Ipys Venezuela: Abuso del poder del Estado obstruyó el trabajo a la prensa durante el contexto electoral

Durante del mes de abril de 2013, lapso que coincide con la coyuntura electoral en Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), organización no gubernamental encargada de la promoción y defensa de la libertad de prensa en el país, ha evidenciado un uso desproporcionado del poder estatal contra el trabajo de la prensa plural e independiente. En este marco de conflictividad y polarización social, también, ha habido hostilidad de actores de diversos sectores político-partidistas, hacia periodistas y medios de comunicación.

Desde el inicio de la campaña electoral hasta la semana posterior al proceso comicial, se contabilizaron 48 casos de ataques contra la libertad de expresión e información, para un total de 84 violaciones. Predominaron las obstrucciones hacia el trabajo periodísticas por el uso abusivo del poder estatal, principalmente por los cuerpos de seguridad del estado, funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), y autoridades ejecutivas. También, se evidenciaron limitaciones para la cobertura de asuntos públicos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, ataques a las sedes de los medios de comunicación, ataques cibernéticos,  acciones de intimidación y persecución, procedimientos administrativos y judiciales, y medidas de censura.  Estos incidentes son contrarios a las garantías, en materia de libertad de expresión e información establecidas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

En este lapso, IPYS Venezuela reportó 77 víctimas, en su mayoría equipos reporteriles de medios privados, estatales, y comunitarios. También, se vieron afectados 15 medios privados, 3 medios públicos y comunitarios, 2 organizaciones no gubernamentales, y 3 instituciones del Estado.

La ciudad con mayor registro fue Caracas, capital del país, donde se reportaron 11 casos; seguida por el estado Lara (6);

Barinas (4); Zulia (4); Táchira (4); Aragua (3); Mérida (2); Bolívar (2); Monagas (2); Carabobo (2); Cojedes (2); Falcón (1); Portuguesa (1); Miranda (1);  Anzoátegui (1). Más tres ataques registrados en Internet. La mayoría de incidentes registrados coincidieron con las actividades y conflictos reportados en las calles en varias ciudades del país durante la coyuntura electoral.

IPYS Venezuela expresa su preocupación por la agudización de los ataques contra la prensa en el país, debido a que quienes desarrollan el ejercicio periodístico en Venezuela se encuentran en una situación alta vulnerabilidad. Los 48 casos reportados durante el contexto electoral, representan el 43% del total de los incidentes que se han registrado durante 2013, debido a que de enero a abril se han sumando 115 casos, según el monitoreo permanente en el área de libertad de prensa     de IPYS Venezuela. A su vez, hemos visto un aumento excesivo de la hostilidad contra la prensa al comparar esta última cifra con los 200 casos reportados en 2012.

Presiones gubernamentales

Esta situación ha sido alimentada por un discurso, sostenido, de confrontación y agresividad de parte de las autoridades venezolanas, lo cual no contribuye a la conciliación nacional y a la sostenibilidad pacífica de las acciones tanto de las instituciones públicas como de la sociedad civil.

Así lo demuestran las declaraciones públicas reiterativas de autoridades del gobierno nacional, quienes han afianzado mensajes de odio y de criminalización hacia la labor de la prensa libre, plural e independiente. También, ha habido una utilización desproporcionada de los recursos de los medios estatales para mantener este clima de conflictividad contra la presa.

Nicolás Maduro, proclamado Presidente de la República por el Consejo Nacional Electoral (CNE)[2], el 18 de abril de 2013, pidió a los medios definir su afinidades político-partidistas, y les dijo: “O están con la patria o están con el golpe. No voy a ser un presidente débil. O están con la Constitución o están con el golpismo”. Como advertencia para las demás televisoras privadas, criticó las pautas informativas del canal privado de señal abierta Televen: “ustedes se encadenaron cuando hicieron el llamado al ataque, que resultó con ocho muertos y ahora los ocho muertos patriotas no existen para los noticieros de la televisión, radio y prensa, no existen”.

Esta situación se generó luego que la planta televisiva transmitiera la alocución del 15 de abril de 2013, de Henrique Capriles Randoski, quien fue el candidato presidencial por la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien hacía un llamado a sus simpatizantes a exigir una revisión de los resultados electorales, ante el estrecho margen de diferencia en la contienda electoral entre Maduro y Capriles Radonski[3].

