Desde el año 2009 Provea denuncia el trato no igualitario que la ciudadana Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, brinda a los familiares y sobrevivientes de la Masacre de El Amparo en relación con el proceso de investigaciones de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en la década de los años 80 en nuestro país.
La masacre de El Amparo ocurrió hace 22 años un 29 de octubre de 1988. Se asesinó a 14 humildes personas quienes fueron presentadas por el gobierno de Jaime Lusinchi como guerrilleros colombianos muertos al enfrentarse a militares y policías de Venezuela. La verdad se descubrió al poco tiempo: la masacre se perpetró para aparentar éxitos en la lucha antisubversiva. Contribuyó a desmontar la mentira el hecho que sobrevivieran los pescadores José Augusto Arias y Wolmer Pinilla; que varios medios de comunicación no oficiales publicaran audaces trabajos de investigación; que una investigación realizada por el parlamento reafirmara que se actúo con premeditación y alevosía y principalmente, el desarrollo de un a amplia e intensa protesta social exigiendo justicia.
El 20 de agosto de 2008, a pocos días de recordarse el 20 aniversario de la Masacre los dos testigos sobrevivientes, acompañados de Provea y la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz, solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria.
La Fiscalía año y medio después informó que habían sido designadas la Fiscalía 62º a nivel nacional con competencia plena, la Fiscalía 83º de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Fiscal para el régimen procesal transitorio del estado Táchira. Sin embargo, al revisar la Memoria y Cuenta 2009 del Ministerio Público se puede constatar que se realizaron actuaciones diversas para investigar la masacre de Yumare y Cantaura, pero no hay una sola referencia sobre la Masacre de El Amparo:
“El Ministerio Público ha sostenido encuentro con representantes del Comité de familiares de las víctimas del caso conocido como “La Masacre de Yumare”. Entretanto, el 25 de junio de 2009, comenzaron las reuniones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con el Comité de Familiares de las Víctimas de la “Masacre de Cantaura”, en las cuales la titular de Ministerio Público asumió el compromiso de imprimir celeridad a la investigación de esa causa. Se han tomado cincuenta y cuatro (54) entrevistas en el territorio nacional, entre las que se encuentran, las realizadas a familiares de las víctimas, periodistas, reporteros, fotógrafos de medios de comunicación nacionales y regionales, autoridades civiles y policiales (prefecto, Presidente del Concejo Municipal, Comandante de la Policía) de las poblaciones de Cantaura, Anaco y El Tigre, estado Anzoátegui.”
Valoramos de manera muy positiva que se avance en las investigaciones de los crímenes de Yumare y Cantaura, una deuda que se tiene con los familiares y el país. Resulta inaceptable, sin embargo, que no se realice ningún esfuerzo para investigar la masacre de El Amparo, que no se reciba a los dos sobrevivientes ni se tenga igual atención con los familiares de las víctimas.
El 29 de enero de 2010 en San José de Costa Rica en audiencia de cumplimiento de sentencia realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Venezuela se comprometió a adelantar en la jurisdicción ordinaria las investigaciones. El Estado venezolano se comprometió a que a más tardar el 25 de junio de 2010 presentaría un cronograma con información puntual, clara y exhaustiva sobre todas las gestiones que realizaría para investigar los hechos, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables; las posibles fechas de tales gestiones, y las instituciones o personas que las llevarán a cabo. Cumplida la fecha sobre el compromiso adquirido, el gobierno venezolano no presentó dicho cronograma. Tampoco ha convocado a los familiares de las víctimas y sus representantes legales. Durante 22 años Provea ha luchado contra la impunidad porque considera que la sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos es una forma de prevenir que se repitan en el futuro. Además, es una manera de reparar el daño causado a las víctimas.
Aquella mañana aciaga del 29 de octubre de 1988 fueron asesinados José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado. Todos ellos humildes personas venezolanas residentes casi en su totalidad en la población, de El Amparo, estado Apure. A todos y todas sus familiares una vez más nuestra solidaridad.
A las organizaciones sociales, partidos políticos, a los comités de víctimas, a las individuales sensibles que conscientemente reclaman No a la Impunidad de las violaciones a los derechos humanos, los llamamos a acompañarnos en el reclamo de que cese la discriminación a los familiares de las víctimas de la masacre de El Amparo, se adelanten con celeridad las investigaciones y se establezcan las responsabilidades y sanciones a los autores intelectuales, materiales y cómplices de la masacre.
Observe el documental sobre la Masacre de El Amparo:
Masacre de El Amparo:20 años de impunidad. from Rodolfo A. Rico on Vimeo.
