En una entrevista realizada por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el funcionario Pablo Fernández Blanco se suma a la campaña de criminalización contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tras la participación de estas en el exámen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Como se informó el pasado 11 de mayo de 2015, Pablo Fernández Blanco fue nombrado Secretario Ejecutivo del Consejo General de Policía de Venezuela, un cargo de confianza para el diseño de las políticas de seguridad ciudadanas en el país, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. La nota de prensa puede consultarse en http://visipol.gob.ve/component/k2/item/733-instalada-nueva-directiva-del-consejo-general-de-policia
A pesar del conflicto de intereses que supone, Fernández se presenta en diferentes ocasiones como un «activista de derechos humanos» independiente, ocultando su cargo como alto funcionario del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, como miembro de una organización llamada «SurDH». El caso mas reciente es la entrevista concedida a la AVN, donde Fernández cuestiona muchas de las cosas que él mismo realizó -como la recepción de Cooperación Internacional- cuando era Coordinador General de una conocida organización de derechos humanos en Venezuela:
En otro párrafo de su entrevista el jefe policial agregó: «En Venezuela no hay una crisis de Derechos Humanos, sino una crisis política producto de una polarización y de que algunos actores, lejos de respetar el juego democrático para dirimir esas diferencias, han optado por buscar formulas no democráticas para lograr sus objetivos políticos. Parte de ese ejercicio macabro en el que incurren estos partidos políticos y estos actores de la mal llamada ‘sociedad civil’ es tratar de maquillar la crisis política con crisis de Derechos Humanos para poderla justificar y darle legitimidad a escala internacional».
Sobre Pablo Fernández y la organización SurDH, el Coordinador General de Provea Rafael Uzcátegui había sentado anteriormente la opinión institucional al respecto, la cual pueden consultar en el siguiente enlace: https://archivo.provea.org/2015/02/02/rafael-uzcategui-resolucion-008610-y-astillas-del-mismo-palo/
Las declaraciones del Secretario Ejecutivo de la policía en Venezuela contribuyen a crear un contexto de debilitamiento del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, y vulneran tanto las garantías constitucionales para este trabajo como lo dispuesto en diferemtes estándares internacionales, como el artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
