Con más de una década de trabajo al frente de la ONG Acción Solidaria, apoyando a las personas con VIH, Feliciano Reyna es uno de los activistas más destacados en la promoción de los derechos humanos en Venezuela. Desde hace seis años preside la red de ONG Sinergia, que agrupa a más de 50 organizaciones de diversos sectores del desarrollo social y la promoción y defensa de los derechos humanos. A continuación sus valoraciones sobre el estado de las libertades democráticas en su país.
En términos de derechos de asociación, derecho de libertad de expresión ¿Cómo se vive la realidad hoy en Venezuela?
La posición del gobierno es tomar todo espacio autónomo de organización de la sociedad, de los ciudadanos para la participación en la vida pública y sumirlos dentro de un poder más del estado. Los distintos poderes están ya cooptados por el ejecutivo nacional, y estamos viendo como se pretende crear una serie de estructuras, por ejemplo en el campo sindical consejos de trabajadores, en el campo estudiantil, consejos de estudiantes, se habla de consejos de pescadores, consejos de campesinos; es decir, es claramente la idea de que todas estas organizaciones de siempre, autónomas, de la sociedad con sus defectos, pero que no pueden existir, porque no se concibe que hayan esos espacios de libertad, de autonomía, de disenso, de critica, de participación en la construcción del modelo de sociedad que cada quien
Eso que estás describiendo se parece más a una sociedad corporativa y menos a un socialismo democrático
Es lo que estamos viendo. Al final también hay que recordar que el Presidente viene de una estructura vertical, hizo su carrera dentro del ámbito militar y cuando uno escucha en algunos grupos de organización comunitaria referirse al Presidente como “comandante-presidente”, implica mucha frustración, sobre todo con la idea más bien de de ir cada vez más a una sociedad donde predomine lo civil, no, y que lo militar tiene su espacio muy delimitado. Y lo que hemos ido viendo, más y más es la idea de una estructura vertical de mando desde la cual bajan una serie de instrucciones y eso tiene que permear a toda la sociedad.
¿Cómo afecta la vida cotidiana de los venezolanos que probablemente no están enmarcados dentro de esos esquemas de organización y que tienen sus propias tradiciones culturales, democráticas?
Hay una afectación clara de una serie de derechos humanos en la aprobación de estas leyes, está el debilitamiento de las garantías de ejercicio de esos derechos humanos, uno de ellos es el de la libre expresión. Y dirán muchas personas aquí que en Venezuela se puede decir cualquier cosa, pero eso tiene consecuencias, y mientras más toque temas sensibles que afectan al poder, más serias las consecuencias de lo que se dice.
¿Cómo se explica la crisis de la seguridad ciudadana? Siendo este gobierno un gobierno que tiene muchísimos recursos, para favorecer oportunidades a la juventud, para hacer políticas preventivas con la policía, ¿Por qué Caracas es una de las ciudades más violentas de América Latina?
Cuando uno ve las estadísticas no solamente de quienes están involucrados en el tema de la delincuencia, sino quienes son sus victimas, siempre se está hablando de muchachos de 18 a 25 años de los sectores populares del país. Cuando uno entra en las cárceles, igual, la gran población de nuestros penales siempre son muchachos dentro de esos rangos de edad. Algo que no está dando respuesta. El profesor Roberto Briceño León que viene estudiando el tema aquí de hace mucho tiempo, decía como en el mismo período en el que nosotros hemos pasado de unos 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, a alrededor de 70 – 75, en ese mismo período México y Brasil se mantuvieron en el 20% o menos, 18% pudieron incluso bajar un poco.
Es decir, que la explicación no podría ser unos ciertos niveles de pobreza y condiciones sociales iguales, sino también un problema de institucionalidad gravísima, y ahí nosotros hemos reflejado en algunos informes como hay un factor que consideramos que puede tener influencia, que es un discurso público de muchísima violencia. Sí, la reivindicación del derecho a una mejor vida pero a través de un lenguaje de mucha violencia, de mucho resentimiento, de despertar, en grupos de personas la idea de que es otro el culpable, y ese otro tiene que recibir alguna sanción por habernos quitado lo que era nuestro.
