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El pasado miércoles 17 de marzo se produjo la toma de la policía de Lara por un grupo  de funcionarios policiales que en su mayoría   formaron parte de la directiva bajo el macabro reinado de Reyes Reyes-Rodriguez Figuera, muchos de ellos fueron investigados por Comisiones del Consejo Legislativo de Lara (CLL) y fiscalías del Estado venezolano en base a diversas denuncias recogidas en estos entes. El resultado de la investigación a la Policía de Lara quedó recogido en EL INFORME FINAL DEL CLL aprobado, en noviembre de 2007, por la mayoría de los diputados (posteriormente ratificadas, por la investigación del Gral. Sabas Yanez, comisionado por el M.P.P de Relaciones Interiores) En ambos informes se les imputan varios delitos  y faltas graves cometidas por estos funcionarios- para la fecha- bajo el mando del General (GN) Jesús Armando Rodríguez Figuera. Estos mismos funcionarios fueron quienes con descarado cinismo encabezaron la toma de la comandancia policial de Barquisimeto.

Cabe destacar que entre los delitos que se les imputan desde hace más de tres años,  se destacan:

«No administraron los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, contrario a la Ley Contra la Corrupción» y se presume la «existencia de un daño patrimonial“, desaparición de armas recuperadas en procedimientos policiales; extravío de armas de reglamentos; extravíos de chalecos antibalas; uso indebido de patrullas; entrega de vehículos con seriales adulterados , quema de material policial.etc; a estas acusaciones sustanciada en una investigación que había hecho el Ministerio del Interior bajo las ordenes de Pedro Carreño;  el informe del C.L.E.L les agrego ; PECULADO DE USO, MALVERSACIÓN DE FONDOS, ABUSO GENÉRICO DE FUNCIONES, PECULADO DOLOSO, LUCRO DE FUNCIONARIO,ENCUBRIMIENTO, DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN, CODELINCUENCIA, etc.

En este informe de la Comisión Delegada del CONCEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO LARA define  y describe  lo que ocurría en POLILARA bajo el mando de Reyes Reyes y Rodriguez Figuera  en los siguientes términos:

“CODELINCUENCIA, ENTRE UN GRUPO DE PERSONAS, FUNCIONARIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA, ALGUNOS EX FUNCIONARIOS, UN EFECTIVO DE LA GUARDIA NACIONAL Y PARTICULARES, QUE CONCURRIERON JUNTO CON EL G/B JESUS ARMANDO RODRIGUEZ FIGUERA, DIRECTA E INDIRECTAMENTE, A LA COMISIÓN DE LOS HECHOS PUNIBLES Y DE LOS ACTOS, HECHOS Y OMISIONES CONTRARIOS A NORMAS CONSTITUCIONALES  Y A DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, TODO ELLO CON OCASIÓN DEL DESEMPEÑO  DE SUS FUNCIONES COMO COMANDANTE  GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA. ENTRE LOS COOPERADORES DEL OFICIAL GENERAL PERTENECIENTES A LAS FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA  FIGURAN LOS SIGUIENTES NOMBRES:

  • COMISARIO JOSE DAVID ASCANIO GONZALEZ, EX-JEFE  de la división de investigaciones y apoyo criminalística.
  • COMISARIO CLETO RAFAEL HERNANDEZ HIDALGO, EXJEFE  de la división de educación, EX –JEFE  de la división de asuntos internos.
  • EX –INSPECTOR  jefe  RANFIS RAFAEL COLMENARES, EX –JEFE de la brigada bancaria y empresarial.
  • INSPECTOR JULIO ENRIQUE VIRGUEZ  RODRIGUEZ, EX –JEFE  de la brigada bancaria y empresarial.
  • SUB-INSPECTOR IBRAIM JOSE GOUVEIA SANCHEZ, EX –JEFE de la brigada rural.
  • COMISARIO WILLIAM ALEXIS MONCADA QUERALES, EX –JEFE  de la división de educación.
  • AGENTE FREDDY RAMON COLMENARES SIRA, administrados de FUCAPEL.
  • COMISARIO BLIDES JOSE RODRIGUEZ TONA, EX –JEFE de la división de recursos humanos y secretario de la junta directiva de FUCAPEL.
  • INSPECTOR JEFE NAUDY JOSE LOVERA, tesorero  DE FUCAPEL.
  • CABO PRIMERO RAMON SEGUNDO GARCIA JIMENEZ, EX –JEFE  de la unidad técnica  de asesoría agro-ambiental de la policía del estado lara.
  • INSPECTOR BLADIMIR LENIN NUNES VALENZUELA, adscrito a la brigada rural de las FAP.
  • INSPECTOR JACKSON ESNEIDER MEDINA URRIOLA, adscrito a la brigada rural de las FAP.
  • SARGENTO SEGUNDO JULIO RAMON PEREZ QUEVEDO.
  • INSPECTORA CRISTALDI NARCISA RODRIGUEZ, EX –JEFE del departamento de convenios de la división de educación.
  • INSPECTOR JEFE ROYMER ALFONSO SILVA, EX –JEFE  de la división de investigaciones y apoyo criminalística. DIAC.
  • AGENTE ARMANDO ANTONIO PINTO COLMENARES, EX –JEFE del departamento de vehículos de la división de investigaciones y apoyo criminalística. DIAC.”(Del: Informe final de la comisión especial, del CLEL para investigar las irregularidades del Gral. Rodríguez Figuera.2007).

