La ONG Cofavic alertó que el Estado debe investigar de manera independiente y exhaustiva los crímenes que se han cometido en el marco de las manifestaciones.
En nota de prensa señalaron que los casos más recientes son el de Jenny Ortiz, quien cayó al recibir disparos de perdigones en el rostro, presuntamente por parte de funcionarios de Politáchira, en medio del saqueo de un cambió de carnes en el estado Táchira.
Otro de los casos es el de José Antonio Tovar, quien murió cuando presuntamente la Guardia Nacional intentaba controlar los saqueos que sucedieron el pasado 9 de junio Petare, hecho en el que varias personas resultaron heridas de bala; y Luis Josmel Fuentes, asesinado en Cariaco, cuando presuntamente funcionarios de la Guardia Nacional intentaron controlar los conatos de saqueo que se registraron en la zona.
Igualmente la ONG exhorta a derogar el Decreto N°2.323, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.227, mediante el cual se declaró el estado de excepción y emergencia económica, ya que el mismo “no establece de manera específica las garantías restringidas, lo cual deriva en una suspensión general e inconstitucional de todos los derechos humanos y las garantías previstas en nuestra Constitución, abriendo la posibilidad de una suspensión del Estado de Derecho no previsto en la Carta Magna y que coloca en graves riesgos a los derechos humanos y las libertades públicas, lo cual es absolutamente contrario al artículo 337 del texto constitucional”.
Otra de las exigencias es la de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH del 29 de agosto de 2002 en relación a la adecuación de los mecanismos de control y orden público a los estándares del Derecho Internacional de los DDHH y de la Constitución venezolana.
“El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumplir con la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución”, explicaron.
Cofavic expresó estar profundamente preocupado por la situación del país, pues cada día se incrementa el descontento social por una serie de causas estructurales y coyunturales que no han sido atendidas de forma eficiente por el Estado.
“El país atraviesa una grave crisis que debe ser atendida sin dilaciones. La proporción de un desbordamiento social es inimaginable en las condiciones actuales de violencia endémica y frustración que presenta Venezuela. Hoy día hay miles de armas ilegales en manos de la población, bandas organizadas y grupos armados civiles que representan un claro debilitamiento del Estado de Derecho”, explicó la ONG.
Tal Cual
