Según la denuncia realizada este 27.04.16 por la Escuela Bolivariana del Poder Popular la vocera de la Red Nacional de Comuneros, Gretel Castro, habría sido víctima de una detención arbitraria, torturas y malos tratos en la sede de la Policía Nacional de El Helicoide, en Caracas.
Según lo afirma esta organización popular en una nota publicada por el portal Aporrea (http://www.aporrea.org/medios/n289710.html), el 26.06.16 Castro habría sido privada de libertad en la Avenida Baralt donde habría sido golpeada, lanzada al piso y detenida por encontrarse grabando un video en una situación no aclarada por el comunicado. Castro fue trasladada al Helicoide donde según la denuncia “le colocaron una capucha negra que le tapaba toda la cara, con dificultad para respirar, la dejaron así por más de cuatro horas; con las esposas, con dolor de cabeza por los golpes que le propinó una funcionaria de Inteligencia de la Policía Nacional. Comienzan las agresiones psicológicas, no la dejaron llamar, la insultaron”. Seguidamente “Luego de muchas preguntas (…) le plantean que de no cooperar, la van a fotografiar con los presuntos delincuentes, al lado de la droga, de las armas y demás objetos encontrados en el edificio La Nacional, esa vieja práctica conocida como sembrar”. Luego de ser coaccionada a firmar un documento contra su voluntad, en donde expresa que no había sido agredida y que se encontraba en la sede policial en calidad de “testigo voluntaria del operativo”, Castro fue liberada.
Según los informes de las diferentes organizaciones de derechos humanos, la práctica de la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes siguen siendo parte de las prácticas de los organismos policiales y militares del país.
Gretel Castro es Vocera de la Red Nacional de Comuner@s, vocera de la Comuna Antonio José de Sucre en Caracas y miembro del equipo de comunicaciòn popular de la Escuela Bolivariana del Poder Popular.
Provea exige investigar la presunta detención arbitraria, tortura y tratos crueles de Gretel Castro y exige sanción de los funcionarios policiales involucrados en estas violaciones a sus derechos humanos. Según la Ley Para Prevenir y Sancionar Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes el delito de tortura es sancionado con la pena de entre 15 a 25 años de prisión e inhabilitación de la función pública, mientras que el delito de trato cruel es sancionado con entre 13 a 23 años de prisión e inhabilitación de la función pública. Por su parte los funcionarios que colaboren o encubran la tortura o los tratos crueles tendrían las mismas penas que los autores materiales de estas violaciones. (Prensa Provea)
