Activista político de Yaracuy acusa al gobernador Julio León de promover grupos paramilitares

José de La Cruz Reyes, activista político del estado Yaracuy, denunció al gobernador de esa entidad Julio León, de promover la conformación de grupos paramilitares y la participación de civiles para ejercer labores de control de manifestaciones.

Reyes denunció que el gobernador viola el artículo 332 de la Constitución Nacional al propiciar la actuación de civiles en labores que son de exclusiva competencia de los órganos del Estado venezolano.

Destacó que el primer mandatario regional ha llamado en reiteradas ocasiones a civiles, para entrenarse en las instalaciones del polígono de tiro de San Felipe «para la defensa de la soberanía y el control del orden público».

Agregó que dichos llamados son públicos y han sido recogidos en la prensa regional, y que la intención de promover y fortalecer la actuación de civiles armados, es atacar las protestas y contener a los manifestantes.

«Sabemos cuáles son los cuerpos que están contemplados en la Constitución para defender la soberanía nacional y ejercer el control del orden público, y en ningún caso se permite la actuación de civiles para dichas labores», expresó. «Hacen los llamados a que se anoten en listas, esto pudiera materializarse en graves violaciones de derechos humanos en el estado Yaracuy», dijo.

El presidente Nicolás Maduro y diversos funcionarios del Estado venezolano han incitado permanentemente a la confrontación pueblo contra pueblo, y han dado su aval público a la actuación de grupos paramilitares y de civiles armados en la contención de manifestaciones y en labores de orden público.

Dichos llamados incitan a la población a cometer actos ilegales e inconstitucionales, puesto que la instruyen a realizar actividades sólo le corresponden a los órganos armados del Estado.

Estos irresponsables e inconstitucionales llamados, han sido reiterados en distintas zonas del país. El pasado

El artículo 332 de la Constitución es suficientemente claro sobre cuáles son los órganos que deben mantener el orden público en el país: “El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará: Un cuerpo uniformado de policía nacional; Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas; Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil; Una organización de protección civil y administración de desastres. Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley”.

El pasado 11.04.14 el Alcalde del Municipio Caroní del estado Bolívar, José Ramón López, juramentó a mil “soldados populares antigolpistas y antiguarimberos”. “Vamos a ver quién se cansa más, si los 30 guarimberos o nosotros”, dijo el funcionario al manifestar su apoyo a las Fuerzas Armadas y aclarar que su objetivo era «cero guarimba».

Días atrás, el 03.04.14, los “cuerpos de combatientes” conocidos como milicias obreras, iniciaron sus labores de entrenamiento práctico en las instalaciones del polígono de tiro del Fuerte Tiuna, con el objetivo de “estar preparados a la hora de un evento no deseado» según afirmó Wills Rangel presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST). «Tenemos que dar una respuesta ante la anarquía de estos grupos que quieren incendiar el país”, añadió Rangel en dicha ocasión.

El creciente fenómeno del paramilitarismo, la participación de civiles en actividades de delación y represión a manifestantes, y los reiterados ataques conjuntos entre estos y los cuerpos armados del Estado, constituyen una seria amenaza para los derechos humanos en el país.

El Estado venezolano será responsable por las violaciones de derechos humanos, cometidas por grupos civiles alentados desde el Ejecutivo. Asimismo, los funcionarios públicos responsables de estos llamados, pudieran ser señalados como responsables intelectuales de las violaciones de derechos humanos en las que eventualmente incurran los miembros de estas agrupaciones. (Prensa Provea, 07.05.14)