La Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Sinergia y el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) presentaron la situación de institucionalidad democrática y defensores de derechos humanos en Venezuela, en el 140° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington.
En audiencia privada, las organizaciones de derechos humanos citadas anteriormente presentaron un balance sobre los graves riesgos que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos para el ejercicio de sus labores en Venezuela, con énfasis en medidas restrictivas al derecho de asociación.
Igualmente, presentaron información sobre casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos a dirigentes sindicales privados de libertad o con procesos judiciales luego de haber realizado acciones de reivindicación de sus derechos laborales. Uno de estos casos es el de Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Del Orinoco (Sintraferrominera), quien fue detenido el 24 de septiembre 2009 después de liderar una huelga en la Ferrominera del Orinoco.
Asimismo, presentaron información sobre violaciones al derecho a la vida e integridad personal durante el período noviembre 2009 a octubre 2010 de tres defensores de derechos humanos en el interior de la República e integrantes de Comités de Víctimas, como Mijaíl Martínez, joven de 23 años colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad (COVICIL) del estado Lara, quien fue asesinado el 26 de noviembre de 2009, presuntamente por un sicario. Además, de casos de múltiples muertes de integrantes de familias denunciantes de grupos parapoliciales en los estados Aragua y Portuguesa, como es el caso de las familias Barrios y Mendoza, respectivamente.
Otro ámbito de preocupación expuesto fue la intensificación de la estigmatización por parte de funcionarios públicos de defensores y organizaciones no-gubernamentales así como el desarrollo de campañas sistemáticas de criminalización con amplia aquiescencia del Estado que pretenden deslegitimar la acción de los defensores de derechos humanos.
También, las ONGs ofrecieron consideraciones precisas sobre el incremento de jurisprudencia y legislación emergente que contiene graves regresiones para el derecho de asociación y para el libre e independiente accionar de las organizaciones no-gubernamentales en Venezuela. Señalando como parte de las implicaciones: que conlleva esta política restrictiva: la inseguridad jurídica, eliminación de capacidad procesal, la criminalización y posible judicialización de los defensores.
En este sentido, las organizaciones asistentes al 140° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaron la importancia del artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, el cual indica que: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Y de igual forma, realizaron énfasis en las garantías que bajo la luz de esta declaración el Estado debe brindar a las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país. (Cofavic, 31.10.10)