Entretanto, el 19 de abril de 2013, el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, emitió mensajes descalificativos e “instigando al odio” contra el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)[4], organización nacional que defiende y promueve las garantías ciudadanas, luego de que publicara a través de su página web www.derechos.org.ve, una investigación en la que constataba que eran falsas las denuncias presentadas por autoridades oficiales, sobre el incendio de Centro de Diagnóstico Integral (centros asistenciales de salud públicos, ubicados en zonas populares y atendidos por médicos cubanos), que habrían sido el resultado de acciones de partidarios políticos, en el contexto de las manifestaciones políticas registradas en el país, en el contexto postelectoral. En su cuenta de Twitter (@VillegasPoljakE), el Ministro Villegas   afirmó: “Lástima que Provea actúe como retaguardia del fascismo, certificando que no hay pruebas de los desmanes de bandas que atacaron al pueblo”[5]. Agregó: “Provea antepone su antichavismo a la obligación de defender los DDHH de las víctimas de la intolerancia”[6].

El ministro añadió: “Medios y ONG se unen para hacerse cómplices del acoso a médicos y pacientes asediados por caceroleros, pistoleros y arrolladores al volante”[7].

La ONG aseguró que en  el reporte cuestionado “confirmó las denuncias sobre agresiones y hostigamientos contra centros asistenciales, sin embargo no del nivel de vandalismo que habían asegurado diferentes voceros del Ejecutivo Nacional y que fue amplificado por el Sistema Nacional de Medios Públicos”[8]. Las amenazas, las acciones de intimidación y las presiones contra la organización fueron también difundidas a través de medios estatales y redes sociales. Asimismo, el 23 de abril, en cadena nacional de radio y televisión, de obligatoria transmisión, se difundió una alocución en la que la Defensora del Pueblo, órgano del poder ciudadano, reiteraba las denuncias contra la investigación de Provea. En la misma difusión nacional se transmitió un micro sobre los hechos de violencia registrados entre el 15 y el 18 de abril en diferentes ciudades de Venezuela, en protestas tras los resultados electorales.

Estos mensajes oficiales contra Provea coloca en riesgo la integridad de los integrantes de esta organización, por ejercer su derecho a la información y a la contraloría social.

Por otra parte, se ha producido la utilización los medios estatales y las redes sociales como tribuna para emitir mensajes con contenidos violentos e intimidatorios. El  15 de abril, Pedro Carvajalino, conductor de Venezolana de Televisión (VTV), la principal televisora, colocó en su cuenta de Twitter (@PedroCarvajalino): “TODOS NUESTROS MOTORIZADOS,AL ATQUE,A TOMAR ALTAMIRA YAAAAAAAAAA.ES HORA DE LA CONTRAOFENSIVA” (SIC)[9]. Este mensaje estaba dirigido a simpatizantes del oficialismo, y tenía la intención de crear confrontación en una de las zonas de Caracas (Altamira) donde estaban concentrados ciudadanos como medida de protesta para hacer exigencias al CNE una auditoría de los votos.

En  la misma línea se refirió Andrés Izarra, miembro del comando de campaña de Nicolás Maduro y ex ministro de Comunicación e Información, en su cuenta  @Izarradeverdad: “A nada le temen mas estas hordas fascistas dirigidas por #CaprilesFascista que a los motorizados del pueblo. Habrá que organizar algo mañana”[10].

Por su parte, Elías Jaua, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, cuestionando la libertad informativa de los medios de comunicación, desafió a varios diarios privados a cubrir pautas informativas sobre eventos relevantes para el gobierno. Se refirió a la muerte de varias personas que, según la información oficial, fueron víctimas de hechos de violencia producto de los conflictos políticos que se han presentado en el país. El 18 de abril, en su cuenta oficial de  Twitter (JauaMiranda), escribió: “reto a El Nacional, UN, Universal, 2001,La Voz,VV,TLV a darle cobertura de primera al sepelio de estos compatriotas el día de hoy.No Callen” (SIC)[11].

En esta coyuntura, también, han sido excesivas las transmisiones obligatorias de las cadenas oficiales de radio y televisión que atentan contra la pluralidad, la diversidad y la libertad de los medios para informar, así como el derecho de los ciudadanos a elegir los contenidos que desean consumir, a través del servicio de radiotelevisión pública. Muestra de ello, es la contabilización que realizó la organización civil Monitoreo Ciudadano, al determinar que Venezolana de Televisión (VTV) dedicó, del 2 al 12 de abril de 2013 (período formal de la campaña electoral), 70 horas de su programación a la difusión de alocuciones e informaciones de Nicolás Maduro[12]. Asimismo, entre el 15 y el 18 de abril, han sido reiteradas las alocuciones oficiales de obligatoria transmisión.

