logoOVCSEl OVCS exhorta a los poderes públicos del país a realizar una investigación expedita y oportuna ante los hechos. Además, exige garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad. 

(Caracas, 22.04.13)-. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) -organización dedicada a la investigación, promoción y exigibilidad de derechos humanos – rechaza los hechos de violencia ocurridos en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 14 de abril. Lamenta las pérdidas humanas y materiales registradas en todo el territorio nacional.

A una semana de las elecciones presidenciales se reporta un saldo de al menos 13 personas fallecidas, hombres y mujeres de distintas tendencias políticas

A una semana de las elecciones presidenciales se reporta un saldo de al menos 13 personas fallecidas, hombres y mujeres de distintas tendencias políticas. Asimismo,  270 detenidos y 115 protestas por motivaciones políticas en todo el país, incluyendo  4 grandes cacerolazos.

El asesinato y represión de manifestantes por parte de civiles armados y cuerpos de seguridad del Estado, actos vandálicos contra instituciones públicas o sedes de partidos políticos son resultado de la polarización social y política de Venezuela, también de los altos índices de violencia y debilidad institucional.

Ante estos sucesos, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social exhorta a las autoridades  gubernamentales a garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad. El OVCS exige el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Por esta razón, en el marco del Estado de Derecho, el OVCS exige a los poderes públicos a ejecutar las siguientes medidas:

1.    Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por la muerte de 13 manifestantes. De igual manera, sugiere adelantar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades de los funcionarios que hayan incurrido en el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.

2.    Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por los actos vandálicos ocasionados a sedes de instituciones públicas y partidos políticos.

3.    Garantizar que los organismos de seguridad acaten el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas.

4.    Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo. 

5.    Respetar y garantizar las disposiciones de las Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial 39657, del 15.04.11. Este instrumento jurídico establece que “la actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en las reuniones públicas y manifestaciones, se orientan entre otros, por los siguientes principios: respeto y garantía del derecho a la vida; promoción de medios alternativos de resolución de conflictos; uso progresivo y diferenciado de la fuerza; carácter civil de las acciones realizadas por los funcionarios policiales. Asimismo, “Investigar a funcionarios y funcionarias que incurran en la violación de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones (Art. 7 nº 11), incluyendo al Director del organismo (Art. 8 nº 7 y 8)”.

6.    Promover el dialogo y reconciliación nacional en los diferentes ámbitos del país.

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