Al cometer un delito, una persona está afectando los derechos de otras personas e incumpliendo los deberes que le corresponden, ante lo cual el orden jurídico prevé sanciones que deben ser impuestas por los órganos de administración de justicia
“La magnitud de la lucha por hacer del poder judicial un poder digno, va más allá de la disposición de un hombre o de un sector de la sociedad, reclama la participación de todos (…) Presupone asumir con coraje nuestros propios errores y aceptar la critica bien intencionada con humildad de principiante (…) No podemos justificar o aceptar la impunidad, pues aceptarla, bajo cualquier circunstancia, disuelve la sociedad en la anarquía y la injusticia.” Daniel Hernández (2009)
Justicia y bien común
Día a día somos testigos de situaciones que llamamos “injusticias”. Nos parece injusto que el salario no alcance para comprar la comida necesaria para la buena alimentación de la familia, o que nuestras hijas e hijos no puedan tener espacios para la recreación y el deporte, nos parece injusto que unos inquilinas o inquilinos quieran dejar sin casa a la mamá viejita de una amiga, nos parece injusto que el policía agreda al joven en la calle, nos parece injusto que haya muerto el cacique Yukpa Sabino Romero luchador en defensa del derecho a la tierra. Sólo basta con abrir los ojos para sentir indignación y coraje.
También cotidianamente nos preguntamos: ¿Qué es lo justo? y aparece en nuestra mente aquella figura de mujer con los ojos vendados y una balanza en su mano, una mujer que pareciera solo existir en grandes libros. Hoy, sabemos que la justicia expresa la concepción del bien común que surge de la sociedad y que varía según el contexto y momento histórico de cada grupo social.
Esta noción de “lo justo” se corresponde con los principios y valores necesarios para sostener un marco de convivencia, que establece las formas de relación aceptadas entre los integrantes del colectivo. Esos principios condicionan la conformación de los mecanismos dirigidos a dirimir los conflictos que se producen en la vida social y sancionan los comportamientos inaceptables. El contenido de la justicia está marcado por los valores dominantes en cada circunstancia cultural e histórica. Por ejemplo, actualmente, entendemos que el valor supremo de la justicia es el respeto por la vida humana y los derechos humanos.
Justicia para todos
En el ámbito de la estructura del Estado, entendemos a la justicia como el conjunto de normas que establecen el marco para las relaciones entre personas e instituciones, sea autorizando, prohibiendo y sancionando determinadas acciones. También incluiremos el conjunto de instituciones y procedimientos orientados a gestionar los conflictos, de acuerdo a esas normas.
Frecuentemente, las leyes no se ajustan a los principios de justicia de una cultura determinada, debido a la capacidad de grupos concretos de la sociedad de manipular los procesos de poder público para su interés particular; mientras que con frecuencia, las instituciones de justicia no actúan de acuerdo a las normas que rigen su funcionamiento. Por ejemplo, bajo la monarquía, la justicia se administraba de acuerdo a los valores e intereses de los reyes y sus cortes, al servicio de la explotación de los más débiles, se trataba de una justicia arbitraria y a menudo criminal. Por el contrario, en una democracia en construcción, se procura erigir colectivamente formas de justicia que aseguren la inclusión y el tratamiento igualitario y equilibrado de las situaciones que afectan a todas las actoras o actores sociales. El reconocimiento legal de los derechos humanos es resultado de estos procesos históricos y se trata de un avance notable en la conquista de un mundo más justo.
Al cometer un delito, una persona está afectando los derechos de otras personas e incumpliendo los deberes que le corresponden, ante lo cual el orden jurídico prevé sanciones que deben ser impuestas por los órganos de administración de justicia. Las sanciones deben ser proporcionales al delito, deben estar previstas en la ley, y autorizan a la justicia a afectar o disminuir los derechos de la persona responsable.
Movilización social como garantía
La organización colectiva, la articulación de luchas y las diversas formas de movilización y protesta son elementos centrales de las estrategias de derechos humanos frente a actores privados e instituciones cuya actuación a menudo contradice sus fines. Esta es la política de los derechos, la base para sustentar las transformaciones del derecho a favor de los sectores desfavorecidos. Esta actividad de denuncia fortalece las estrategias de exigencia de nuevos y renovados compromisos de los Estados y los sectores de poder para ajustar su comportamiento al respeto de la dignidad de las personas y para demandar cambios en el funcionamiento de las instituciones, hacia la vigencia efectiva de condiciones de justicia.
De esta forma, la denuncia moviliza voluntades para frenar o reparar estas situaciones que calificamos como injustas, así como, sus consecuencias. Representa el ejercicio del derecho a la defensa frente a la vulneración de derechos, y también frente a la sociedad y frente a las instituciones. Su objetivo principal es lograr la reparación de las víctimas y la sanción de las personas y/o entes responsables; tiene también un propósito fundamental: luchar contra la impunidad y contribuir a una cultura de respeto y responsabilidad, mediante la participación consciente en la consolidación de una democracia con justicia.
¿Cómo hacer una denuncia?
Las denuncias deben contener información muy precisa en el siguiente orden:
1) Lugar y fecha de la denuncia;
2) Destinataria o destinatario: Nombre de la autoridad y organismo ante el cual denuncia;
3) Identificación del (de las/ los) denunciantes(s);
4) Relato de los hechos: Colocar con el mayor detalle los hechos ocurridos y datos de testigos;
5) Fundamentación: Señalar los derechos consagrados en la Constitución, otras leyes y convenios que considere han sido violados;
6) Petitorio: Solicitudes que se hacen ante los organismos al que se dirige la denuncia;
7) Domicilio de la denuncia u otras formas de contacto con las y los denunciantes;
8) Índice de anexos;
9) Anexos y
10) Firma de las y los denunciantes.
¿Dónde denunciar?
Por mandato constitucional, las instancias del Estado encargadas de recibir y dar curso a nuestras denuncias son: Fiscalía General de la República: (0212) 509.60.76 – 408.60.76. 0800-V607080 (8607080)/ Defensoría del Pueblo: (0212) 507.70.43 – 507.70.71 / 0- 8000 Pueblo (783256) y el Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (CICPC): (0212) 564.75.97 – 564.98.47 – 564.22.02. También debemos acudir a la instancia del Estado responsable del hecho que pretendemos denunciar (Cuerpo de Policía, Ministerio, etc.)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
www.redapoyo.org.ve
[email protected] (Diario La Voz, 06.05.13)
