logo-provea-150x150Difundimos nuevamente el artículo de Marino Alvarado -Coordinador General de Provea-, titulado «Qué pasa con la Fuerza Armada?, y que fuera publicado el pasado 16.04.2012 en la website Primicias24.com, a propósito de los acontecimientos donde efectivos de la GNB y el Ejército, se vieron involucrados en graves violaciones a los DDHH.

Históricamente, Provea ha denunciado las prácticas violatorias de los DDHH por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional.

Desde 1988, cuando asumimos la defensa de las víctimas de la masacre de El Amparo, hemos condenado cada una de las situaciones donde efectivos militares y policiales, han violado el derecho a la vida y la integridad personal de los ciudadanos.

En nuestro Informe Especial «15 años en Derechos Humanos», denunciamos que entre 1997 y 2011, efectivos de la FANB fueron responsables de 301 violaciones al derecho a la vida en el país.

Solo en 2012, de las 164 víctimas de violación al derecho a la vida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 13 víctimas (8 de la Guardia Nacional Bolivariana y 5 del Ejército).

Entre mayo y julio de 2013, la FANB ha estado involucrada en la violación del derecho a la vida de al menos 5 personas.

Lamentablemente los hechos se repiten y confirman nuestros señalamientos. Lo sucedido en el Comando de la GNB de Macarao, donde se torturó y asesinó a un Cabo, se suma a esta larga lista de violaciones a los DDHH por parte de efectivos de la FANB.

El Gobierno venezolano ha afirmado que la actual FANB es distinta a la Fuerza Armada de la llamada «Cuarta República». Provea afirma que al igual que en el pasado, la FANB sigue siendo un cuerpo violador de derechos humanos.

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Marino AlvaradoMarino Alvarado / ¿Qué pasa con la Fuerza Armada?

Una serie de acontecimientos sucedidos en los últimos años donde aparecen involucrados efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército como presuntos responsables en graves violaciones a los derechos humanos debería generar preocupación en los distintos Poderes Públicos y en nuestra sociedad.

Los delitos están relacionados a torturas y ejecuciones.

En algunos casos las víctimas son individuos, en otros casos son grupos de personas.

Tales hechos demuestran deficiencias importantes en el seno de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la comprensión y compromiso de respetar los derechos humanos.

Todo indica que además de la policía también hay que reformar a la Fuerza Armada Bolivariana para que a mediano plazo podamos contar con instituciones policiales y militares respetuosas de todas y todos

La repetición de hechos nos indica que hace falta inculcar aún más en todo el componente militar conciencia de la obligación de respetar los derechos humanos y del significado que ello tiene para fortalecer la democracia y la propia institución militar.

Los casos que a continuación se señalan pueden ser confirmados en la página web del Ministerio Público. Hay que indicar que afortunadamente varios de ellos fueron investigados y sancionados.

El 15 de marzo de 2005, funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional en la población de El Nula, estado Apure presuntamente asesinaron al joven de 13 años, Daniel Alfonso Neira.  

Los funcionarios acusados son tres tenientes y un Coronel del Ejército, varios soldados y un funcionario de la Guardia Nacional.

El 22 de septiembre de 2006, en el área minera Papelón de Ori, de la población La Paragua, estado Bolívar 10 efectivos del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, perteneciente al Teatro de operaciones N° 05 detuvieron y ejecutaron a seis mineros.

En mayo de 2008 un Teniente y Sargento del Ejército fueron acusados de dar muerte mediante tortura al soldado Jean Carlos Rondón, hecho ocurrido, en el Fuerte Militar Paramaconi, en Monagas.

Los militares fueron sentenciados a 18 años.

En mayo de 2009 fueron acusados  seis efectivos de la Guardia Nacional, en Lara, por homicidio calificado, uso indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible en perjuicio de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de un civil.

En mayo 2010 fueron privados de libertad tres efectivos de la Guardia Nacional por ser los presuntos responsables de la muerte de un taxista.

Fueron acusados por los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de arma de guerra. La violación de derechos humanos pretendió ser ocultada simulando un enfrentamiento.

En junio 2011 fueron privados de libertad cuatro funcionarios de la Guardia Nacional, por su presunta vinculación en la muerte de un adolescente (15), ocurrida el 28 de noviembre de 2009 en la población de Arenales, estado Lara.

Fueron acusados de homicidio intencional simulación de hecho punible, uso indebido de arma de fuego y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.

En Julio 2011 fueron condenados a 30 años de prisión efectivos de la Armada acusados por incurrir en los delitos de violencia sexual y física, acto carnal contra víctima especialmente vulnerable, lesiones personales, uso indebido de arma de guerra, violación con abuso de autoridad, privación ilegitima de libertad con tratos crueles contra detenidos y violación de domicilio.

Abusos todos perpetrados contra ocho indígenas Waraos

En noviembre de 2011 en el Alto Apure, efectivos del Ejército dieron muerte a 4 personas e hirieron a 3.

Organizaciones campesinas denunciaron que previo al asesinato algunas personas fueron torturadas y que nunca hubo enfrentamiento. El Ministerio Público actualmente investiga el caso.

Todo indica que además de la policía también hay que reformar a la Fuerza Armada Bolivariana para que a mediano plazo podamos contar con instituciones policiales y militares respetuosas de todas y todos.

Finalmente el pasado marzo 2012 en la vereda Baritalia Del Municipio Junín del estado Táchira, efectivos del Ejército ingresaron violentamente a varias fincas aledañas al lugar donde fueron asesinados dos militares y arremetieron contra campesinos agricultores y otros habitantes.

Presuntamente aplicaron tortura a varios detenidos incluyendo un adolescente y una persona con discapacidad. (Publicado el 16.04.2012 en Primicias24.com)

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