Representantes de las organizaciones venezolanas de derechos humanos Provea y Espacio Público acudieron este miércoles a la sede del Ministerio Público para denunciar la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de ambas organizaciones por parte de altos funcionarios del gobierno nacional.
El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui y el director general de Espacio Público, Carlos Correa solicitaron a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, iniciar una investigación contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, tras la divulgación en su programa “Con el mazo dando” de “información que sólo es posible obtener a través de la intervención de las comunicaciones realizadas por Provea y Espacio Público”.
El pasado 13 de mayo de 2015 Cabello aseguró a través del canal del Estado venezolano que “Rafael Uzcátegui encargado de la ONG Provea y Carlos Correa de la ONG Espacio Público, salieron hacia Panamá el sábado 09 de mayo con destino final a la ciudad de Lima, Perú, donde participarán en un foro de derechos humanos junto a otros integrantes de ONG de países latinoamericanos. Luego de esta actividad viajarán a Chile donde se encontrarán con Marino Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y quien lleva tiempo fuera del territorio nacional”.
Explican las organizaciones, en la comunicación elevada al Ministerio Público, que “si bien la información sobre nuestros itinerarios de viaje y nuestras actividades internacionales es posible obtenerla por otras fuentes, el detalle de nuestro encuentro con el ciudadano Marino Alvarado en Santiago de Chile, quien se encuentra desde hace meses fuera del país y con quien sólo tenemos contacto por medios digitales, sólo era posible conocerlo mediante la intervención de nuestras comunicaciones electrónicas”.
Provea y Espacio Público condenan estas acciones que violan el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza: “se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por una orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso” y en virtud de este mandato solicitan a la Fiscal General de la República:
- Que se nos informe, tanto a Provea como a Espacio Público, si existe una investigación en nuestra contra que haya autorizado a un tribunal la emisión de la orden judicial de interferir en nuestras comunicaciones. Si tanto la investigación como la orden judicial existen, que se inicie una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello por la revelación de información que no guarda relación con el eventual proceso iniciado en nuestra contra.
- Si no existe una orden de un tribunal para interferir las comunicaciones de Provea y Espacio Público, solicitamos el inicio de una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello por violación del artículo 48 de la Constitución.
- Un pronunciamiento público por parte del Ministerio Público sobre la vigencia en Venezuela del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tal como se encuentra garantizado en el artículo 48 de la Constitución.
Antecedentes
Entre 2014 y 2015, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha empleado, de forma recurrente, el sistema nacional de medios públicos para criminalizar la labor de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registró entre octubre y diciembre de 2014, descalificaciones y hostigamiento contra 165 activistas de derechos humanos, políticos y periodistas por parte del diputado Cabello a través de su programa televisivo. Esta conducta se ha intensificado a raíz de la participación de las ONG de derechos humanos en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en otros escenarios de evaluación y monitoreo a la situación de los derechos humanos en nuestro país.
La Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, consagra la “necesidad y obligación de los Estados de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor”. Asimismo, en un contexto creciente de amenazas y criminalización de las actividades de las ONG, la CIDH ha expresado su alarma ante los continuos actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, y ha instando al Estado venezolano a garantizar que las ONG puedan ejercer sus labores en un entorno libre de amenazas y obstáculos.
