El 15 de marzo de 2013, se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática para debatir las obligaciones generales de los Estados en relación con la violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes.
Esta iniciativa promovida por Cecodap (Venezuela), Global Infancia (Paraguay) y la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), con el apoyo de Save the Children, tuvo como objetivo denunciar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la situación de violencia escolar que viven los niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.
Castigos corporales, agresiones físicas, psicológicas, sexuales, uso inadecuado de las tecnologías, situaciones de acoso o bullying son algunas de las situaciones de violencia más recurrentes en las escuelas plasmadas en el Informe sobre Violencia Escolar en América Latina y el Caribe[1] elaborado por Unicef y Plan Internacional en el año 2011.
En el desarrollo de la audiencia ante la CIDH se analizaron desde un punto de vista regional las consecuencias de la violencia escolar y el rol que los Estados deben cumplir en protección de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los miembros de la Comisión integrantes del Panel, incluida la Relatora sobre los Derechos del Niño, participaron atentos a las intervenciones, enfatizando que el tema merece ser atendido no solo por el incremento de violencia escolar que se está generando en la región, sino por la especificidad que acarrea la violencia escolar enmarcado en la protección de la niñez.
En tanto, las organizaciones solicitantes esperan que la CIDH, en su rol de promoción, defina y sistematice en un documento los estándares interamericanos para la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia escolar que permitan orientar a los Estados en al menos en 4 áreas fundamentales: aspectos normativos e institucionales; desarrollo de políticas públicas y estrategias educativas; prevención y participación de la sociedad, incluido los niños, niñas y adolescentes y coordinación regional.