IPYS Venezuela observa con preocupación que durante el proceso electoral del 14 de abril de 2013, en distintas entidades persistieron las restricciones para la cobertura periodística en los centros electorales, principalmente, por parte de funcionarios  del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Plan República, unidad militar del estado encargada de la seguridad durante el proceso electoral[13]. Esta situación, además de limitar la labor de la prensa, obstaculiza la transparencia del proceso electoral y dificulta la posibilidad de que los ciudadanos reciban la información oportuna sobre el proceso electoral. Estos incidentes, además, se enmarcan en una coyuntura de opacidad y de dificultades para consultar, conocer, y difundir información de fuentes oficiales que se presentó durante el desarrollo de la campaña electoral. 

Detenciones arbitrarias

En esta coyuntura preocupan las acciones que denotan un uso abusivo del poder estatal contra los periodistas. Así lo evidencian las detenciones arbitrarias contra reporteros que realizan su labor en las calles, que se han registrado en el contexto postelectoral, el cual ha estado marco por altos niveles de conflictividad social.

Uno de los casos reportados por IPYS Venezuela, fue la detención arbitraria de Juan José Farías, reportero; Eduardo Méndez, reportero gráfico; y Yolman Bejarano, chofer; equipo reporteril de La Verdad, periódico privado regional con sede en Maracaibo, estado Zulia[14]. El hecho se registró el 15 de abril de 2013, y estuvieron privados de libertad durante 12 horas, en la sede de la Policía del Municipio San Francisco (Polisur) en Maracaibo, estado Zulia. Pasaron la noche en un calabozo, y le fueron retenidos la libreta de apuntes del reportero, la cámara fotográfica, lo celulares y el vehículo en el que se trasladaban. Los funcionarios alegaron que el equipo de prensa debía ser detenido por “desestabilizadores”, figura que no está tipificada como delito en los instrumentos jurídicos de Venezuela.

La situación se generó cuando el equipo de prensa realizaba la cobertura de protestas pacíficas de vecinos del municipio San Francisco, de la entidad, quienes también denunciaban que habían sido agredidos por funcionarios militares, luego de sumarse a la convocatoria nacional de un cacerolazo (protesta pacífica que consiste en generar ruido con ollas de cocina) en rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro como Presidente de la República, por parte del CNE, y ante la negativa del ente electoral de atender la solicitud de los ciudadanos para auditar las cajas de los comprobantes de votación, ante el estrecho margen de diferencia entre las dos principales opciones políticas de la contienda.

Faría, Méndez, y Bejarano estuvieron detenidos en una celda de la sede policial, durante la madrugada, hasta que el 16 de abril fueron trasladados al tribunal penal, donde se les realizó una audiencia preliminar y fueron dejados en libertad plena.

Otro de los casos registrados fue la detención arbitraria de Ana María Paz, reportera de la emisora comunitaria Azul FM, del estado Zulia. Efectivos militares la detuvieron de manera arbitraria por más de una hora después de denunciar irregularidades durante el proceso de votación en un centro electoral de la localidad de Concepción, del municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia[15].

Agresiones físicas

Desde el 14 de abril de 2013[16], en acciones de calles y en la cobertura de protestas ciudadanas en rechazo al veredicto electoral resultaron heridos 8 periodistas y fotógrafos de medios privados, estatales y comunitarios quienes, además,  recibieron insultos y descalificaciones por parte de cuerpos de seguridad del Estado y simpatizantes político partidistas.

El día de las elecciones presidenciales, Emir Fernández, camarógrafo de la red de canales de televisión comunitarios Barrio TV y trabajador de la radio comunitaria Alí Primera, del El Valle, en Caracas, fue herido en el pecho y en un brazo al recibir dos impactos de bala,  mientras se encontraba entrevistando a miembros de un consejo comunal (organización comunitaria con poder ejecutor y contralor cuyas decisiones son vinculantes), en la calle 16 del sector, mientras se realizaba el proceso electoral[17].

