Provea ha sido seleccionada para ser parte de la misión de observación internacional de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) que realizará un informe sobre el impacto de las industrias extractivas en la vulneración de los DESC y la criminalización de la protesta en Perú.
Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, se encuentra esta semana en Lima para realizar una serie de encuentros y entrevistas con funcionarios, organizaciones sociales y de derechos humanos y con comunidades afectadas por la explotación minera en el país, junto a otros miembros de la CIJ. Esta delegación completará un informe sobre el tema que será difundido el próximo 10 de diciembre. La CIJ viene trabajando con la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) para la exigibilidad de los diferentes derechos afectados por la actividad extractiva en el país.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) es una ONG internacional con sede en Ginebra (Suiza). Fue creada en Berlín (Alemania) en el año 1952 por el jurista alemán Walter Linse, Presidente de la Asociación de Juristas Alemanes Libres. Su misión es proteger y promover los derechos humanos y el respeto de la ley y del estado de derecho. Está formada por 60 juristas veteranos, de todos los países del mundo y con representantes de todas las profesiones jurídicas. Incluye a jueces, abogados, profesores de derecho, asesores jurídicos, etc. Tiene 37 secciones nacionales y 45 organizaciones afiliadas en todo el mundo.