El informe del CLEL en su resumen decimo quinto no dejo ninguna duda de la existencia de una verdadera organización delictiva incrustada en la policía del Estado. La conclusión fue tajante:

‘’SIN MAYORES DIFICULTADES RESULTO LA COMPROBACIÓN DE LA DENUNCIA SOBRE QUE UN ALTO MANDO POLICIAL  SE HIZO CÓMPLICE, NO SOLO POR OMISIÓN, DE UNA CANTIDAD DE HECHOS IRREGULARES QUE CARACTERIZARON LA GESTIONA DEL G/B (GN) JESÚS ARMANDO RODRÍGUEZ FIGUERA  COMO COMANDANTE DE LAS FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA. DEL LEGAJO PROBATORIO QUE CURSA EN EL EXPEDIENTE SE EVIDENCIA EL SURGIMIENTO DE NOMBRES DE FUNCIONARIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA, ALGUNOS EX –FUNCIONARIOS, UN EFECTIVO DE LA GUARDIA NACIONAL Y PARTICULARES, QUE CONCURRIERON JUNTO CON EL G/B (GN) JESÚS ARMANDO RODRÍGUEZ FIGUERA, DIRECTA E INDIRECTAMENTE, A LA COMISIÓN DE LOS HECHOS PUNIBLES Y DE LOS ACTOS, HECHOS Y OMISIONES CONTRARIOS A NORMAS CONSTITUCIONALES Y A DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS.

…LA CO-DELINCUENCIA SE ENCUENTRA TIPIFICADA COMO DELITO EN EL ARTICULO 83 DEL CÓDIGO PENAL, POR LO QUE CORRESPONDERÁ A LOS TRIBUNALES JUZGAR Y EJECUTAR LOS JUZGADOS.” (Idem).

“Y ES QUE LA INFRACCIÓN CRIMINAL NO SIEMPRE ES OBRA DE UNA SOLA PERSONA; PUEDE SER COMETIDA POR VARIOS INDIVIDUO QUE SE PONEN DE ACUERDO Y DIVIDEN ENTRE SI EL ESFUERZO PARA REALIZAR EL HECHO CRIMINAL. LA ACTIVIDAD DELINCUENTE-COMO DIJIMOS- USA LOS MISMOS MODOS QUE LA ACTIVIDAD HONESTA Y, A VECES, LA CO-DELINCUENCIA SEMEJA A UNA EMPRESA INDUSTRIAL”. (Idem).

«A todos los nombres debe ordenárseles una averiguación administrativa interna y todas las revisiones de los funcionamientos deben ser remitidas a la Contraloría General del Estado, para que el organismo determine las sanciones administrativas a que hubiere lugar», (Idem).

Y no solo contra estos mandos de la policía de Lara, el CLEL los acuso y  exigió una averiguación,  TAMBIÉN MENCIONO EN DICHO INFORME A MÁS DE 100 FUNCIONARIOS POLICIALES CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENALES.  En el 2008 en un  Memorándum: LAR-F 21- 0983- 08 dirigido por la fiscal 21 Analia Aguilar Hernández a la Fiscalía Superior del estado Lara, referido a los casos de presunto enfrentamientos donde están involucrados funcionarios de la policía estadal de Lara, en el periodo 2003 hasta abril del 2008 se incluían homicidios, torturas, extorsión, etc. aparecen en dicho informe, varios de estos funcionarios que participaron en la toma de la comandancia policial.  Según el gobernador Falcón tan pronto asumió el cargo, los implicados en tales delitos y faltas superaban a los 500 funcionarios de POLILARA. Todos estos informes fueron puestos en conocimiento de todas las autoridades regionales y nacionales,  desde el gobernador y contralor regional, hasta la presidencia de la república, pasando por el fiscal general, contralor, ministro de la defensa etc.

