¿Qué pasaría si usted perdiera su vista, dejara de escuchar o sufriera un accidente que le lesionara su médula espinal y tuviera que usar una silla de ruedas? ¿Cómo se sentiría? ¿Sus derechos estarían garantizados en la ley? ¿Le sería fácil moverse libremente por las principales ciudades de nuestro país haciendo uso del transporte público y transitando por las calles?
Las personas con discapacidades refieren que al moverse por Caracas, u otra ciudad de nuestro país, encuentran las barreras arquitectónicas; es decir, las infraestructuras que en lugar de facilitar el acceso de personas con discapacidad, se vuelven otro obstáculo más para su integración a la sociedad. Citamos como ejemplo edificios sin rampas, escaleras sin pasamanos, ascensores sin alfabeto braille, baños de puertas estrechas que no permiten el acceso a personas con sillas de ruedas, transportes públicos a los que se les colocan escalones muy altos que impiden, además, el acceso a personas de la tercera edad, o aquellos que tienen torniquetes dentro que imposibilitan que entren quienes se desplazan en sillas de ruedas.
“Depende mucho de las personas con las que uno esté tratando, pero en sí la sociedad es muy dura, la sociedad está en pañales, no sabe cómo tratar a una persona con discapacidad sin ofender, sin hacernos sentir menos…”, señala Daniela Berlet.
Discapacidad y legislación en Venezuela
La Ley para Personas con Discapacidad (LPCD) fue publicada en Gaceta Oficial 38.598 el 5 de Enero de 2007. Comenta Juan Laya que “esta Ley debe su origen a las luchas dadas por las mismas personas con discapacidad. Antes de la ley existían ordenanzas municipales, leyes regionales y la Ley para Personas Incapacitadas (LPI), que fue sancionada por el presidente Rafael Caldera”.
Trabajo y discapacidad
A las personas con discapacidad se les hace más difícil lograr un empleo, incluso con el apoyo que representa el Artículo 28 de La Ley para Personas con Discapacidad cuando señala que “Los órganos y entes de la Administración Pública y privada, así como las empresas públicas privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad permanente, de su nómina total… No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad”. Al respecto, Laya afirma que si bien algunas empresas, sobre todo privadas, han empleado a personas con discapacidad, todavía hay una mora en ese tema.
Logros y retos
Señala Inciarte que la construcción de algunas rampas en la ciudad, el que se establezcan puestos especiales para conductores minusválidos o la taquilla de atención especial o números preferenciales en algunas instituciones han sido conquistas que han obtenido tras largas luchas. Ahora, considera Inciarte que la lucha debe estar orientada a lograr que las personas con discapacidad sean quienes dirijan las instituciones o planifiquen las políticas que tengan que ver con las personas con discapacidad. Esta apreciación de alguna manera la comparte Laya cuando afirma que siguen luchando para que se les oiga y se les consulte antes de poner en práctica políticas de Estado dirigidas a ayudar a las personas con discapacidad.
“Pienso que es mucho más importante para una sociedad resaltar la capacidad de una persona que resaltar la discapacidad que puede tener cualquier ser humano”. Daniela Berlet.
“La violencia y la misma inseguridad contribuyen a que cada día tenemos más personas con discapacidad”. Erika Inciarte. (Liliana Cadena, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 18.09.12)