También, el día de las elecciones, el reportero gráfico del diario El Tiempo, José Barrios Díaz, fue agredido por un funcionario militar, durante la cobertura de una presunta irregularidad en un centro de votación de la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. El reportero gráfico, junto con el periodista Lizardo Aguilar, acudió al Colegio Andrés Eloy Blanco del sector Chuparín, cerca de las 9 de la noche. El equipo estaba atendiendo un llamado de vecinos y testigos de la oposición que denunciaban que un presunto militante del oficial Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) había entrado furtivamente al centro y se había llevado un juego de actas con resultados electorales de la máquina de votación[18].

En la coyuntura poselectoral, en Barquisimeto, estado Lara, resultaron heridos 6 trabajadores de la prensa cuando cubrían una manifestación en la sede regional del CNE. El hecho ocurrió el 15 de abril, en la cobertura de manifestaciones de calles. Reporteros gráficos medios privados relataron a IPYS Venezuela que fueron impactados con piedras, presuntamente lanzadas por efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se confrontaron con los ciudadanos que desarrollaban una protesta en rechazo a los resultados electorales. Los afectados fueron Ricardo Marapacuto, Juan Carlos Leal y Richard Lameda, del diario El Impulso, Héctor Andrés Segura, quien trabaja de manera independiente, Héctor Azuaje, del Diario de Lara y Marla Prato del diario El Universal.

Ese mismo día, también, fueron agredidos 2 reporteros gráficos de medios impresos privados en Maturín, estado Monagas, Carlos Barrios, del diario El Periódico de Monagas y Alberto González del diario El Sol, mientras cubrían una concentración de ciudadanos en la sede regional del CNE, con las mimas exigencias. Los fotógrafos fueron impactados con piedras y empujados, supuestamente, por manifestantes[19].

El 16 de abril, también en Barquisimeto, los reporteros de la televisora comunitaria LaraTvec, Mariha Morales y Moisés Vargas, recibieron agresiones físicas de parte de personas que participaban en una concentración en las inmediaciones de la sede del poder electoral[20]. Ese mismo día, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, a bordo de una tanqueta, dispararon a quemarropa contra Eduard Martínez, reportero gráfico, quien tiene dos años laborando para el diario privado local la Prensa de Lara. Martínez aseguró a IPYS Venezuela que se encontraba solo en el momento que recibió varios  impactos de balas en la espalda,  tres  en su pierna izquierda y dos en la derecha[21].

Ataques a los medios de comunicación

Desde el lunes 15 de abril se han registrado en el país diversas protestas públicas de parte de simpatizantes de la oposición que apoyan el pedido de auditoría al total de las actas y papeletas de votación, solicitada por el candidato de oposición Henrique Capriles, que han tenido una contraparte en los seguidores del fallecidos presidente Hugo Chávez, quienes rechazan el pedido hecho por Capriles y avalan la elección de Nicolás Maduro, como Presidente de la República.

En la coyuntura de manifestaciones de calles reportadas en diversas localidades del país, también, se han visto afectadas las sedes de los medios de comunicación públicos y privados. Esta situación propicia un contexto de riesgo para el desarrollo de la labor informativa y coloca en peligro la integridad física de los trabajadores de la prensa.

Algunas de estas manifestaciones públicas han derivado en confrontaciones o en amenazas al sector considerado contrario. Un ejemplo de ellos han sido las protestas registradas en sedes de medios de comunicación privados y estatales y otros organismos públicos vinculados a las telecomunicaciones.

Uno de los casos que generó gran vulnerabilidad ocurrió el 16 de abril, cuando grupos identificados con el oficialismo a bordo de motocicletas lanzaron bombas incendiarias, piedras, botellas contentivas de gasolinas y realizaron disparos contra las sedes del Diario Avance, y La Región, periódicos privados ubicados en Los Teques, capital del estado Mirada, en las adyacencias de Caracas[22]. Hacia las oficinas del Diario Avance, también, lanzaron botellas contentivas de gasolina. También, amenazaron de muerte a los jefes de redacción e información de La Región por difundir imágenes de hechos vandálicos registrados en la localidad, a través de las redes sociales.

