Eran las 5 a.m. Pocos minutos habían pasado desde que la diana del campamento del Frente Américo Silva (FAS) interrumpiera el sueño de los más de 40 guerrilleros del grupo Bandera Roja en los Changurriales del Morocho Evans.
Emperatriz Guzmán ya tenía ocho meses de embarazo y 38 de edad. Ella era la encargada de preparar las arepas esa mañana.
Cuando recién comenzaba a cocinar, varias bombas cayeron en el fogón e, inmediatamente, el campamento se dispersó.
Una hora fue suficiente para que los habitantes de Cantaura, en el estado Anzoátegui, se enteraran de la muerte de algunos jóvenes del FAS. Con el tiempo, se pudo conocer que fueron 23 y que se trató de una operación militar. Han transcurrido 28 años desde entonces, desde la conocida «Masacre de Cantaura», y todavía no se ha hecho justicia.
«Se trató de una operación de exterminio en el gobierno de Luis Herrera Campins que pudo haber concluido con la reducción de esas personas, sin necesidad de eliminarlas físicamente. La mejor demostración de que hubo voluntad de liquidarlos implacablemente es que 14 de los 23 cadáveres presentaban tiros en la nuca, es decir, eran personas que habían sido rematadas estando heridas», manifestó en 2005 el entonces vicepresidente José Vicente Rangel.
Rafael Uzcátegui, de Provea, coincide en que se violó el derecho a la vida, establecido. «Una cosa sería las bajas en un enfrentamiento, en un combate clásico cuerpo a cuerpo.
Pero, en este caso, se trataba de una reunión de un grupo que, si bien era insurgente, estaba discutiendo sus asuntos. El Gobierno de la época montó un operativo militar y no les dio nunca la posibilidad de rendirse, sino que aprovechó que estaban en un campamento para bombardearlos y atacarlos», dice.
DE LA MASACRE A LA AN
Son pocas las circunstancias en las que el chavismo y la oposición concuerdan.
Esta parece ser una de ellas. «Hay un consenso en que las violaciones de Derechos Humanos deben ser castigadas. Sin embargo, de acuerdo a las conveniencias, hay olvidos y amnesias», dice Uzcátegui.
A través de un comunicado, Provea rechaza la impunidad en el caso de la «Masacre de Cantaura» y exige voluntad política para sancionar a los responsables. «A pesar de que funcionarios de alto rango han repudiado los llamados `crímenes de la IV República’ y se han comprometido a sancionar a sus responsables materiales e intelectuales, algunos hechos concretos promovidos por los sectores oficialistas alientan su olvido e impunidad», denuncia la ONG defensora de DDHH.
Provea se refiere al diputado electo por el circuito 2 del estado Guárico, Roger Cordero Lara, del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien fue «uno de los autores materiales confesos y conocidos del ataque con 17 bombas de 250 libras, además pilotear uno de los aviones que bombardeó al núcleo del FAS».
Se intentó contactar a Cordero Lara para conocer su versión, pero no atendió el teléfono. Uzcátegui asegura que «él admite su participación y afirma que cumplía órdenes».
Robin Rodríguez, retaguardia de los sobrevivientes de la masacre, expresa que «hay una ironía en cuanto a que el Gobierno promete reivindicar la lucha de quienes murieron en ese hecho, pero hay personas que participaron y ahora ocupan cargos importantes en el Gobierno». (Patty Fuentes, Tal Cual, 04.10.10)
