El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Fernando Soto Rojas (PSUV-Falcón), anunció esta semana su intención de investigar los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos durante la llamada IV República (1958-1998). Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) le tomaron la palabra y le exigieron al jefe del Parlamento que comience esas averiguaciones en su propia bancada.
En carta enviada a Soto y a los vicepresidentes del Legislativo, diputados Aristóbulo Istúriz y Blanca Eekhout, la organización le exigió que inicien los trámites necesarios para levantarle la inmunidad al parlamentario oficialista por Guárico, Roger Cordero Lara, a quien señalan de participar en la masacre de Cantaura, ocurrida en 1982.
«Hay suficiente información en el expediente en poder del Ministerio Público que indica que este ciudadano comandó uno de los aviones que en la madrugada del 4 de octubre de 1982 bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura (Anzoátegui)», afirmó Provea en la misiva suscrita por su coordinador, Marino Alvarado, en la que además le recordó a los directivos de la AN que en ese suceso 24 «revolucionarios» perdieron la vida.
Tras rememorar que en octubre de 2009 la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldó las acciones emprendidas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para castigar hechos como los de Cantaura, la agrupación reclamó que apoye esas labores facilitando el procesamiento de uno de los sospechosos.
«Nos preocupa se use la inmunidad para favorecer la impunidad. Avanzar en la búsqueda de justicia en el caso de la masacre de Cantaura obliga al Parlamento a generar políticas y acciones que faciliten las investigaciones y sanción a los responsables», explicaron.
En la mira desde hace tiempo
La solicitud de allanamiento de la inmunidad contra Cordero Lara se produce luego de que Provea cuestionara públicamente la decisión del PSUV de postularlo, a pesar de los elementos que lo involucrarían en la masacre ocurrida en la gestión de Luis Herrera Campins.
Durante la campaña la agrupación pidió a los electores que no votaran por el entonces aspirante y quien llegó a ser comandante general de la Aviación durante esta administración y tampoco por el ex secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa del Zulia, José Sánchez «Mazuco», quien también está señalado de homicidio y fue postulado por la alianza de partidos de oposición.
En la carta, la organización adelantó su respaldo «a toda iniciativa de esta naturaleza (levantamiento de la inmunidad) que se adopte en cualquier otro diputado o diputada a quien se le señale de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos».
En mora
Provea, en su comunicación a la directiva de la AN, también denunció el incumplimiento en el que incurrieron los anteriores legisladores, por cuanto no presentaron jamás los resultados de las averiguaciones que iniciaron en relación con las vulneraciones a las garantías fundamentales cometidas durante la lucha contra la insurgencia guerrillera y hechos como el Caracazo.
En 2006 el Parlamento anunció con bombos y platillos que había designado una comisión especial para procesar los casos de Derechos Humanos ocurridos en las décadas anteriores, la cual presidió el entonces diputado Reinaldo García (PSUV). (Juan Francisco Alonso, El Universal, 28.01.11)
