Durante la mañana del 25.02.10 dos representantes de Provea pudieron conversar, por breves minutos, con el líder sindical Ruben González en la sede de Patrulleros del Caroní, en la ciudad de Puerto Ordaz, donde se encuentra recluido. González expresó que desconoce la duración de la medida de privación de libertad en su contra, la cual en principio implicaba una medida sustitutiva de casa por cárcel y que luego, saltando todos los procedimientos administrativos y el estado de derecho, fue revocada para internarlo en la sede del cuerpo policial del municipio Caroní del estado Bolívar. Los delitos imputados al líder sindical son agavillamiento, incitación a delinquir, cierre de vias y la violación de zonas de seguridad tras la realización de una paralización de actividades realizada en el mes de agosto del año 2009 en la planta de Ferrominera Orinoco, ubicada en Ciudad Piar. El dirigente obrero mostró su satisfacción con las condiciones en las que se encuentra recluido, expresando que no ha tenido violaciones a su integridad personal durante su estancia en Patrulleros del Caroní. Finalmente realizó un llamado a los diferentes sindicales a que defiendan los intereses de los trabajadores y no intereses particulares, de la patronal o de un partido político, por lo cual “había que quitarse el miedo”. González, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rechazó la política de criminalización de la protesta y solicitó a las organizaciones sociales y de derechos humanos que llevaran ante instancias internacionales todos los casos documentados hasta la fecha.
Para Provea el caso de Ruben González es un grave precedente en la escalada de la criminalización de la protesta por derechos sociales, que desde hace varios años viene ocurriendo en el país y que ha llevado a más de 2400 personas a someterse a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en manifestaciones.
