(POR ABN) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, realizó un llamado al Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989 (Cofavic), para que consignen las pruebas que le fueron entregadas en la década de los noventa por familiares de los muertos y desaparecidos, y que aun no son entregadas para contribuir en las investigaciones.

La fiscal exhortó, no sólo a esta organización no gubernamental sino a todos los interesados, a acercarse a la sede del Ministerio Público (MP) pues “las puertas están abiertas para que contribuyan a esclarecer esta causa y que se haga justicia por los sucesos de febrero de 1989”.

Informó que el equipo que dirige ha realizado 336 investigaciones, 3 actas de imputación, ha reactivado 2 juicios contra funcionarios policiales presuntamente vinculados a los hechos y que además ha practicado pruebas científicas que permitan la identificación de las víctimas.

En torno a este caso reiteró que estas pruebas científicas requieren que los familiares e interesados suministren datos específicos de los fallecidos que permitan llegar al proceso final de identificación de los restos.

En días anteriores Francisco Javier Fernández, miembro del equipo técnico que estudia una fosa común encontrada en septiembre de 2009, explicó que entre los datos que se pueden suministrar se encuentran: “radiografías, fichas odontológicas, datos de alguna enfermedad que haya padecido el fallecido, ausencia de algún miembro, además de toda la información médica que tengan disponible”.

Para finalizar, nuevamente cuestionó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado la semana pasada por “carecer de peso científico e intentar desestabilizar al proceso revolucionario”.

En dicho informe se puso de manifiesto que en Venezuela se viola de manera reiterada los derechos humanos de los ciudadanos, esto a pesar de no poseer evidencias de peso ya que esta comisión no visita el país desde la juramentación del presidente de facto y fugitivo de la justicia venezolana Pedro Carmona Estanga.

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