La ONG Provea contabiliza 132 casos desde 1999 hasta 2011
Fiscal y vicepresidente Maduro castigaron las torturas del pasado pero nada dijeron sobre las recientes
Con esperanza se mantienen familiares de quienes han sido víctimas de abuso policial en la “Quinta”
Desde que los restos del líder estudiantil Noel Rodríguez fueran hallados luego de 40 años, el Gobierno se ha empeñado en fustigar fuertemente las desapariciones forzadas ocurridas en la “Cuarta” República, pero ha obviado las sucedidas durante la “Quinta”.
Desde 1999 hasta 2011 han ocurrido 132 casos de este tipo, según el coordinador de Provea, Marino Alvarado, quien asegura que prácticamente todos están en total impunidad.
Alvarado reconoce el esfuerzo y el éxito del Ministerio Público en el caso Rodríguez, y advierte que así se demuestra que cuando hay voluntad política para investigar se pueden obtener resultados positivos, por más complejo que sea el caso. “Ojalá la experiencia acumulada sirva para investigar las otras desapariciones, porque aquí no se trata sólo del pasado, sino también de indagar las violaciones de DDHH del presente”.
LA VIGA EN EL OJO PROPIO
Horas antes del homenaje póstumo que se hizo ayer a Noel Rodríguez en la Asamblea Nacional, la fiscal Luisa Ortega Díaz marchó desde la sede del Ministerio Público junto a los integrantes del Frente de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por Motivos Políticos durante 1958 y 1998. El énfasis de sus palabras estuvo en describir esa época como un tiempo oscuro y gris para el país, lleno de torturas.
Dijo que el joven desaparecido durante el primer gobierno de Rafael Caldera ha regresado a este Estado democrático y social de derecho y de justicia, “a esta patria participativa de inclusión y donde se respetan los derechos humanos”.
Los crímenes de los años 60 también fueron rechazos por el vicepresidente Nicolás Maduro, quien anunció que el 27 de febrero en la calle se juramentará e instalará la Comisión de la Verdad “para que en Venezuela se investiguen todos los crímenes y asesinatos cometidos por el Puntofijismo, por la democracia representativa burguesa, represora, asesina”. Sobre los cuerpos que aún no aparecen ni vivos ni muertos, luego de la detención de algún organismo policial o efectivo de la Fuerza Armada, en estos 14 años de revolución nada dijeron las dos autoridades.
“Las víctimas no se pueden dividir en términos de esperanza de justicia pues tienen tanto derecho los familiares de las víctimas de las décadas que van del 60 al 98 como quienes han sufrido las consecuencias de una actuación errada del Estado del 99 para acá”, indica Alvarado. Sostiene que a los funcionarios del Gobierno se les olvida que en 2007 el propio presidente Chávez reconoció que la justificación del proceso de reforma policial era precisamente la existencia de cuerpos de seguridad que torturan, atropellan y asesinan a la gente.
OCURRIERON EN LA ERA CHAVISTA
María Josefina Ferrer, vocera del Programa de Extensión en Justicia y Derechos Humanos de la UCV, ha vivido de cerca la zozobra que genera una desaparición forzada, pues el esposo de una sobrina desapareció hace más de cinco años en el estado Lara. La víctima fue a entregar un rescate de un señor que estaba secuestrado y según lo poco que se sabe descubrió que quienes estaban involucrados eran guardias nacionales. Propios y extraños señalan que allí ha existido una situación de impunidad grosera porque aún con todas las evidencias para identificar al culpable, la intimidación de las Fuerza Armada contra el Poder Judicial ha impedido que se haya administrado la justicia con la transparencia que se requiere.
Neris Pineda tiene más de tres años esperando saber del paradero de su hijo Oscarling, quien junto a otros tres amigos desapareció en mayo de 2009 luego de que presuntamente efectivos del Cicpc los detuvieran en Palo Verde. La madre del chico confiesa que lo ha buscado hasta el límite de sus fuerzas y de sus posibilidades económicas, pero hasta ahora sólo hay un vacío enorme. (Keilyn Itriago, Conflictove, 06.02.13)