En  estos antecedentes  y en  la participación del general  Rodríguez Figuera, a quien se le señala en el informe de incurrir en el delito de CODELINCUENCIA junto a los principales mandos policiales estadales de la época, está la clave para comprender  la actuación de estos funcionarios y su participación en  lo que puede llamarse un intento de golpe de estado   regional.

Queda claro que lo sucedido en Lara, no fue una simple protesta policial por “problemas laborales de un grupo de funcionarios policiales descontentos” como declarara el general Bohorquez, sino un intento de golpe de estado  regional diseñado para destituir al gobernador Falcón. Es parte de la estrategia que viene aplicando el  capital internacional  en diversos países del mundo, llámese Estados Fallidos, Democracia Blindada o Estados Paralelos.

Ahora bien, por qué hablamos responsablemente de un intento de golpe de estado regional y no de una simple protesta policial. Veamos el desarrollo de los hechos y las valiosas declaraciones del General Luis Bohorquez Soto,  jefe del CORE 4 y del Plan Bicentenario de Seguridad en el Estado.

La toma de la policía y la incomunicación de la central policial la encabeza y dirige el COMISARIO JOSE DAVID ASCANIO GONZALEZ, EX-JEFE  de la división de investigaciones y apoyo criminalístico (DIAC). Ascanio, mano  derecha del general Figuera se definió ante las cámaras de televisión como  militante chavista, exigiendo la destitución del gobernador y puntualizando su lealtad al presidente Chávez,  a quien  le exige la intervención de la policía de Lara y la salida del gobernador Falcón. Junto al comisario Ascanio estaban varios de los policías investigados y que no fueron destituidos y puestos a las ordenes de los tribunales tal como lo había ofrecido el  gobernador a comienzos de año, cuando designó una comisión que sustanciaría los expedientes administrativos para su destitución, la que por cierto nunca se produjo porque el Consejo Nacional de Policía, del cual forman parte Reyes Reyes y Fredy Bernal, emitieron a última hora una Reglamento de Estatuto Policial mediante el cual, ningún gobernador o autoridad regional o municipal puede destituir a un funcionario incurso en delitos, sin tener la aprobación del Ministerio de Interior y Justicia.

En horas de la tarde del miércoles 17, el gobernador Falcón denunció por televisión, este alzamiento, mostrando los rostros de los cabecillas de la toma junto a los expedientes que siempre denunció el Comité de Víctimas de Lara. Falcón  reseñó el hecho como un “intento de intervención” pero agregó que fue parte de un plan  urdido por el propio Gral Rodríguez Figuera, el General Bohórquez y con conocimiento y apoyo de la alcaldesa de Iribarren, Amalia Sáenz, incondicional, por cierto, de Luis Reyes Reyes .

Falcón considera que existe una “cabeza” detrás de estas acciones policiales que pretende aprovecharse de la situación política que existe en la entidad para generar un estado de conmoción y dar elementos para que se intervenga al organismo policial…Incluso le informaron que los líderes de la manifestación José David Ascanio y Douglas Rojas habrían estado en la sede del CORE 4 para conversar con el comandante Luis Bohórquez, “haciendo la antesala… ” Qué casualidad que este grupo pedían la presencia del general Bohórquez en la policía del estado…”, declaró el gobernador a todos los medios.

Pero, más que lo dicho por Falcón, son reveladoras  las declaraciones del General  Bohórquez, quien prácticamente debela el plan cuando aporta con lujo de detalles, cómo estaba concebida la toma de la sede policial. Veamos las importantes declaraciones del general.

