La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización con más de 28 años en la defensa y promoción de derechos humanos, se pronuncia nuevamente en contra de la violencia, y en contra de todos los actos de intolerancia y exclusión política y social. En este momento, nos referimos especialmente a los hechos ocurridos en ocasión de los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de Abril de 2013, que dieron como ganador, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, al Presidente Nicolás Maduro y cuyos resultados han sido desconocidos por el candidato opositor Henrique Capriles Radonski. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz condena estos hechos de violencia y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares, exhortándoles, a su vez, a seguir los procesos de denuncia que pueden contribuir a hacer justicia en todos los casos.
Ratificamos nuestro llamado a resolver todos los conflictos y diferencias políticas mediante el diálogo y los acuerdos en el marco del respeto a la Constitución y las leyes y la dignidad de todas las personas y sus derechos. Corroboramos nuestros pronunciamientos del 11, 16, 18 y 29 de abril en los que rechazamos los actos de violencia e intolerancia política que según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público han producido hasta ahora 9 personas fallecidas, 78 personas heridas, 25 centro de Salud (CDI) dañados o afectados de alguna forma, así como se vieron afectadas otras instalaciones (locales del Consejo Nacional Electoral, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la compañía telefónica CANTV en Lara, dos sedes del Partido PSUV, 3 viviendas particulares y dos automóviles), 139 personas detenidas en todo el territorio nacional, algunas de las cuales denunciaron abusos y tratos denigrantes por parte de sus captores (guardias nacionales y policías) que deben ser investigados y sancionados. Rechazamos también las peleas y golpizas que se han dado esta semana en la Asamblea Nacional y la prohibición del derecho de palabra a diputados y diputadas de oposición.
Momentos de angustia, dolor y desasosiego los que hemos pasado en los días post-electorales nos llevan a reflexionar sobre lo fundamental del respeto a los derechos humanos en una situación de conflicto y a revisar el papel de las instituciones, autoridades y organizaciones sociales en la construcción de la paz y la convivencia ciudadana, más allá de las posiciones político partidistas que cada cual legítimamente, como ciudadanos y ciudadanas, pueden tener. Organizaciones como la Red de Apoyo han realizado reiterados llamados al respeto a las instituciones, las leyes y los derechos humanos de todas las personas. En el caso que nos ocupa, nos unimos a las voces que exigen respeto a todas las personas, a la Constitución de la República y las instituciones. Por otra parte, existen mecanismos de reclamo que pueden ser utilizados por cualquier ciudadano o ciudadana u organizaciones políticas que tengan evidencias sobre ilícitos electorales. Toda controversia debe cumplir con las formalidades de rigor a los fines de garantizar la veracidad de los reclamos y contribuir con el fortalecimiento de las instituciones y el estado de derecho, lo cual debería ser un interés compartido por todos y todas.
Como organización de derechos humanos es nuestro rol, resaltar el valor de la denuncia como mecanismo para hacer justicia y luchar contra la impunidad. Estos niveles de violencia no pueden volver a repetirse; y esto es una tarea de todas y todos. Al cometer un delito, una persona está afectando los derechos de otras personas e incumpliendo los deberes que le corresponden, ante lo cual el orden jurídico prevé sanciones, que deben ser impuestas por los órganos de administración de justicia. La denuncia fortalece las estrategias de exigencia de nuevos y renovados compromisos de los Estados y los sectores de poder para ajustar su comportamiento al respeto de la dignidad de las personas. Es nuestro deber exhortar a los actores políticos, así como a las víctimas y sus familiares a denunciar. Luchar contra la impunidad y contribuir a una cultura de respeto y responsabilidad es participar conscientemente en la consolidación de una democracia con justicia.
Ante la violencia, todas y todos, tenemos responsabilidades. Ahora es el momento de la palabra, de la política, de colocar nuestra atención en el ámbito de lo público como espacio para asumir la responsabilidad con la construcción de lo social, espacio para contribuir con una Venezuela cada vez más democrática, justa y solidaria. Este diálogo no puede limitarse solo en los espacios convencionales de liderazgo partidista como la Asamblea Nacional, donde es fundamental y necesario. Es tiempo de constituir espacios para un amplio diálogo social que incluya a las bases y la dirigencia política, pues todas y todos actuamos políticamente, el diálogo ampliado es el reto de estos momentos. Diálogo entre vecinas y vecinos, entre estudiantes, entre compañeras y compañeros de trabajo, en la familia, entre amigas y amigos, entre contendores políticos, entre actores políticos, sociales y económicos. Más allá de nuestras tendencias debemos defender el respeto y la convivencia humana por encima de todas las cosas.
Tampoco es un diálogo en abstracto, debe ir a la vida cotidiana, a la realidad que nos afecta, es un diálogo llamado a confrontar puntos de vista pero también a canalizar acciones conjuntas sobre asuntos concretos de la vida colectiva, por ejemplo, sobre acuerdos para llevar adelante los proyectos del Consejo Comunal en el ámbito vecinal o acuerdos de convivencia familiares y escolares o acuerdos para implementar el desarme o controlar la especulación y el desabastecimiento.
El respeto a los derechos humanos facilita el diálogo porque llama al acercamiento de las partes desde el respeto y la tolerancia planteándolo como una agenda base. Desde un enfoque de derechos humanos podemos identificar los logros y retos de las políticas públicas, aquellas cosas en las que no podemos retroceder, aquellas que requieren mayor organización y participación, o nuevas propuestas que ir movilizando. Es tiempo de analizar y cuestionar, de profundizar la organización a favor de los derechos humanos.
Como Red de Apoyo hacemos un llamado al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y todos los poderes, en su conjunto, a intensificar sus acciones en lo relativo a los procesos de justicia, denuncia y mediación que pudieran contribuir a contener las expresiones más extremas de violencia. Exhortamos a los actores y a las actoras políticos a deslastrarse de la violencia y rechazar todo acto violento promovido por sus seguidores políticos, haciéndoles un llamado a la paz y a dirimir los conflictos de manera pacífica. A su vez, reiteramos nuestro compromiso a favor de un amplio diálogo social, de la tolerancia y de la lucha contra la impunidad.
