El 16 de febrero de 2013 el entonces Vice Presidente de la República Nicolás Maduro, reconoció la crisis del servicio nacional público de salud y ordenó la “intervención” del Hospital de Coche y de otros centros hospitalarios del país. Diez meses después el 12.12.13 volvió a reconocer la grave situación al afirmar que los hospitales del país eran una “vergüenza”. Pese a ello, durante todo 2013 la crisis persistió, en 2014 y 2015 se agudizó y en 2016 amenaza aún más la garantía y realización del derecho humano a la salud.
En 2013 Provea registró un incremento de 84% -con respecto al período anterior- en el número de situaciones de impedimentos para la prestación servicios de salud pública al recibir 1976 denuncias. Se redujo el número de vacunaciones y aumentó la cifra de enfermos por parásitos y vectores, continuó el estancamiento de la mortalidad materno-infantil, se agudizaron las interrupciones en la entrega de tratamientos a personas en condición crónica de salud y miles de pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia sufrieron las consecuencias de la negligencia del Estado venezolano, ya que no se tomaron las medidas necesarias para evitar la paralización de los equipos para suministrar los respectivos tratamientos, debido a que el Ministerio para la Salud no renovó oportunamente los contratos de mantenimiento de los mismos.
En 2014 las precarias condiciones de la atención sanitaria en Venezuela comprometieron el bienestar físico de la población y de muchos grupos de personas cuya vida está enlazada con la disponibilidad de recursos médicos. A su vez, el empeoramiento de estas condiciones condujo a que los costos de las deficiencias y la escasez se trasladasen al bolsillo de las personas y de sus familias, haciendo cada vez más restrictivo el acceso a la salud de los sectores de menores recursos. Nunca antes en la historia reciente del país, la cobertura de la medicina privada ha tenido tanto crecimiento, como el registrado durante los últimos años. La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados calcula que para el año 2014 sus 236 clínicas afiliadas cubrían más del 50% de la población usuaria. Apenas hace 4 años el promedio rondaba menos de 20%. A su vez, el número de denuncias registradas por Provea sobre deficiencias en los centros públicos de salud subió a 2.665 en 2014, lo que representa un aumento de 35%. En comparación con el año 2013, el mayor aumento de denuncias se registró en la falta de insumos o material médico-quirúrgico, cuyo peso porcentual varió de 9,62% a 11,26%, la falta de equipos médicos operativos, que subió de 5,76% a 8,44%, y el cierre o suspensión de servicios, el cual escaló de 5,47% a 11,33%.
Desde 2013 hemos advertido sobre los importantes niveles de retroceso del derecho a la salud en Venezuela debido a las condiciones generalizadas de deterioro en que se encuentran la mayoría de los establecimientos de salud pública en el país. También, hemos expresado nuestra preocupación ante las acentuadas limitaciones para acceder a servicios de salud que padece una inmensa cantidad de venezolanos, quienes incluso, ven comprometidas sus vidas e integridad física ante las serias deficiencias del servicio nacional público de salud. En 2014 se agudizó un escenario de escasez de medicinas e insuficiencia de insumos en los centros médicos que el ex Ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, reconoció el 18.08.2014 sin generar respuestas a dicha problemática. Entre 2015 y 2016 esta situación ha empeorado.
Esta semana la red de sociedades científicas solicitó al Ejecutivo Nacional una reunión urgente para abordar la problemática del sector salud, e hicieron un conjunto de peticiones que incluyen la reactivación de la industria farmacéutica mediante la cancelación de la deuda en forma inmediata a los proveedores de la industria, para superar la escasez y desabastecimiento de medicamentos; la activación de mecanismos internacionales de ayuda humanitaria con el envío de medicamentos e insumos médicos, a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud; la creación de una comisión contralora para su regulación, organización y distribución, integrada por el Ministerio de Salud y la Federación Farmacéutica Venezolana; la modificación y cambios estratégicos de las políticas y planes de salud nacional, dirigidos a la prevención, detección precoz y tratamiento de las enfermedades y la publicación del boletín epidemiológico, con un programa de divulgación y educación a la población en general.
El pasado 26.01.2016 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo declarando la crisis humanitaria en el sector salud, señalando como principales motivos de preocupación la escasez y desabastecimiento de medicamentos, que según el gremio farmacéutico ronda el 90% en el caso de los medicamentos esenciales; el deterioro de los indicadores de gestión en salud, entre ellos mortalidad materna, mortalidad cardiovascular, mortalidad por cáncer, cobertura de vacunación, cobertura de atención prenatal, entre otros; la baja inversión per cápita en el sector salud que coloca al país como uno de los que menos porcentaje de su PIB invierte en salud en América Latina; y la ausencia de planes y políticas coherentes en el sector salud por parte del Ejecutivo Nacional. Dicho acuerdo, no contó con la aprobación de los parlamentarios miembros de la bancada oficialista, quienes se negaron a reconocer la existencia de la crisis en el sector salud, contradiciendo las reiteradas afirmaciones de altos voceros del Ejecutivo Nacional.
Han pasado tres años y el Presidente Maduro no ha cumplido su compromiso de superar la crisis del sector salud. Las promesas no bastan, se requieren medidas urgentes y sostenibles para revertir la situación actual de nuestro servicio público de salud y evitar que se continúen perdiendo vidas y sumando más penurias a la población debido a la ausencia de atención adecuada y oportuna. Para superar los graves problemas de la salud en el país, es necesario que el Ejecutivo Nacional propicie el diálogo con todos los sectores involucrados para trabajar en la solución de los problemas de infraestructura, dotación médico-quirúrgica, suficiencia de equipos, seguridad hospitalaria, déficit de recursos humanos, deudas, homologaciones del personal, salarios y contratación colectiva. (Prensa Provea, 17.02.2016)
