El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, expresas su preocupación por las graves amenazas que ha realizado en los últimos días la Fiscalía General de la República en contra del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y otros actos de criminalización por parte de altos funcionarios públicos.
El 25 de febrero de 2010, la Fiscal General de la República señaló mediante nota de prensa que el “Ministerio Público está abocado a obtener información pre mortem sobre víctimas de El Caracazo” [1], afirmando que la misma fue aportada por muchos familiares a COFAVIC, pero que sin embargo hasta la fecha no se tiene esa documentación pese a que en varias ocasiones se la ha solicitado, pero que COFAVIC remitió información distinta a la requerida.
Asimismo, el 26 de febrero de 2010, en una declaración ante la Agencia Bolivariana de Noticias[2], la Fiscal General declaró: “Tenemos conocimiento de que en 1991, cuando se hizo la primera exhumación, en la cual participó el Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo (COFAVIC)), se trabajó con información pre-mortem y, por declaración de testigos, se asegura que a esa ONG se le entregó todo ese material necesario para identificar a personas presuntamente enterradas en la fosa común La Peste’, explicó.
De igual modo, refirió: ‘Nosotros hemos solicitado a COFAVIC que nos remita esa información, y no lo ha hecho”, “La obligación de los venezolanos es colaborar con la justicia”, apuntó, la Fiscal General. Por ello, instó: “Yo quisiera que COFAVIC voluntariamente consignara esa información al Ministerio Público y, de esa forma, ayudara a la investigación, contribuyera, sobre todo ellos, que son una ONG de derechos humanos, deberían ayudar a que este caso se esclarezca…El Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo, representado por Aura Liscano, se ha opuesto públicamente a las acciones del Estado venezolano para cumplir la sentencia de la CIDH sin dar mayores argumentos”. [3]
“Bajo tales consideraciones, la Fiscal señaló que se encuentran abocados a eso y “vamos a lograr obtener esa información, porque si las personas voluntariamente no quieren colaborar con el Ministerio Público nosotros tendremos que hacerlo por la vía de la legislación, y de acuerdo a las pautas establecidas en la Ley».[4]
En fecha 1 de marzo de 2010 la Fiscalía General de la República, en declaraciones ante los medios de comunicación, señaló: “Respecto a COFAVIC, vuelvo a insistir, a la Directiva de COFAVIC, no las victimas ni a los familiares de los fallecidos durante el Caracazo, a los cuales el Ministerio Público les debe protección, le debe seguridad, garantía, respuesta a todos ellos por supuesto nuevamente los convoco a que las puertas del Ministerio Público están abiertas para que ellos hagan los planteamientos que consideren necesarios hacer y los aportes que puedan contribuir a esclarecer la causa que nosotros adelantamos”. …“El reclamo es para la directiva de COFAVIC que aún no ha consignado ante el Ministerio Público los recaudos solicitados y que fueron entregados a ellos por las victimas durante los años 90, insisto en que no han sido entregados, ellos respondieron la petición que le hizo el Ministerio Público pero mandaron unos recaudos que no se les estaba solicitando”. [6]
Por su lado el Dr. Alejandro Castillo, Director de Actuación Procesal del Ministerio Público en fecha 1 de marzo de 2010, señaló en conferencia de prensa ante los medios de comunicación nacional: “Yo te diría que quienes no nos han apoyado a nosotros son los señores de COFAVIC. Resaltó Castillo que en el proceso de investigaciones que ha efectuado el Ministerio Público sobre los hechos del Caracazo no se ha recibido ningún apoyo de los señores del Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) de los sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989… Indicó que a pesar de la negativa de COFAVIC, grupo que se ha politizado y burocratizado en manos de su Presidenta Liliana Ortega, el Ministerio Público seguirá actuando y efectuando las investigaciones pertinentes para hacer justicia sobre los hechos del Caracazo”. [7]
El Foro por la Vida ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo, así como la impunidad respecto a las denuncias de las agresiones físicas contra activistas en el país.
En el caso particular de las recientes amenazas a COFAVIC, nos preocupan las declaraciones de la Fiscalía General de la República, que criminalizan el trabajo realizado por las víctimas durante 21 años en búsqueda de la verdad. Dichas opiniones crean en la opinión pública la idea de que Cofavic obstruye o no colabora con las investigaciones y pudiesen generar en algunos sectores de la población manifestaciones de hostilidad hacia la labor que cumple esta importante organización defensora de los derechos humanos en Venezuela. La Fiscalía General debe impulsar su labor en la sanción de los responsables y esclarecimiento de los hechos en continua colaboración con las víctimas, sin declaraciones que criminalizan una labor histórica y que en nada ayudan en la búsqueda de justicia, que es el objetivo común.
En consecuencia, exhortamos a la Fiscalía General a realizar una labor transparente, imparcial, en colaboración con las víctimas y apegada a los estándares establecidos en la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1999.
Vocería Foro por la Vida, 02.03.10
