Ante el debate originado a raíz del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la decisión presidencial de abandonar esta instancia, denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos, la Red de Apoyo formula ante la opinión pública las siguientes observaciones:
1. Sería injusto negar la importancia que ha tenido en diferentes momentos de la historia del continente la acción de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, la intervención del SIDH ha resultado beneficiosa, en contextos de gran adversidad interna en sus países. Apostamos, por ello, por el fortalecimiento de sus funciones de promoción y defensa de los derechos humanos, lo que supone, también, darle la bienvenida a los diagnósticos, críticas y debates sobre su funcionamiento, que apunten a mejorarlo y despolitizarlo tal como lo planteamos el año pasado cuando se generó un conflicto similar sobre este tema.
2. En esta dirección, hace muchos años que algunas organizaciones y activistas de derechos humanos venimos planteando la necesidad de reformar y mejorar la capacidad de acción y la calidad de las respuestas de la CIDH. Así como señalando la necesidad de mayor precisión en los diagnósticos sobre Venezuela, sometidos a grandes posibilidades de errores, dado el contexto de alta polarización que vive el país, lo que culmina en informes que, si bien pueden contener información cierta en cuanto a casos de vulneración de derechos, termina presentándose en términos de alto sesgo político y fuera de contexto.
3. Como señaló Amnistía Internacional, en el 2003, el discurso de los derechos humanos ha “…sido apropiado, instrumentalizado y desnaturalizado por sectores del gobierno, de la oposición, incluso los medios, para convertirse en un arma más de polarización y enfrentamiento”[1]. En tal sentido, cuidar al extremo la pluralidad y confiabilidad de las fuentes y contrastar la información, resulta esencial para evitar ser instrumentalizado a favor de la profundización del conflicto. En este sentido invitamos a la CIDH a diversificar sus fuentes de información sobre Venezuela y al gobierno nacional a cualificar su presencia en estos organismos, brindando más apoyo, fortaleza, capacidad de respuesta y personal a la “Agencia del Estado” para representar al país e interactuar con los organismos de protección a los derechos humanos.
4. Rechazamos la intención expresada por diversos órganos del Estado de plantear la posibilidad de renunciar a la OEA y a la cobertura del SIDH, sin que existan pruebas de que ello redundará en beneficio de la población. El Estado Venezolano puede renunciar al “Pacto de San José”, es decir denunciar la “Convención Americana de Derechos Humanos” de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 del “Pacto”. De hecho más de un tercio de los países de la región no han ratificado esta convención o pacto y Trinidad y Tobago se retiró del mismo en el año 1999. Venezuela pasaría al estatus de países como Canadá, Cuba, Estados Unidos, Bahamas, Jamaica, entre otros. Esta decisión no es inmediata sino que tarda mínimo un año en hacerse efectiva, y luego la CIDH continuará elaborando informes sobre Venezuela, formulando recomendaciones, solicitando información, solicitando realizar visitas “in loco” para hacer observaciones al país, entre otras acciones, ya que es un órgano de la OEA y así lo establecen sus “Estatutos”, aprobados por la Asamblea General de la OEA. Para tratar de evitarlo Venezuela tendría que abandonar la OEA, lo cual tiene otras repercusiones que deberían evaluarse más profundamente. Aún así, esta decisión debe estar en el marco de la “progresividad de los derechos humanos”, es decir puede hacerse siempre y cuando esto signifique la integración a otro “Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos” que sea más efectivo e imparcial para garantizar derechos al pueblo venezolano. Mientras el Estado no pueda ofrecer al pueblo venezolano un sistema alternativo mejor que el SIDH para recurrir las omisiones o vulneraciones que genera el sistema nacional, debe mantenerse dentro del sistema Interamericano, que es el único con el que contamos con capacidad de judicializar la exigibilidad internacional de los derechos humanos. Acceder a los órganos internacionales de protección de los derechos humanos es un derecho consagrado constitucionalmente (Artículo 31) que no puede ser desmejorado por el Estado.
5. Exigimos al Estado que adopte una actitud propositiva y de mayor diálogo con el SIDH, que redunde, tanto en el apoyo a la cualificación y fortalecimiento del SIDH, como en un mejor ambiente interno para el debate sobre los derechos humanos en el país, recogiendo los aportes que los órganos del Sistema le plantean al Estado. Aspiramos que el debate abierto sea vivido con humildad, racionalidad de todas las partes, autocrítica tanto del gobierno como de los órganos del SIDH, con ánimo de un diálogo real que redunde en cambios que fortalezcan el Sistema Nacional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, así como al Sistema Interamericano de derechos Humanos (SIDH), en beneficio de los sectores más pobres y excluidos de nuestra población y en general de todos los pueblos del continente.
Caracas, 3 de marzo de 2010.
[1] Amnistía Internacional, “Venezuela: Una Agenda de Derechos Humanos ante la crisis actual”, 2003
