolana de Televisión (VTV). En el caso del primer mandatario esta es la segunda alocución pública —en menos de tres meses— en la que criminaliza duramente a las ONG y activistas de derechos humanos debido a las denuncias que realizamos sobre los resultados de su gestión en esta materia. Estas campañas de criminalización y hostigamiento se hacen cada vez más frecuentes y se emplean ataques más directos contra defensores por realizar su labor.
Estos ataques a los defensores de derechos humanos configuran una violación de las obligaciones internacionales del Estado venezolano bajo el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. En diversas oportunidades la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como diversos órganos del Sistema Universal se han pronunciado al respecto exigiéndole al Estado venezolano garantizar plenamente el trabajo de los defensores. Recientemente, durante el mes de julio del presente año, un grupo de expertos de las Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) lamentó “los intentos por desacreditar e intimidar a defensores de derechos humanos”, a través del sistema nacional de medios públicos, en represalia por sus actividades en materia de derechos humanos y su cooperación con la ONU y organismos regionales de derechos humanos. Asimismo, indicaron que “Es hora de poner fin a este vergonzoso acoso televisado de activistas de derechos humanos en Venezuela (…) Condenamos lo que se ha convertido en un claro patrón para intimidar y difamar a defensores de derechos humanos sólo por promover los derechos humanos en su país y participar con organismos internacionales y regionales de derechos humanos”.
Es importante recordarle al Estado que La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos consagra, de forma clara y precisa, la obligación de los Estados de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus medidas cautelares, informes y relatorías especiales para defensores de Derechos Humanos, ha expresado constantemente su preocupación por la persistencia de situaciones de amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, y por la creciente criminalización de sus actividades en contextos de amenazas generales a las libertades democráticas y al ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.
En virtud de los graves hechos descritos antes mencionados y por las violaciones a las obligaciones internacionales en materia de protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, criminalizando su labor y tomando acciones de hostigamiento, el Observatorio Venezolano de Prisiones y las demás organizaciones firmantes condenamos y rechazamos estos hechos y solicitamos al Estado venezolano:
1. El cese inmediato de los ataques, descalificaciones y el hostigamiento contra Provea, el defensor de derechos humanos Marino Alvarado, y demás organizaciones que han sido víctimas de estos ataques por parte de funcionarios del Estado, específicamente del Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, y del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
2. Proteger y garantizar el libre desempeño de los defensores, defensoras y organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, así como también garantizar la protección y respeto a los derechos humanos de todas las personas.
3. Instamos al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en relación al cese de ataques y represalias contra la labor de los Defensores de Derechos Humanos en Venezuela conforme se comprometieron ante dichas instancias.
4. El cumplimiento y garantía de los compromisos internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos, en especial los relativos a la protección efectiva del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Quienes Suscriben:
Observatorio Venezolano de Prisiones, Acción Solidaria, Civilis Derechos Humanos, Centro de Justicia y Paz – CEPAZ, Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente – FEDAP, Instituto Prensa y Sociedad – IPYS, Espacio Público, Laboratorio de Paz, Asociación Venezolana de Amigos con Linfoma, Fundación de Lucha contra el cáncer de mama – FUNCAMAMA, FENASOPADRES, Observatorio Venezolano de Salud, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida –Codevida, Amigos Trasplantados, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – CODHEZ, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Asociación Venezolana para Educación Sexual Alternativa – AVESA, Comisión Nacional de DD.HH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Transparencia Venezuela, Centro Hispanoamericano para la Mujer – FREYA, SINERGIA, Asociación Civil Fundación Justicia, solidaridad y paz – FUNPAZ, Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes – REDHNNA, Unión Afirmativa – UNAF, Fundación Aguaclara, Red LGBTI, Acción Ciudadana Contra el Sida – ACCSI, Venezuela Diversa A.C., Movimiento Vinotinto A.C., Centro de Animación Juvenil de Valera.