Por otra parte, representantes de la emisora comunitaria Guachirongo Dial 98.5 FM, ubicada en Barqusimeto, estado Lara, denunciaron que el 17 de abril intentaron incendiar la infraestructura de la radioemisora. Por la información aportada a IPYS Venezuela, en horas de la noche se registró un incendio en terreno detrás de la sede de la emisora, que fue atendido con prontitud y evitó que fuese afectada la sede del canal comunitario, que ha mantenido una línea editorial que simpatiza con el oficialismo. Los directivos de la radio afirmaron que días previos al hecho miembros de la comunidad, identificados como simpatizantes opositores habían amenazado, públicamente, con incendiar la emisora[23].

El 15 de abril de 2013, alrededor de las 10:00 p.m., se presentaron protestas en la sede de las televisoras Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal; y tiempo la Televisora del Sur (Telesur) cana con proyección latinoamericana, con el apoyo del Estado venezolano; así como en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones  (Conatel), órgano de la Vicepresidencia de la República; por parte de personas que portaban afiches y vociferaban consignas a favor de Capriles y golpeaban ollas (cacerolas) en señal de protesta.

Ese mismo día unas 200 personas a bordo de motocicletas, que portaban afiches de Capriles se presentaron en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ubicada en el sector Las Mercedes en Caracas. Gritaron frases intimidantes y amenazaron con regresar a ultrajar a las mujeres que trabajan en el organismo. Uno de los manifestantes lanzó un objeto contundente contra la sede del organismo[24].

De igual manera, un grupo de ciudadanos pertenecientes a medios comunitarios expresaron públicamente su rechazo ante una serie de ataques y amenazas que han recibido emisoras, periódicos, y televisoras comunitarias en varios estados, en medio de conflictos presentados en la coyuntura electoral[25]. IPYS Venezuela ha documentado algunos casos y se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para corroborar y documentar otros incidentes.

Censura y ciberagresiones

Durante estos días de complejidad socio-política, se han reportado casos de ciber-agresiones que se han evidenciado en hackeos y censura. Así el domingo 14 de abril de 2013, fue interrumpido momentáneamente, en todo el país, el servicio de internet de Acceso a Banda Ancha (ABA), que proporciona la principal empresa de telecomunicaciones del país, la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos del Venezuela (CANTV). Además, se bloqueó el acceso desde el exterior a la página web www.cne.gob.ve del Consejo Nacional Electoral (CNE), principal órgano electoral del país.

El Vicepresidente de la República Jorge Arreaza señaló que se trató de una decisión en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, para proteger al portal del organismo recibiera unas  45 mil amenazas de hackeos desde el exterior[26]. Esta situación resultó preocupante la medida de censura que se estableció con el bloqueo del acceso a la página web del CNE desde el exterior, la cual vulnera el derecho que tienen todos los miembros de la comunidad internacional a información sobre el proceso de elecciones presidenciales celebrado en Venezuela.

Ese mismo día fueron hackeadas las cuentas en la red social Twitter a varios altos funcionarios del gobierno nacional: Nicolás Maduro Moros (@NicolasMaduro), quien ara ese momento era Presidente Encargado y candidato oficial al cargo; Diosdado Cabello (@decabellor), el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento); Elías Jaua (@JauaMiranda), el ministro de Relaciones Exteriores ; Teresa Maniglia (@tmaniglia), directora general de Comunicaciones Presidenciales y la cuenta oficial del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PartidoPSUV).  La página web oficial de Nicolás Maduro, http://www.nicolasmaduro.org.ve/, también recibió un ataque informático, que la mantuvo caída[27].

En el estado Carabobo, centro norte del país, fue hackeada la página web del diario El Carabobeño, www.el-carabobeno.com, que mantuvo caída la página por 16 horas[28].

Investigaciones y censura

Durante el mes de abril, diferentes instituciones del Estado e organizaciones independientes ha emitido amenazas de acciones legales y han iniciado averiguaciones contra los medios de comunicación por la difusión de algunos contenidos político-partidistas.

El 24 de abril de 2013, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, órgano del poder judicial, informó que su despacho adelanta investigaciones por mensajes, que supuestamente iniciaron a la violencia, emitidos por usuarios de redes sociales, el 14 de abril de 2013,  después que el Consejo Nacional Electoral  (CNE) ofreciera el resultado de los comicios presidenciales.

«Luego que el ente rector emitió los resultados (de las elecciones presidenciales) se hicieron llamados, a través de algunos medios de comunicación y redes como Twitter y otras, mediante mensajes directos y subliminales, incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle», señaló la Fiscal de la República en rueda de prensa. El pronunciamiento público tuvo como objetivo informar desde el organismo judicial sobre los hechos de violencia que se registraron en el país, entre el 15 y 18 de abril, en el escenario poselectoral. Informó que resultaron 9 personas fallecidas y 78 lesionadas[29].

