«Nunca antes un operativo de seguridad ciudadana había vulnerado tanto el derecho a la vivienda, y en general, la garantía de los derechos humanos en el país, como lo ha hecho el OLP.»
Provea acudió este miércoles 24.02.2016, junto al Comité de Víctimas de la OLP de La Ensenada (carretera Panemericana, Caracas), a ejercer un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
La frase, expresada por el Coordinador de Investigación de esta organización sintetiza las centenares de denuncias recibidas por Provea y otras ONG del país, sobre abusos policiales y violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de la razzia policial-militar bautizada por las autoridades venezolanas como «Operativo de Liberación del Pueblo.»
«Hemos venido a expresar nuestras preocupaciones y a dejar un registro de las lamentables situaciones ocurridas desde que inició el OLP», dijo el coordinador de investigación de Provea, Inti Rodríguez, al iniciar su intervención ante los diputados de la AN. «Desde el primer día lo dijimos, con el OLP se está institucionalizando el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la fuerza pública», añadió.
Desde el inicio del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) el pasado 13.07.2015, Provea ha registrado y documentado diversas denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios policiales y militares. Muchas de estas denuncias han sido levantadas directamente por nuestra organización gracias al trabajo de campo realizado en distintas comunidades del área metropolitana de Caracas y otras zonas del país; y, en otros casos, han sido levantadas por otras ONG con presencia en regiones como Lara, Barinas, Nueva Esparta y Zulia.
El OLP es un operativo militar-policial que ha emprendido la gestión del Presidente Nicolás Maduro con la justificación de luchar contra la delincuencia. Este operativo ha demostrado ser incapaz de reducir los altos índices de inseguridad en el país, y ha generado más problemas que soluciones. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se ha realizado el OLP y el discurso oficial que alienta la política de “mano dura”, han propiciado la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores populares del país.
La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional se comprometió a investigar las denuncias presentadas por Provea, y a atender las sugerencias de interpelar al Ministro de Interior y Justicia por la actuación de los cuerpos policiales y militares en el marco del OLP.
