La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, fija posición ante los sucesos de violencia y recalentamiento de la conflictividad política que vienen ocurriendo en estos días en distintas regiones del país, a partir de la salida del servicio de televisión por cable del canal privado RCTV y los hechos desencadenados por dicha decisión.
En primer lugar nos solidarizamos con las familias de los jóvenes asesinados en el edo. Mérida en el marco de las protestas ocurridas en días pasados y solicitamos a los órganos del sistema de administración de justicia una actuación oportuna para determinar responsabilidades en tan deplorables sucesos.
Rechazamos cualquier pronunciamiento tendiente a criminalizar la protesta social y el ejercicio del derecho a la manifestación, siempre que las mismas se realicen de forma pacífica y sin armas. El Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la integridad física y a la manifestación, tal como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los órganos de seguridad del Estado deben garantizar el pleno ejercicio de este derecho, preservando la vida de todas las personas que manifiestan, así como del resto de los transeúntes.
Cualquier acción en el marco del control de manifestaciones debe apegarse estrictamente al marco constitucional y a los principios recogidos en el Código de Conducta para los Funcionarios Civiles o Militares que Cumplan Funciones Policiales en el Ámbito Nacional, Estadal o Municipal, aprobado por el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia mediante la resolución 364, del 21 de septiembre de 2006, así como en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.
Es obligación de todo funcionario o funcionaria cumplir con los niveles del uso continuo del espectro de fuerza policial, actuando apegados a los principios de proporcionalidad, oportunidad y necesidad. Cualquier acción represiva que no responda a estos principios y que afecte a la ciudadanía en general o la integridad de los propios funcionarios y funcionarias encargados del control de las manifestaciones, constituiría una violación de derechos humanos y es deber de los organismos del sistema de administración de justicia investigarlas y sancionarlas. Es además responsabilidad de las autoridades policiales asegurar que los funcionarios y funcionarias que salgan a la calle a realizar acciones de control de orden público lo hagan dotados de los insumos necesarios y adecuados para ello.
El deber del Estado y de los distintos actores sociales es promover la resolución no violenta de los conflictos y el ejercicio responsable de los derechos humanos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y en los acuerdos internacionales de derechos humanos. En este sentido, hacemos un llamado perentorio a los actores políticos (tanto pro gubernamentales como de oposición), a las autoridades gubernamentales, periodistas y medios de comunicación social, organizaciones no gubernamentales, autoridades universitarias, estudiantes, militares, el empresariado y a la población en general a no incentivar desde el discurso acciones que conlleven el procesamiento de los conflictos por vías violentas. Igualmente deploramos todo llamamiento a la ruptura del hilo constitucional o al enfrentamiento armado entre sectores políticamente divergentes y exhortamos a la comunidad venezolana a no repetir sendas antidemocráticas que ya han dejado en el pasado reciente profundas heridas y dolorosas lecciones para nuestro Pueblo.
Exhortamos al Gobierno nacional, a través de CONATEL, a aplicar con imparcialidad y transparencia los procedimientos contemplados en la Ley de Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación, a los fines de evaluar las violaciones a la ley en que pudieran estar incurriendo los canales televisivos, tanto del Estado como privados, con aquellas acciones o pronunciamientos que promueven la violencia, el revanchismo, la incitación a delinquir y el aumento de la conflictividad social.
Solicitamos a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional acelerar la promulgación de una legislación para la prevención y sanción de la tortura, así como de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como lo establece el mandato constitucional en sus disposiciones transitorias y que aún permanece en mora en este tema.
Reiteramos nuestro llamado a procesar civilizadamente las diferencias, desde el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, y a canalizar dichas diferencias políticas por medios democráticos, entre ellos el ejercicio del voto consciente y responsable en el próximo proceso electoral del mes de septiembre para renovar autoridades en la Asamblea Nacional.
Caracas, 1° de febrero de 2010.
Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter. y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de derechos humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y general procesos de educación en derechos humanos.
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