Pero no hay una especie de contrasentido, aquí tenemos la imagen de un hombre fuerte que tiene todos los recursos del estado a su disposición, y por otra parte estas hablando de la ausencia de responsabilidades del estado en áreas fundamentales para la vida del país.
Sí. Y al final lo que vemos es justamente eso, la ausencia del estado en espacios que son fundamentales, por ejemplo de la vida en la frontera, gravísima, se reporta grupos completos que viven en la frontera que están sometidos a las leyes propias, locales, de los grupos irregulares, sea de paramilitares, sea de grupos de guerrilla. Estamos hablando de la situación penitenciaria también donde el ministerio de justicia ha entregado el control de las cárceles a los grupos organizados de los mismos reclusos.
Y en las calles desafortunadamente también en un momento dado, en Caracas, fue muy claro como se degradó la policía metropolitana porque se introdujo el aspecto ideológico partidista, se llevó al seno de la policía metropolitana a un grupo importante de estos que tenían tiempo siendo como parapoliciales en la ciudad, pero aquí se les puso en una estructura de gobierno metropolitano y fue clarísimo el camino, digamos, ya de un deterioro mayor todavía de la policía metropolitana. El ministro interior de justicia reconoció en algún momento dado que quizás el 22% de los crímenes tienen la participación de policías.
Cómo sobreviven las organizaciones que promueven derechos humanos, y participación ciudadana. ¿Están siendo intimidadas por el estado o pueden desarrollar sus labores en libertad?
Hay algunas que dependiendo de su naturaleza, si se trata básicamente de proyectos mas asistencialistas que prestan beneficios a poblaciones particulares pueden seguir haciendo su trabajo, incluso pueden tener la posibilidad de alguna influencia en política pública local, o algunas instituciones del estado.
En el caso de las que llevamos más una voz pública, digamos, de temas mas generales, se hace bastante más difícil, y de hecho más bien ahí hay un sometimiento a situaciones de hostigamiento, de agresión y prácticas y medidas legislativas para restringir el trabajo.
¿Hay organizaciones que han sido acusadas o amenazadas de ser acusadas de “traición a la patria”?
Hay dos situaciones en este momento muy serias. El año pasado en el mes de julio, hay una organización que se llama Súmate que trabaja el tema de participación en procesos electorales como de veeduría y Súmate había introducido un recurso contra lo que fue la propuesta de referéndum para la reelección continua presidencial y después de otros cargos de elección pública. Un año y medio más tarde el tribunal supremo sentencia, dice que no hay lugar por el tiempo, pero incorpora un elemento muy grave, y es que porque Súmate en algún momento dado recibió unos recursos internacionales y con ellos promovió la participación en la discusión pública de temas de interés nacional, eso podía haber sido considerado como traición a la patria, y además dijeron, que si hubiera un juicio no podrían ser juzgados en libertad.
Con ese argumento se introdujo una solicitud de investigación en fiscalía contra dos organizaciones que trabajan el tema de libertad de expresión, el Instituto Prensa y Sociedad y Espacio Público.
Lo que dice el gobierno es que organizaciones no gubernamentales no pueden recibir recursos externos para promover actividades que promuevan participación ciudadana.
Esa es la idea. A partir de esa solicitud de investigación, después entramos 34 organizaciones adicionales, un grupo progubernamental, periodistas por la verdad, después entraron tres candidatos, en aquel momento, a la asamblea nacional y una del congreso nacional, ya estamos 34 organizaciones con esa solicitud.
Pero además de eso, en lo que llamamos el paquetazo legislativo de diciembre del año 2010, una de las leyes fue la de defensa de la soberanía nacional y autodeterminación, y en ella claramente se expresa que organizaciones con fines políticos son aquellas que defienden derechos políticos o la participación de las personas en el debate público, y que si esa es su razón de ser no pueden recibir recursos internacionales, y tendrían justamente la posibilidad de ser acusadas por traición a la patria. Entonces sí hay una serie de mecanismos para que aquellos que tienen más voz en temas de interés nacional puedan ser callados.
