Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de Derechos humanos, junto a organizaciones de desarrollo y sociales denuncian limitaciones y exigen que cese el atropello de los activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela. Las restricciones al trabajo de los defensores incluyen las descalificaciones públicas, lesiones personales y asesinatos.
Al conmemorarse el 61 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizaciones, activistas y defensores realizaron una concentración al momento de entregar la comunicación a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Presidente de la República en la manifiestan su preocupación por el grave deterioro de las condiciones de trabajo para los defensores de derechos humanos en Venezuela.
La situación es especialmente grave en ciudades de las distintas regiones del país, donde las personas y las organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos a menudo sufren amenazas y acoso y padecen inseguridad a causa de las denuncias que realizan ante medios de comunicación y autoridades públicas nacionales, regionales y locales.
El Foro Por la Vida señala que el transcurso del 2009 hubo un aumento de las situaciones de riesgo que deben enfrentar los y las defensoras de derechos humanos, Un caso ilustrativo es el cruel asesinato el 29 de noviembre de 2009 del joven Mijail Martínez, colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), organización ciudadana que trabaja en defensa de los derechos humanos en el estado Lara.
La coalición venezolana recuerda al Estado venezolano las obligaciones establecidas en la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General 53/144 del 08.03.99 que establece que el Estado tiene el deber de promover y garantizar el trabajo libre de los defensores de los derechos humanos, y ser garante de ese derecho frente a los particulares, por lo que tampoco puede apoyar ni promover actividades en contra de los defensores de derechos humanos, por parte de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones no gubernamentales.
El documento exige, entre otras peticiones, a estas autoridades que se adopten medidas eficaces para la protección de los defensores de derechos humanos; y se enfrente la impunidad en los casos de delitos contra defensores de derechos humanos asegurando que las denuncias de los defensores sean investigadas y que sean tramitadas con prontitud y de manera transparente, independiente y responsable.