1.-  “. La situación que se generó en Barquisimeto, estado Lara, a partir de un paro convocado por funcionarios de la Policía de Lara que demandan reivindicaciones laborales, ya fue normalizada, de acuerdo con declaraciones del jefe del Comando Regional (Core) número 4 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y coordinador del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) en esa entidad, general Luis Bohórquez Soto. (Fte: ACN – Especial. 17/03/2010 subrayados nuestros).( http://www.acn.com.ve/index.php/opinion-acn/nacional/8312)

Es realmente grave la posición del General Bohórquez. Todo el estado Lara vio por televisión las declaraciones de los líderes de la toma, que incluso desde las 5 am se habían posesionado de  la estratégica oficina de comunicaciones de la policía dejando incomunicado al ente policial y exigiendo la destitución del gobernador. Sin embargo el General Bohórquez, justifica y enmascara esta acción militar  afirmando que “es una reivindicación laboral para exigir la destitución del patrón”. Si esto también vale para todos los trabajadores y obreros, ésta sería una valiosa lección y un extraordinario antecedente, pues se establece que a partir de este momento se puede exigir la salida del patrón cuando éste no satisface sus aspiraciones laborales; así mismo vale para el pueblo que por idénticos “motivos laborales y de condiciones de vida”  pueden exigir la salida del gobierno por el incumplimiento de las promesas ofrecidas desde hace diez años.

2.-  De que el General Bohórquez tenía conocimiento del plan y no lo informo al gobernador como le correspondía por ser responsable del Plan Bicentenario de Seguridad, dan cuenta dos valiosas informaciones que el mismo general aporta.

“Ya habíamos tomado la iniciativa de activar un contingente adicional de efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército para evitar que la ciudad quedara desguarnecida, en atención al paro que habían convocado algunos funcionarios de la Policía regional,..”(Ídem), informó Bohórquez Soto.”

Queda claro que el General Bohórquez tenía perfecto conocimiento de que se iba a tomar la policía, y la Guardia Nacional en abierta complicidad se iba a encargar de la vigilancia del resto de la ciudad mientras los veintiochos de cinco mil funcionarios policiales, la mayoría con rango de oficial, tomaban la sede  de la comandancia policial y la incomunicaban. Según el manual militar esto es algo muy próximo a complicidad con los conjurados o traición para con la máxima autoridad del estado a la cual se le debe obediencia según las leyes del país. Así actúa un general de la Guardia Nacional Bolivariana, quien además en febrero de este mismo año emplazó- y de hecho sustituyó- al gobernador cuando éste permitió las manifestaciones estudiantiles y se pronunció por una salida de diálogo ante las demandas estudiantiles.

3.-  Otra prueba de la complicidad de la Guardia Nacional en las acciones suscitadas en la policía la aporta el General Bohorquez cuando declara sin tapujos  que…” La información que maneja la coordinación del Dibise en Lara indica que fueron unos mil 500 funcionarios los que atendieron la convocatoria de paro este miércoles”. (Ídem). A confesión de parte relevo de pruebas. El plan no era un reclamo laboral, su intención aunque fracasada, era  levantar a 1500 policías en un acto de insubordinación. Todo esto sucedió ante los ojos de millones   de venezolanos, sin que hasta ahora, nadie se pronuncie sobre este ensayo de golpe de estado regional que se desarrollo en Lara.

En esta oportunidad el comisario David Ascanio intenta reeditar el mismo plan contra los fiscales que investigaban la Masacre de los Pocitos (Enero 2004), en esa ocasión este comisario (Jefe del DIAC en esa época) junto a Rodríguez Figuera apostó un comando de franco tiradores para impedir a los fiscales la inspección del parque de armas de la policía.

Un grupo de funcionarios autodenominado “Héroes en Silencio”, corroboró la denuncia,…. numerosos señalamiento hacen mención a los funcionarios del DIAC y del GOT (Grupo de Operaciones Tácticas ) ambas unidades estaban  bajo las ordenes directa del  Coronel para la fecha Jesús Armando Rodríguez Figuera; en virtud de la masacre fiscales del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo del Estado Lara se dirigieron días después a la sede del DIAC ubicado en la carrera 15 entre calles 35 y 36 al lado de la iglesia  San Juan, con la finalidad de realizar una inspección a los armamentos de ese grupo policial que estaba encabezado para la fecha por el comisario David Ascanio y el Inspector Jefe Roymer Silva; pero por instrucciones y ordenes del Coronel Rodríguez Figuera se apostaron funcionarios  del grupo GOT, el DIAC y Brigada Rural  algunos con pasa montaña quienes impidieron la inspección de los armamentos y la entrada de los fiscales y el defensor del pueblo lo que hace presumir el ocultamiento de elementos que pudieran haber esclarecido la masacre;..” (De: Héroes en Silencio, Resumen Muestral de Ajusticiamientos Extrajudiciales. Subrayados nuestros).

