Fue realizado con éxito el Taller Formas de Criminalización de la Protesta en Venezuela, organizado por las organizaciones Espacio Público y Provea y realizado en las instalaciones del Foro XXI en Caracas.
El evento contó con una nutrida asistencia y con la valiosa participación de trabajadoras y trabajadores víctimas del creciente proceso de criminalización de la protesta, quienes ofrecieron sus testimonios y experiencias de exigibilidad frente al hostigamiento y judicialización de sus luchas.
Carlos Correa, director de Espacio Público, dio inicio a la actividad con una exposición sobre las garantías constitucionales y legales para el ejercicio del derecho a la manifestación, asociación y libre expresión, contrastando ello con el andamiaje jurídico construido en los últimos años para limitar y criminalizar el ejercicio de estos derechos.
Correa hizo un breve pero conciso análisis sobre las normas dictadas para criminalizar las luchas en Venezuela, se refirió a la reforma al Código Penal Venezolano como punto de partida para restringir derechos, y a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación como otro instrumento que apunta a fortalecer la tesis del Estado represivo.
Advirtió que en Venezuela se observa un acelerado proceso de militarización de la sociedad que intenta ocupar todos los espacios, y que concibe al país desde una lógica de guerra que reduce el debate al “enemigo” y a su persecución física y simbólica. Apuntó que el primer paso para criminalizar las protestas es siempre la descalificación de sus protagonistas y sus objetivos.
Correa hizo especial énfasis en la necesidad de visibilizar las luchas, de articularlas y de generar redes de solidaridad entre los distintos protagonistas. Dejo claro que el papel de las organizaciones de derechos humanos es estar al lado de las víctimas y sus luchas por obtener el reconocimiento de sus derechos.
Seguidamente Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, explicó las formas en que se ha criminalizado la protesta en el país. Hizo mención a los casos más emblemáticos de judicialización de las luchas, para explicar el papel que han jugado los Tribunales, el Ministerio Público, los cuerpos policiales y militares y la propia Administración Pública, en la restricción de derechos, mediante la publicación de sentencias, medidas cautelares, episodios de hostigamiento y amenazas a la integridad física y el sometimiento a juicios civiles y militares contra luchadores sociales, con el firme objetivo de frenar la conflictividad social, e intimidar a quienes protesten.
Señaló el caso de los 5 trabajadores de la construcción del Estado Táchira que permanecieron más de 4 meses detenidos y sometidos a la justicia militar, luego de haber realizado una huelga en demanda del pago de sus salarios, y relató la experiencia de los caciques pemones que enfrentan un régimen de presentación, también ante la justicia militar, después que denunciar la corrupción y la presencia de militares en la minería ilegal.
Alvarado destacó que uno de los derechos más afectados actualmente es el derecho a huelga, toda vez que la legislación y las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales, han estado orientadas a restringir el ejercicio de este derecho constitucional. Dijo que cada vez resulta más riesgoso para los sindicalistas realizar huelgas ante las amenazas y las sanciones de las que son objeto.
Alvarado concluyó su intervención mencionando la contradicción del gobierno nacional, que se asume obrerista y desarrolla una práctica dirigida a perseguir y criminalizar a trabajadores, luchadores sociales y estudiantes.
El trabajador Leonel Grissett sometido a un proceso penal y a régimen de presentación desde hace más de 7 años, relató su experiencia luego de ser acusado por instigación a delinquir, apropiación indebida calificada y violación de la zona de seguridad, entre otros, luego de encabezar un paralización en la empresa Transportes Camila, en Bolívar, exigiendo mejoras salariales.
Grissett dijo que la política del Estado patrono ha sido deslegitimar y cercar a las organizaciones de los trabajadores, para desarticular las luchas y criminalizar a los dirigentes, refirió que en las empresas básicas de Guayana el proceso de militarización esta dirigido a intimidar a los trabajadores, pero que a pesar de ello, no se rinden y continúan firmes en defender sus derechos.
Keyrel Ojeda, hermana de Reysel Ojeda uno de los 8 trabajadores de la empresa mixta CIVETCHI, quienes permanecen detenidos en la Cárcel de Tocuyito en Carabobo, contó como se ha desarrollado el proceso de criminalización de estos trabajadores, luego que decidieron formar un sindicato en 2013.
A principios de 2013, los trabajadores de CIVETCHI que habían venido denunciando atropellos y precarización de sus condiciones de trabajo, decidieron tomar las acciones necesarias para constituir un sindicato. En abril de ese año, luego que la directiva de la empresa se opusiera a la iniciativa, el SEBIN detuvo a los 8 trabajadores que encabezaron las luchas, acusándolos de extorsión y asociación para delinquir. Actualmente siguen detenidos.
Por último los organizadores reiteraron su compromiso de promover espacios de debate y de encuentro para la organización y la formación de los movimientos sociales, para que sean estos, quienes asuman el rol protagónico de defender sus derechos. (Prensa Provea, 30.01.14)
