Transparencia Venezuela hace un llamado a la sociedad a pronunciarse contra la pretensión del Presidente de la República de aprobar, vía emergencia, el Presupuesto de la Nación 2017 pues, además de ser violatorio de la Constitución Nacional, impide la participación ciudadana, bloquea la necesaria rendición de cuentas y facilita la concentración y el abuso de poder por parte del Gobierno
Transparencia Venezuela, 5 octubre 2016. La pretensión del presidente Nicolás Maduro de incumplir la entrega del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 al parlamento representa una violación de nuestra Carta Magna y de otras leyes y niega nuestro sistema republicano, en el que el poder está dividido en cinco ramas independientes, creadas para garantizar que todos los venezolanos tengan poder de decisión y evitar la concentración del poder propia de oligarquías, monarquías y dictaduras.
Que el presidente Maduro decida unilateralmente las prioridades de Venezuela y en qué se gastan los recursos cada vez más escasos, viola no solo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus arts.187 y 313, sino el derecho de cada uno de los venezolanos que elegimos a los diputados de la Asamblea Nacional para que nos representen en el proceso de aprobación, seguimiento y control de los fondos públicos.
El presupuesto público es uno de los principales instrumentos de acción gubernamental. En él se dirime cómo se asignan los recursos de todos los ciudadanos a los distintos usos educación, salud, seguridad, justicia, defensa nacional, etc.; que se hará durante el año; cuántos funcionarios públicos trabajarán en cada ente del Estado; cuáles son las metas de cada sector y los proyecto de políticas públicas. Además dice lo que no ocurrirá al no asignarle recursos en el presupuesto. Las decisiones que se tomen allí tendrán impacto directo en la vida de las personas.
Tratándose de la forma de obtener el dinero de la sociedad y su distribución para atender necesidades diversas, el presupuesto público debe cumplir con unos criterios que certifiquen que prevalecerán los intereses superiores del colectivo por encima de intereses particulares y que serán respetados los principios de equidad, justicia y eficiencia.
“El presidente no es el único venezolano que puede decidir en qué se gastan los recursos de todos los venezolanos y en qué no. La pretensión presidencial profundiza la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos del pueblo, lo que impide la participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y facilitan la concentración y el abuso de poder” enfatiza Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Aún más, De Freitas advierte que, de aprobarse el Presupuesto Nacional fuera de la Ley y sin concurso de la Asamblea Nacional, cualquier endeudamiento público en el que se incurra para obtener recursos, éste no será asumido por la República, sino directamente por el ciudadano Nicolás Maduro.
Para que cuenten los intereses colectivos, es preciso que el presupuesto público sea sometido a una amplia e inclusiva discusión a través del órgano legítimo de representación política que reúne a delegados de todos los territorios del país y, en nuestro caso también de los grupos indígenas, es decir, la Asamblea Nacional. Luego de que se logren los consensos sobre el contenido del presupuesto, es la Asamblea Nacional el único poder autorizado, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para aprobarlo y darle la legalidad que garantice el obligatorio cumplimiento de sus metas y desautorice cualquier accionar que no esté allí contemplado.
Ya en una nota previa, https://transparencia.org.ve/otra-mas-para-la-cuenta-el-ejecutivo-adeuda-estimaciones-para-el-presupuesto-2017/ Transparencia Venezuela advirtió sobre el retraso del ejecutivo en la presentación de lineamientos presupuestarios para garantizar el debate y demostró cómo Venezuela desmejora en el cumplimiento de estándares internos e internacionales. Esto se traduce en un círculo vicioso en el que la mayoría de los ciudadanos se empobrece, pierde oportunidades y derechos, mientras una pequeña minoría concentra el poder y lo utiliza para enriquecerse y conservarlo.
Respetar la institucionalidad prevista en la Constitución para dilucidar cómo se asignarán los escasos recursos disponibles en el presupuesto, abre las posibilidades para mejorar la crítica situación social y económica que padecen los venezolanos, mientras que no hacerlo sólo empeorará los problemas.
Mientras el mundo avanza hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y del presupuesto en particular, Venezuela se hunde en el secretismo, aumentando los riesgos y las oportunidades de corrupción.
