El pasado martes 5 de julio, (6) seis jóvenes estudiantes activistas de Voluntad Popular de encontraban sentados en las mesas exteriores de la Panadería Pan de Oro, ubicada en el centro comercial Los Olivos, parroquia Universidad del Municipio Caroní, en Puerto Ordaz. Los estudiantes estaban allí desde las 4:30 pm, esperando que cesará la lluvia para realizar un volanteo en el cruce ubicado en la Av. Loeffling, en el semáforo. A las 6 pm tres machitos blancas sin identificación ni placas, 2 motos civiles y 3 motos de la Policía del Estado llegaron al estacionamiento frente a la referida Panadería y aproximadamente 15 hombres de civil se acercaron a los jóvenes, requiriendo sus cédulas y teléfonos, los obligaron a colocarse contra la pared mientras les apuntaban con sus armas, y ante las preguntas de los muchachos sobre la razón de ese procedimiento, les respondieron «Son órdenes superiores».
Los jóvenes Madeleine Fajardo, de 24 años, cédula de identidad 21.197.323 recién egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, Peter José Perez, de 20 años, cédula de identidad 27.110.036, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana, Alvin Bridgewater, de 20 años, cédula de identidad 26.359.177, estudiante de Administración de Empresas en la UGMA, Carlos Leonardo Briceño, de 21 años, cédula de identidad 25.086.601, estudiante de Economía en la UGMA, Sergio Morales de 19 años, cédula de identidad 30.040.118, estudiante de Derecho de la UGMA y Oswaldo Rodriguez de 24 años, cédula de identidad 19.303.247, estudiante de Derecho de la UCAB, fueron requisados sin ninguna orden, los presuntos funcionarios nunca se identificaron, despojaron a cuatro de sus cédulas de identidad y a tres de sus teléfonos. Finalmente, sin devolver nada, tomaron a Oswaldo y se lo llevaron. Los jóvenes buscaron apoyo de otro compañero para recorrer los distintos centros de detención a fin de ubicar al joven detenido.
Lo hallaron en la sede del SEBIN, San Félix. Estando allí les dicen a Carlos, Sergio y Alvin que pasen para entregarles sus pertenencias, y ya no les permitieron salir. Ante estos hechos, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía se apersono ante la sede del SEBIN a fin de verificar las denuncias de detención arbitraria y comprobar el estado físico de los detenidos, junto a familiares de los jóvenes solicitamos verlos, identificándonos como abogados, y la respuesta fue: «Desalojen que vamos a limpiar». Una hora más tarde la reja seguía cerrada.
A la Comisión le preocupa:
1.- La actuación de funcionarios sin identificación alguna en procedimientos de detención de ciudadanos.
2.- La presencia de motorizados civiles acompañando a los presuntos funcionarios del Sebin y los de la PEB.
3.- La detención sin flagrancia e incautación de teléfonos de los jóvenes sin orden judicial.
4.- El engaño utilizado para dejar detenidos a los compañeros de Oswaldo.
5.- La negativa de permitir el acceso de los abogados al recinto para verificar el estado de los jóvenes y brindarles la asesoría legal a la que constitucionalmente tienen derecho, toda vez que esté tipo de actuación violatoria del derecho a la defensa se ha convertido en un patrón regular de conducta de funcionarios del Sebin y el Cicpc de acuerdo a investigaciones realizadas por esta Comisión.
A los padres de los estudiantes se les permitió verlos al final de la tarde, después de haber sido trasladados al CICPC para ser reseñados. Hasta la noche del miércoles no se conocían con exactitud la precalificación de los cargos imputados a los estudiantes. Uno de ellos relató a su padre que les habían tomado fotos dentro del recinto, se desconoce con qué intención. Por todo lo relatado, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía le recuerda a los funcionarios y al Estado, como garante del cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución, que son violaciones del debido proceso según el artículo 49 ejusdem: 1.- Las detenciones arbitrarias. 2.- Incautar equipos sin orden judicial. 3.- La actuación de funcionarios sin identificación. 4.- La negativa de permitir la asesoría legal a los detenidos. 5.- La actuación de civiles en procedimientos policiales. 6.- Del mismo modo recordamos a los funcionarios que las «órdenes superiores» no los eximen de responsabilidad si se demuestra la violación de derechos humanos en sus actuaciones.
CODEHCIU «COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CIUDADANÍA» El debido proceso no es una sugerencia y su violación acarrea la nulidad de todas las actuaciones policiales
