Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, (OVP) las muertes de 63 personas en la masacre de Uribana ocurrida el pasado 25 de enero, no deben quedar impunes.
Prado hizo las argumentaciones luego de conocer que Nelson Bracca, director de Uribana para ese entonces, fue imputado por los delitos de atropello a detenidos, quebrantamiento de tratados internacionales, uso indebido de armas de fuego y lesiones a una trabajadora del Ministerio del Servicio Penitenciario en medio de la investigación por la matanza en el penal larense.
«Hubo más de 60 muertes que no pueden quedar en el aire, somos familiares de los fallecidos y el Ministerio Público nos ha negado el expediente de la investigación, para tener una visión amplia de lo que ocurrió y poder sugerir estrategias. No hemos podido intervenir”.
Prado sostuvo que Bracca tenía muchas denuncias por irregularidades y que la información no especifica si está siendo imputado por los hechos ocurrido durante la intervención del penal.
«Se habla de quebrantamiento de tratados internacional pero no se especifica cuál tratado porque hay muchos, igual no se determina por la violación de cuál derecho, si es por desaparición física, violación al debido derecho, alimentación. En el sistema penitenciario venezolano todos los días se violan los tratados internacionales, entonces deberían imputarlos a todos”.
El máximo representante del OVP alegó que la Ley de Régimen Penitenciario establece que la máxima autoridad de un penal tiene que responder por los hechos de violencia que ocurran dentro de este caso, pero que la investigación no se puede individualizar en un solo hombre.
«Allí había muchas personas y funcionarios del la guardia y el Ejército; todos los que estaban allí son sospechosos de las muertes. Nosotros como familiares queremos saber si el Ministerio Público solicitó las armas de los funcionarios presentes para determinar si alguno de ellos es responsables de las muertes”.
Se preguntó cómo pudo generarse un enfrentamiento si el Ministerio de Asuntos Penitenciarios había planificado una toma pacífica. «Eso debería responderse en esa investigación. ¿Por qué se desencadenó el tiroteo? Que determinen quién disparó. Lo que sucedió es muy grave, porque allí estaban funcionarios de la Guardia y el Ejército. Si ellos dispararon a la población estamos hablando de un delito serio, pero en un supuesto caso de que los presos se dispararon entre ellos sería peor aún, porque quiere decir que a los funcionarios se le salió de las manos la operación o actuaron indiferentes”.
Prado reveló que ante la negativa por parte de la Fiscalía para darle acceso a la investigación, dos abogados de los familiares de las víctimas vendrán a Barquisimeto a exigir que les muestren el expediente de la investigación.
«El próximo lunes dos representantes legales de los familiares de los fallecido exigirán los expedientes para revisar qué se está investigando y cómo”.
Autores materiales
Para Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad, lo que debe revelar la investigación es por qué y quiénes mataron a las 63 personas. «Lo más importante es que se aclare qué pasó en Uribana, quiénes metieron las armas, quiénes dispararon”.
Señaló que Nelson Bracca tiene una considerable cuota de responsabilidad, pero hay otros muchos responsables, entre ellos, decenas de guardias que no se sabe si están siendo investigados.
«Nadie habla de ellos; Bracca es responsable de lo que ocurrió, pero es solamente un pequeño eslabón de la cadena de culpables. Lo más preocupante es que pongan preso a este señor y cierren la investigación sin esclarecer las muertes ni establecer las causas”.
Nieto expresó que la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, como máxima autoridad del sistema, también es responsable por los muertos y debería responder. «Es imposible inventar otra historia. A ella le toca responder por sus muertos, así lo niegue o no quiera aceptarlo”.
Para Nieto la crisis penitenciaria se ha agudizado en los últimos dos años porque desde el Ministerio toman una cárcel y luego trasladan a los presos a otros penales.
«Lo que hacen es mudar de lugar la violencia y por eso la situación cada vez es peor, yo recuerdo que cuando cerraron el retén de Catia, ya tenían edificadas las cárceles de El Rodeo y Yare, y para allá mudaron a la población penal, pero ahorita los trasladan a cárceles que ya están colapsadas .
Puntualizó que en la actualidad los retenes en los que hay más violencia son la Cárcel de Sabaneta en Maracaibo, Penitenciaría General de Venezuela en Guárico y el internado Judicial de Los Teques, donde según sostuvo Varela estaría planificando una toma.
La masacre que colapsó a Lara
Centenares de militares entraron a la cárcel de Uribana el jueves 25 de enero. 10 tanquetas fueron estacionada en la zona trasera del retén. Funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia fueron los primeros en Ingresar.
También entraron grupos de cristianos evangélicos quienes trataron de tranquilizar a los reos para que no pusieran resistencia.
Rápidamente comenzaron a llegar a las afueras del retén los familiares de los presos. Todo marchaba bien, pero a las 10:00 de la mañana, cuando un alto porcentaje de la población penal estaba en el patio desarmada para el conteo, se escuchó un disparo.
Cayó con un tiro en la cabeza el pastor Segundo Camejo. El tiroteo se extendió y comenzó la matanza. Al final del día ninguna autoridad ofreció balance de muertos, pero el director del Hospital Central Antonio María Pineda informó que a la morgue de ese centro habían ingresado 55 cuerpos.
La medicatura forense había colapsado.
Muchos familiares debieron esperar hasta tres y cuatro días para que le entregaran los cuerpos. Las emergencias del Hospital Central, Pastor Oropeza y el Militar colapsaron.
El domingo la ministra Iris Varela se dirigió al país para decir que no hubo enfrentamiento sino una resistencia menor. «Allí parece que no hubiese pasado nada”, se limitó a decir, pero no reveló la cifras de muertos. (Javier Vargas, El Impulso, 12.09.13)