Han pasado seis años de la masacre de Los Pocitos, a la que se han sumado con otras masacres y ejecuciones por parte de funcionarios policiales ocurridas en Lara, TODAS permanecen en total impunidad.

Es por ello que los hechos ocurridos el pasado miércoles 17 no pueden ser vistos, ni analizados como un acto más dentro del carnaval electoral. La gravedad de lo ocurrido no es para olvidarlo y menos tomarlo como bandera de una campaña electoral, tal como lo vimos en la marcha oficialista encabezada por la alcaldesa de Iribarren y en el acto de Henry Falcón junto al PPT en el Domo Bolivariano. Alertamos que estos hechos son parte de un globo de ensayo, la carta debajo de la manga que viene desarrollando el gobierno dentro de su estrategia de implantación de un nuevo modelo político de dominación. Si la crisis eléctrica y la crisis económico- social que sacude al país se les escapa de las manos y se repite el shock de abril del 2002, cabe esperar junto a la instauración de los Consejos Federales de Gobierno, el gobierno hará cada día un uso creciente de la violencia y represión, más aún  si consideramos  que el propio Ministro del Interior y la Fiscal General  han reconocido que bajo las ordenes del gobierno existen no menos de 30.000 funcionarios policiales incursos en delitos, que con toda seguridad serán usados, junto a sicarios, milicias y patrullas como punta de lanza para reprimir el creciente incremento de la justa protesta popular.

Esta fuerza militar, de hecho paralela, con que cuenta el gobierno nacional, aquí en Lara a las órdenes de los Rodríguez Figuera y Reyes Reyes, viene siendo descargada contra todos aquellos que disientan, denuncien, critiquen o simplemente reclamen sus derechos y reivindicaciones. Por ello responsablemente alertamos que  en el estado Lara este aparato represivo permanece intacto y en actividad, más allá de los piadosos deseos del gobernador Falcón. Lo ocurrido el miércoles 17 es una prueba de ello.

¿La impunidad no es y sigue siendo un estimulo para que este grupo de funcionarios -al margen de la ley, pero irónicamente protegidos por quienes deben aplicarla- continúen con sus sanguinarias  acciones?

Los asesinatos por encargo de Mijaíl Martínez y Virgilio Hernández aun permanecen en la más completa impunidad, en particular la autoría intelectual de los mismos. Si los implicados en los sucesos del miércoles en la comandancia de policía no son enjuiciados, es de esperar nuevas atropellos y crímenes estimulados por esta creciente impunidad judicial pero además por el silencio de diversos sectores sociales, políticos y económicos del estado.

Desde ya y una vez más,  hacemos responsables a este grupo de funcionarios, al Gral. Rodríguez Figuera y  a Luis Reyes Reyes de cualquier atentado  contra algún miembro del Comité o los familiares de centenares de víctimas que han denunciado la  acción delictiva de este grupo de funcionarios y de sus socios intelectuales enrocados en el alto gobierno.

Que nadie se llame a engaño, no es cualquier cosa intentar tomar la policía de un estado para insubordinar a 1500 funcionarios, más aún cuando los cabecillas de la toma son funcionarios que han acumulado expedientes administrativos y penales y sobre los cuales  cursan medidas de expulsión del cuerpo policial. Abril del 2002, como hoy lo comprueba la historia.  Acabó en una farsa, en la que el capital petrolero internacional se erigió como propietario de una parte de nuestros yacimientos petroleros,  el capital financiero endeudó al país en miles de millones de dólares teniendo como garantía la factura petrolera, y esto lo pagarán los trabajadores a lo largo  de varias generaciones. No hay razones para pensar que Abril del 2010 no pueda terminar en una tragedia. El gobernador Falcón,  junto a su equipo de gobierno y su nuevo partido,  tiene en sus manos todos los elementos para  iniciar juicio político contra el gobierno  ¿Serán capaces? No lo creemos…. El tiempo y la historia como eternos jueces dirán la última palabra y emitirán su sentencia inapelable.

¡GUARDAR SILECIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!

LA IMPUNIDAD JUDICIAL ESTIMULA LA INSEGURIDAD

¡¡SÓLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VÍCTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!

CVCI-LARA. 24 DE MARZO 2010

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