(Prensa Provea 09.11.10) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA, demanda al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores ante el Tribunal Supremo de Justicia para que informe acerca de los trámites realizados para la definitiva ratificación del “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales u Culturales”.
La aprobación del Protocolo Facultativo (PF) constituye un reconocimiento y un compromiso de los Estados con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, específicamente los denominados derechos económicos, sociales y culturales (DESC) frente a la comunidad internacional, pero principalmente frente a las ciudadanas y los ciudadanos.
Recordemos que el primer y principal marco normativo de carácter universal en materia de DESC es el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)” aprobado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1966 y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela el 10.05.78, constituyéndose así en ley nacional con rango y jerarquía constitucional.
En efecto este Tratado Internacional estableció un paradigma en el reconocimiento y constitucionalización de los DESC. Pero además la conquista de movimientos progresistas que demandaban justicia social a través de la reivindicación de los DESC. Desde entonces estuvo pendiente un instrumento que permitiera la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC.
Es por ello que a lo largo de estos años, los movimientos sociales del mundo han procurado avanzar y corregir desequilibrios históricos en el reconocimiento formal a la exigencia y justicia material de estos derechos. En el marco de esta lucha, el 10 de diciembre de 2008, en ocasión del 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como un acto de reconocimiento para la realización del ideal del ser humano libre, protegido del temor y la miseria es necesario que se creen condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, de forma universal, indivisible e interdependiente; así mismo, abrió la posibilidad de que millones de personas que sufren violaciones en el goce de los DESC obtengan reparación.
El PF brinda la posibilidad de que víctimas de violaciones de DESC acudan ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para denunciar el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados. Por su parte el Comité recibe, examina y, si fuera el caso, hace observaciones y recomendaciones en armonía al respeto, la garantía y los compromisos relacionadas con los DESC. Todo ello está dirigido a generar un clima de fortalecimiento para la exigencia de los DESC, así como vigorizar las actividades de las organizaciones locales que trabajen en derechos humanos y cuestiones relativas a la justicia social.
Marino Alvarado, Coordinador General de la ONG indicó: “Provea tuvo conocimiento sobre el desempeño y papel activo de la delegación de Venezuela ante Naciones Unidas para la redacción y definitiva aprobación del Protocolo Facultativo, actitud que valoramos de manera muy positiva porque refleja una coherencia con la afirmación reiterada por parte del Ejecutivo Nacional de dar justa importancia a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consideramos que para mantener la coherencia con el trabajo realizado en el grupo redactor de la propuesta y con el empeño gubernamental por atender los derechos sociales, el Ejecutivo Nacional debe ratificar dicho Protocolo”.
