Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo de 81 organizaciones que en todo el Perú trabajan por la promoción y defensa de los derechos fundamentales, ante las protestas iniciadas el 12 de febrero en Venezuela y los hechos de violencia que vienen ocurriendo, expresamos lo siguiente:
1. Lamentamos la muerte de seis personas fallecidas, así como las decenas de heridos y detenidos, más allá de qué posición defiendan. Consideramos fundamental que se investigue, determinen responsabilidades y haya sanciones ejemplares.
2. Ha quedado en evidencia la participación de grupos paramilitares en la represión de los manifestantes y en las muertes. Existen antecedentes en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para calificar las consecuencias de la actuación de grupos paramilitares no como meros delitos, sino como violaciones a los derechos humanos.
3. Que el Estado, como garante del respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, tiene la responsabilidad de controlar a dichos grupos paramilitares, siendo responsable de las violaciones de derechos humanos que estos puedan ejercer. En esta línea, resulta preocupante la actuación de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz al haber atribuido la responsabilidad de las muertes a los manifestantes de forma casi inmediata, sin realizar una investigación adecuada.
4. Invocamos a los medios nacionales e internacionales a que realicen una cobertura seria y respetuosa de los hechos y cumplan con el deber de informar con veracidad a la ciudadanía.
5. Exhortamos que se investiguen las distintas denuncias de tortura, incluida la de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de PROVEA, institución que defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1988, que fue secuestrado, golpeado y amenazado. Consideramos que para que se respete el estado de derecho no se debe recurrir a la violencia, sino que hacerse respetar mediante una observación irrestricta a los derechos humanos.
6. Reivindicamos de manera enfática el derecho a la protesta pacífica como un derecho humano fundamental, garantizado por la propia constitución venezolana.
7. Nos aunamos a los llamados de diversas instituciones, gobiernos y ciudadanos en general de iniciar un diálogo, que permita superar esta crisis, así como saludamos las iniciativas de enviar misiones internacionales que ayuden a devolver la paz a nuestros y nuestras hermanos y hermanas de Venezuela.
Secretaría Ejecutiva.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
21 de febrero de 2014.