Por su parte, el 16 de abril de 2013, el Diputado a la Asamblea Nacional por el oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño, anunció que solicitará ante el Ministerio Público la congelación de las cuentas y la confiscación de los bienes del periodista Nelson Bocaranda, columnista del diario El Universal, conductor del programa La cola feliz, de la emisora Éxitos 99.9 y Director del portal informativo Runrun.es;  luego de que el comunicador publicara en su cuenta en la red social Twitter un mensaje sobre la presunta presencia de cajas con votos de las elecciones presidenciales del pasado, en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI).

El mensaje que publicó Bocaranda decía: “Informan que en el CDI de La Paz en Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar”.

La denuncia publicada por Bocaranda resultó preocupante, por cuanto todo el material electoral derivado de las elecciones presidenciales, debía permanecer en resguardo del Plan República, unidad militar responsable de la custodia de los centros de votación y del material electoral[30].

También, el 16 de abril de 2013, el Gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, amenazó con emprender una acción judicial contra La Prensa de Barinas, diario privado ubicado en esa entidad, y dirigió críticas hacia el reportero del mismo medio Tarquino González por la cobertura informativa sobre el hallazgo de dos cajas, presuntamente, contentivas de votos del proceso electoral presidencial realizado el pasado 14 de abril. Criticó y colocó en duda el hecho de que el diario estuviese en el lugar justamente cuando se descubrieron los hechos y sea uno de los testigos del material electoral encontrado[31].

Entretanto, el 18 de abril, un comité de usuarios de los medios de comunicación social (instancia de ciudadanos establecida en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) del estado Táchira solicitó ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, que se inicie una investigación contra algunos medios regionales  privados (entre ellos la Televisora del Táchira, y los periódicos La Nación, y el Diario de Los Andes) por la cobertura periodística durante las elecciones presidenciales del 14 de abril y de los hechos de violencia registrados los posteriores.

Asimismo, durante los días previos a las elecciones presidenciales el Consejo Nacional Electoral censuró contenidos e inició investigaciones contra medios de comunicación impresos y audiovisuales públicos y privados, así como contra asociaciones civiles por la difusión propaganda política[32]. Por su parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió el décimo procedimiento administrativo contra Globovisión, planta televisiva privada, por fallas técnicas en la trasmisión de una alocución oficial[33]. 

Labor de la prensa en riesgo

Este panorama se enmarca en una coyuntura de conflictividad sociopolítica que se ha acentuado en durante 2013, registrando una agudización en el mes de abril, por razones electorales. Además, IPYS Venezuela ha registrado un incremento sustantivos de casos en lo que va de año, en comparación a 2012. De enero a abril de 2013, IPYS Venezuela ha contabilizado 115 casos de violaciones a la libertad de expresión en el país, lo cual representa 57% del total de incidentes registrados durante 2012 (año que record de agresiones a la prensa, según los datos históricos de 2002 a 2012).

Durante los 10 procesos electorales que se realizaron en Venezuela el país desde 2004 a 2012, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, ONG reportó 824 incidentes sobre violaciones a este derecho. Del Referéndum Revocatorio Presidencial (2004) a las Elecciones Presidenciales (2012) las obstrucciones a la prensa han mostrado una radicalización, en su mayoría bajo la responsabilidad del Estado, siendo los equipos reporteriles los más afectados.

Hubo un incremento de más del 400% entre los casos de 2004 -cuando ocurrieron 44 incidentes de violaciones la actividad periodística- y 2012 -año en el que el número ascendió a 200 incidentes-[34].

Obligación del Estado

IPYS Venezuela hace un llamado al Estado venezolano a garantizar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de la libertad de expresión e información en el país, sin que existan amenazas, ataques ni acciones de censura. También, exhortamos a las autoridades públicas a proteger la integridad física y la seguridad personal de los trabajadores de la prensa, activistas de derechos humanos, y ciudadanos que difunden informaciones y emiten opiniones por distintos medios de comunicación. Asimismo, es urgente que se desarrollen las investigaciones necesarias para sanciones los incidentes registrados en el contexto electoral.

Anexo, presentamos una matriz de los casos reportados en abril de 2013, en el contexto electoral.