El día 21 de mayo de 2013 representantes de las organizaciones de derechos humanos Espacio Público, PROVEA, Transparencia Venezuela y Acción Solidaria acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para demandar al Ministerio del Poder Popular para la Salud para obtener información acerca de irregularidades en la importación, almacenamiento y distribución de medicinas provenientes de Cuba.
La Contraloría General de la República ha revelado en sus informes de los años 2010 y 2011 que existen irregularidades en la compra de medicinas a Cuba y en el almacenamiento y distribución de las mismas. Estas irregularidades surgen bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR). Según la Contraloría se encontraron medicamentos vencidos entre 1 y 6 años en dependencias de los centros de salud, sin la debida seguridad e identificación, entre otras irregularidades. La Contraloría dio varias recomendaciones al Ministerio de Salud para solventar este problema.
Por esta razón, las organizaciones nombradas han venido solicitando información a este Ministerio sobre la aplicación de las recomendaciones dadas por la Contraloría General de la República. Se envió una primera comunicación en el año 2011, la cual nunca fue respondida; posteriormente se intentó un amparo ante la Sala Constitucional del TSJ la cual fue declarada inadmisible.
En el año 2012 y en el 2013 se enviaron tres comunicaciones más al Ministerio de Salud solicitando nuevamente la información, ninguna fue respondida. Por esta razón se acude en esta ocasión a la Sala Político Administrativa del TSJ para interponer un recurso de abstención que obligue al Ministerio a responder las interrogantes planteadas.
