El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, sigue haciendo uso del sistema nacional de medios públicos para criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y activistas sociales del país.
En su programa «Con el mazo dando» transmitido este 11.03.2015 en el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), Cabello se refirió a los activistas Esperanza Hermida, Coordinadora de Exigibilidad de Provea; Marco Ponce, director de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); Carlos Lusverti, miembro de Amnistía Internacional Venezuela; Mikel Las Heras, director de ConflictoVE; Orlando Chirino, dirigente de la corriente sindical CCURA y Marcela Máspero, dirigente sindical de UNETE, por su participación en un foro realizado el pasado 04.03.2015 en la ciudad de Caracas y organizado por el OVCS, en el marco de la presentación del informe de conflictividad laboral en Venezuela, realizado por esta ONG.
Cabello descalificó a los activistas e insistió en señalar que su labor forma parte de «planes conspirativos». Mencionó que en la referida actividad (convocada y reallizada de manera pública), se encontraban presentes funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y Cánada. Además, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que las ONG se preparan para presentar información sobre la situación de los derechos humanos en el país en las próximas audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 17 de marzo, lo cuál -afirmamos- es una función pública y legítima de las ONG defensoras de derechos humanos.
La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, consagra la necesidad y obligación de los Estados de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de sus relatorías especiales para defensores de Derechos Humanos ha expresado constantemente su preocupación por la persistencia de situaciones de amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, y por la creciente criminalización de sus actividades en contextos de amenazas generales a las libertades democráticas y al ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.
Provea lamenta que los funcionarios del Estado venezolano insistan en criminalizar la labor de las ONG, y reitera que es responsabilidad del Gobierno y las instituciones las posibles agresiones que puedan producirse contra los defensores y activistas y sus familiares como consecuencia de esta reiterada conducta. (Prensa Provea, 12.03.2015)
