Considerando que la educación universitaria libre, plural y de calidad es un derecho y un requisito indispensable de la democracia y del desarrollo económico y social de las naciones, vemos con alarmante preocupación la creciente ola de violencia y los sistemáticos ataques en contra de más de veinte universidades venezolanas, ocurridos desde los inicios de las protestas sociales en febrero de 2014 y, muy especialmente, en el transcurso de las últimas semanas.
La arremetida contra las universidades se ha dirigido especialmente hacia:
1. Las autoridades universitarias, que han sido o están siendo amenazadas, perseguidas o amedrentadas mediante un ejercicio tendencioso y arbitrario de la justicia; o por grupos de civiles armados, o por facciones fanáticas.
2. Los profesores, que han sido y están siendo perseguidos, citados judicialmente, pasando por alto las mínimas formalidades legales, intimidados y coartados en el ejercicio de su libertad de cátedra por grupos políticos radicales pretendiendo imponerles censura o constreñirlos a autocensurarse por miedo y desesperanza.
3. Los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, asesinados en las protestas, reprimidos indiscriminadamente, detenidos arbitrariamente, pasando por alto los derechos del debido proceso y víctimas, muchos de ellos, de torturas y tratos crueles e infamantes.
4. La autonomía universitaria, principio constitucional y legal —que no es un mero desiderátum sino un mandato constitucional que el Gobierno debe obedecer y que es definida por la UNESCO como la forma institucional de la libertad académica—, sistemáticamente atacada mediante decisiones judiciales ampliamente discrecionales y subjetivas, que pasan por alto los criterios de racionalidad, justicia y ponderación. De tal modo se ha intentado cercar y restringir el autogobierno universitario, y mediante la imposición de leyes, reglamentos y convenciones, mal llamadas ‘colectivas’, a todas luces inconstitucionales. Igualmente fuerzas policiales, militares y bandas ilegalmente armadas han violentado consecutivamente los espacios universitarios.
5. Las sedes físicas incluidos recintos declarados patrimonios culturales de la Nación, comedores, bibliotecas, centros de estudiantes, centros de salud, laboratorios, sedes de medios de comunicación universitarios, que han sido atacados con bombas, incendiados o, en casos menos graves, que han sido manchados y deteriorados.
6. La libertad académica, que se asienta sobre las libertades de pensamiento, de expresión, de reunión y de manifestación y que incluye las libertades de cátedra y de investigación. Las agresiones a las universidades erosionan, directa o colateralmente, las libertades académicas, tal como lo han estado haciendo los diversos intentos de imponer, desde el gobierno central, por vía de leyes o decretos, una ideología política con pretensiones de verdad y exclusividad. Igualmente hay que mencionar el acoso presupuestario al que son sometidas las universidades autónomas, la inseguridad que reina en los recintos universitarios, que les hace objeto de robos de equipos y materiales y que pone en riesgo, además, la vida e integridad física de los miembros de la comunidad universitaria.
En consecuencia, se afecta gravemente la producción de conocimiento y la innovación, el desarrollo de habilidades, la protección cultural; se deforman los planes y las políticas de investigación; disminuyen en número y valor las publicaciones; no se promueve la formación de una generación de relevo de alta calidad, lo que compromete también los derechos de las futuras generaciones, y en general, se pone en riesgo cada vez más la existencia y continuidad de las universidades libres, plurales, y sobre todo de excelencia académica, capaces de participar en la sociedad globalizada del conocimiento.
Diversos estudios muestran una relación de necesidad o de causalidad entre el respeto a las libertades académicas, la excelencia de las universidades y el desarrollo de las naciones. De modo que cuanto más se respetan las libertades académicas, mejores son las universidades, y cuanto mejores son las universidades mejores y más desarrollados son los países y a la inversa.
Hay una relación directa también entre la calidad de la educación superior y la garantía de trabajar en espacios seguros en los cuales se pueda enseñar y aprender sin sentir miedo o sufrir intimidación. Las universidades requieren de seguridad, autonomía y libertad.
Los ataques a las universidades e instituciones de educación superior también perjudican la educación primaria y secundaria porque interrumpen los avances en pedagogía, en el desarrollo de materiales de enseñanza y en la formación de los maestros y profesores de educación básica y media.
Las agresiones crecientes a las que se han visto sometidas las universidades venezolanas en estos últimos años, profundizadas desde febrero de 2014, constituyen violaciones a los derechos humanos, no solamente de los universitarios, sino de la población en general y contravienen la Constitución y las leyes nacionales, así como los instrumentos internacionales y las recomendaciones de la UNESCO.
Le recordamos al Gobierno Nacional que es su responsabilidad y deber proteger las Universidades y a sus miembros de toda violencia, garantizando la seguridad física, el debido proceso en cualquier juicio y la asistencia a las víctimas. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y demás poderes públicos hacer los esfuerzos para evitar futuros ataques mediante investigaciones oportunas, imparciales y transparentes que resulten en sanciones a los responsables. Asimismo tienen el deber de proteger las instituciones de educación superior de toda amenaza a su autonomía, venga de donde venga, y en general, han de respetar y hacer respetar las recomendaciones de la UNESCO referidas a la protección de la educación superior.
