Ante la publicación en la Gaceta Oficial Número 397.069 de la Resolución 058 mediante la cual se establece la normativa y procedimientos para el funcionamiento de los Consejos Educativos, Cecodap considera:
Exhortamos al Estado a promover espacios de intercambios sobre este tema y que se realicen acuerdos y los ajustes que sean necesarios para asegurar el desarrollo integral y disfrute pleno y efectivo de los derechos a los niños, niñas y adolescentes
- La dinámica escolar implica un conjunto de relaciones diversas y complejas entre padres, madres, docentes, estudiantes, directivos, personal administrativo, obrero y comunidad. Permanentemente deben tomarse decisiones que respondan a los intereses, realidades y necesidades sociopedagógicas de los niños, niñas y adolescentes. Para que estas decisiones sean efectivas y no contradictorias deben ser reguladas a los fines de evitar dudas, discrecionalidades y arbitrariedades al momento de implementar cualquier tipo de acción que afecten, directa o indirectamente a algunos de los miembros de la comunidad escolar.
- La LOPNNA establece que el Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, los Consejos Educativos y la Asamblea Escolar pueden representar un espacio de participación que valdría la pena aprovechar. Un centro educativo se fortalece en la medida que su comunidad asume su rol socio educativo y se involucra en la identificación y solución de los problemas que las afectan.
- Consagrar a los Consejos Educativos como instancias ejecutivas y de gestión puede conllevar a hacer más complejo y burocrático la dinámica escolar y que a los efectos prácticos sean instancias inoperativas que no ajusten a los ritmos propios de los centros educativos y a las realidades de los y las estudiantes, como por ejemplo en situaciones de violencia escolar, que exige acciones oportunas, urgentes y que no se pueden postergar.
- Es motivo de preocupación atribuir a los Consejos Educativos funciones propias del proceso pedagógico, como por ejemplo, la evaluación de programas, planes, programas y proyectos educativos. Estas atribuciones requieren ser definidas con mayor claridad y se debe tener presente que el proceso pedagógico exige de formación y de condiciones metodológicas y estratégicas que promuevan del desarrollo integral y la garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- La Resolución consagró un conjunto Comités, como órganos constitutivos del Consejo Educativo, los cuales asumen responsabilidades que deben ser garantizadas por el Estado, como por ejemplo, en temas relativos a la seguridad, alimentación, calidad y funcionamiento de bienes y servicios, entre otros aspectos. Hay que esclarecer cómo hacer para coordinar y no generar duplicidad de esfuerzos. La actuación de los distintos Comités viene dada a garantizar la efectividad de éstos servicios.
- No es suficiente que en el texto de la Resolución se enuncien un conjunto de términos que sustentan doctrinalmente una política educativa como por ejemplo “modelo sociopolítico”, “educación ciudadana”, “nuevos ciudadanos”, “doctrina bolivariana”, es necesario desarrollar los contenidos de éstos términos para evitar interpretaciones que generen temores, resistencias, dudas o problemas que generen tensiones, especulaciones, hostilidades, que más allá de resolver agudicen aun más los problemas de convivencia en los centros educativos.
- Es necesario que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica, órgano rector en la materia, aclare cómo concibe el trabajo y articulación de los distintos Comités a fin que esclarecer cómo se garantiza que cada quien asuma la responsabilidad de acuerdo a su rol y competencia, a fin de no vulnerar los derechos de los miembros de la comunidad escolar, especialmente los de los estudiantes.
- Exhortamos al Estado a promover espacios de intercambios sobre este tema y que se realicen acuerdos y los ajustes que sean necesarios para asegurar el desarrollo integral y disfrute pleno y efectivo de los derechos a los niños, niñas y adolescentes.
- Finalmente, esperamos que los padres, madres, estudiantes, docentes, directivos, personal obrero, administrativo y comunidad ejerzan su derecho a la participación, ajustados a los preceptos constitucionales para fortalecer a los centros educativos como espacios para la democracia, libertad, autonomía y el ejercicio ciudadanía.
