Los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) no podrán recibir financiamiento internacional y serán objeto de sanciones si traen al país invitados extranjeros que critiquen a las instituciones venezolanas, según una ley de defensa de la soberanía aprobada por la Asamblea Nacional.

La norma fue aprobada en la noche del martes en medio de las críticas de los opositores, que acusaron al gobierno de Hugo Chávez de promover regulaciones que buscan limitar la disidencia.

La ley impide a los partidos y ONG recibir aportes financieros de organismos extranjeros y establece que quienes traigan al país invitados extranjeros que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía” serán sancionados con multas e inhabilitación de cinco a ocho años.

La diputada oficialista Marelis Pérez, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dijo el martes durante su discurso en el hemiciclo que “las organizaciones políticas tienen que estar en sintonía con los principios constitucionales, que tienen que ver justamente con el desarrollo de la paz, con el desarrollo de los fines del Estado venezolano, en la defensa de la soberanía y en la no intervención de los asuntos internos”.

Por su parte, el diputado opositor Juan José Molina publicó en su cuenta de Twitter que la ley “criminaliza y persigue a la oposición democrática” y sostuvo que los recursos provenientes de otros países han sido utilizados por las ONG para mejorar las condiciones de muchas comunidades.

Desde hace varios años algunas ONG locales han sido objeto de ataque y sus directivos han sido sometidos a procesos judiciales acusados de cometer traición a la patria y conspiración contra el gobierno por recibir fondos de la National Endowment for Democracy (NED), una organización que recibe aportes del Congreso estadounidense.

En el país operan además otras ONG que reciben recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Internacional Republicano y el Instituto Nacional Demócrata.

La bancada oficialista promovió la nueva legislación luego de que el presidente Chávez solicitó a fines de noviembre al congreso una ley “muy severa” para evitar que los partidos y ONG reciban financiamiento externo.

“Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONG, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui”, dijo Chávez al exigir la legislación.

El oficialismo aprobó también el martes una reforma a la ley de partidos políticos que impide a los diputados abandonar las filas de sus organizaciones políticas y pasar a la disidencia.

La reforma establece que los diputados corren el riesgo de ser suspendidos o inhabilitados si incurren en “conductas fraudulentas” tales como “hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron” y “separarse del grupo parlamentario de opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló”.

“Le están poniendo una camisa de fuerza a los parlamentarios que están por venir”, se quejó el diputado opositor Ismael García.

La reforma podría entrar en vigencia a inicios de 2011 cuando comience a legislar la nueva Asamblea Nacional, donde el oficialismo contará con 98 diputados y la oposición con 67.

Entre 2007 y 2009 cerca de una docena de congresistas se separaron de las filas del oficialismo, lo que rompió la mayoría absoluta que tuvo el gobierno en la Asamblea Nacional por casi dos años.

Por: FABIOLA SANCHEZ
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