El presente informe tiene dos objetivos: 1) reflexionar sobre el actual modelo policial diseñado en la legislación vigente, la necesidad de su implementación, profundización y desarrollo; 2) ofrecer insumos al legislador y a la ciudadanía en general sobre esta materia, advertir sobre las necesidades reales, así como de los posibles riesgos, de una eventual reforma en los términos que, reciente y públicamente, se han venido planteando.
La inexistencia de una visión nacional y de una política unificada para las policías en el país era un problema que debía asumirse. Las policías venían siendo cuestionadas por su autoritarismo y militarización. Casos como los “pozos de la muerte”, “el Amparo” y el “Caracazo”, fueron emblemáticos y representaban los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado que cada vez se hacían más comunes.
Por otro lado, las policías estaban atomizadas, muchas policías locales y regionales1 estaban concebidas como pequeños ejércitos privados del gobernante de turno, lo que las hacía vulnerables a las interferencias político-partidistas. Además, la dispersión normativa en la materia competía con sus propios vacíos. La heterogeneidad, grandes asimetrías y ausencia de coordinación entre los distintos cuerpos de policía eran la regla, junto a la precariedad de la situación de los funcionarios policiales. El
abordaje de toda esta complejidad fue lo que asumió el Estado en el año 2006, cuando el 10 de abril -a los días del escándalo del caso Faddoul y con los casos de Kennedy y Sindoni a cuestas- el Ministerio de Interior y Justicia crea la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL)
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