“Una Ventana a la Libertad” organización que desde hace 15 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las cárceles venezolanas expresa que si el Estado diera cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 272 de nuestra carta magna de descentralizar los recintos carcelarios a las Gobernaciones de Estado o Alcaldías se aliviaría la crisis de hacinamiento que se vive en los retenes policiales del país.
Para el Coordinador General de “Una Ventana a la Libertad” Carlos Nieto Palma los recientes hechos ocurridos en los calabozos de la Policía del Estado Lara que trajeron como consecuencia la muerte de dos reclusos y más de 14 heridos son una muestra que si las Gobernaciones de Estado o Alcaldías fueran las que manejaran sus recintos carcelarios los hacinamientos en estos retenes policiales no llegara a los extremos que hoy en día, pues se llevaría el control total tanto de las cárceles como de los retenes policiales.
Parte de los problemas que se viven actualmente los retenes policiales del país es que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no permite que los reclusos vayan a los recintos carcelarios que les fueran asignados por los jueces y esto hace que los retenes policiales estén hacinados cuando en la realidad son sitios de permanencia transitoria de detenidos y no centros de reclusión.
Para “Una Ventana a la Libertad” se pretende trasladar el caos que se vive en los recintos carcelarios a los retenes policiales por negarse el Ministerio para el Servicio Penitenciario a recibir a los detenidos y dar cumplimiento a la decisión de los jueces, esto por una evidente falta de coordinación entre las diferentes policías del país y este Ministerio, lo que si existiese la descentralización carcelarias como lo ordena la Constitución Nacional la comunicación entre las diferentes policías y las gobernaciones seria directa y el control sobre sus detenidos fuera mayor.
Para finalizar Carlos Nieto Palma recordó que el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad no puede ser politizado como pretende hacerlo el Ministerio Penitenciario y que se garantice su respeto es responsabilidad del Estado venezolano a través de sus diferentes entes así como garantizar el cumplimiento total de lo establecido en el artículo 272 de nuestra Carta Magna en relación al sistema penitenciario. (Prensa Una Ventana a la Libertad, 26.11.13)
