Organizaciones y centros universitarios de derechos humanos manifiestan su rechazo a acusaciones contra universidades venezolanas en vísperas de la marcha nacional convocada para el 1 de septiembre de 2016 para exigir la realización del referendo revocatorio
Los días 30 y 31 de agosto universidades venezolanas han sido acusadas por altos oficiales del gobierno nacional y regional de alojar terroristas y de estar involucradas en el manejo y almacenamiento de armas.
El 30 de agosto, el Capitán Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un acto oficial transmitido por todos los canales del Estado, acusó a la Universidad Católica Andrés Bello de esconder en sus recintos armas y explosivos, pretendiendo vincular tal acusación con la detención ilegal de Yon Goicochea, ex alumno de esa universidad y líder del partido político Primero Justicia.
Ese mismo día, a través de su cuenta de Twitter, el Capitán José Gregorio Vielma Mora, Gobernador del Estado Táchira acusó a Reynaldo Manrique, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Los Andes-Táchira, y a Leonardo Manrique integrante del movimiento estudiantil de la Universidad Católica del Táchira, de ser “los encargados de conducir operaciones terroristas en la ULA y UCAT” que constituirían “dos de los 14 focos de violencia”. Señala el Gobernador que David Smolansky, alcalde de El Hatillo y líder del partido político Voluntad Popular sería “el proveedor de las armas a los violentos del Táchira para este primero de septiembre cuando se efectuará la marcha convocada por la derecha en Caracas”.
Hoy 31 de agosto, el General Nestor Reverol, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz afirmó que “hay casas de estudio y recintos universitarios en donde se guardan armas de fuego”.
Se trata de acusaciones muy graves, irresponsables y totalmente infundadas, con el objeto de intimidar, hostigar y criminalizar la actividad de las universidades, convertirlas en blanco de retaliaciones políticas y justificar, eventualmente, una intervención de las mismas y la violación de su autonomía.
Recordamos al gobierno su obligación moral y constitucional de proteger las instituciones de educación superior, así como los valores y bienes a los que se orientan: el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad humana; la igualdad social, la paz y el desarrollo de las naciones. A la luz de la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, el Estado ha de garantizar a todos los universitarios el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Exigimos por tanto cese la política gubernamental de hostigamiento y criminalización de la actividad de las universidades y de sus miembros.
Aula Abierta Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
