La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este miércoles 15.12.10, en forma preliminar, una ley que prohíbe a organizaciones partidistas o no gubernamentales «para la defensa de los derechos políticos» recibir fondos provenientes del extranjero.
La AN continuó avanzando de esta forma sobre una serie de proyectos legales que se propone aprobar antes de que los nuevos diputados, electos el 26 de septiembre, asuman sus cargos el próximo 5 de enero.
La ley, denominada de «Defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional», consta de diez artículos y aplica por igual a personas naturales o jurídicas.
Su objeto es «proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera» a través de «ayudas económicas o aportes financieros» a personas u organizaciones políticas, que pudieran «atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República», según reza en el artículo primero.
De acuerdo con una nota de la oficial Agencia Venezolana de Noticias (AVN), «diferentes documentos señalan a organizaciones como la Usaid (agencia del gobierno estadounidense para el desarrollo internacional) y Freedom House (organización no gubernamental basada en Estados Unidos) de ‘costear’viajes, campañas políticas y otros eventos a las agrupaciones antichavistas Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Súmate, Podemos y 100% estudiantes, entre los más conocidos».
Quienes infrinjan la ley enfrentan sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación política.
Organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza, desde las que se dedican a los derechos humanos como a temas electorales, cual es el caso de Súmate, han denunciado esta ley como un intento de anularlas o reducirlas a su mínima expresión.
No hubo mención en esta ley a otra disposición que aparecía en un proyecto de ley sobre cooperación internacional, con fuertes críticas por parte de las ONG, que centralizaba en un fondo administrado por el Estado los recursos recibidos desde fuera por todas esas organizaciones.
Más polémica
Mientras tanto, este miércoles continuó la polémica por el paquete de leyes que está siendo estudiado por la AN, incluida la ley que habilitaría al presidente Hugo Chávez a legislar sobre un amplio rango de materias, a raíz de la emergencia generada por las intensas lluvias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa, en el que manifestó preocupación por la posibilidad de que se deje en manos del Ejecutivo la regulación de temas sensibles, como las comunicaciones o la cooperación internacional.
El comunicado señaló que leyes como la de Telecomunicaciones, que fue aprobada en primera instancia la jornada de este miércoles, ponen en riesgo la libertad de expresión.
Por otro lado, el portavoz del departamento de Estado de EE.UU., Philip Crowley, señaló que el gobierno del presidente Hugo Chávez está socavando «la voluntad del pueblo de Venezuela» con la ley Habilitante.
El gobierno, dijo, «parece estar hallando nuevas y creativas maneras de justificar poderes autocráticos».
El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, criticó la postura de la CIDH en un boletín oficial.
«Una vez más los impúdicos Felipe González, Presidente criptopinochetista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Paulo Sergio Pinheiro, resentido Relator para Venezuela, personajes al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América y cómplices silentes de las continuas violaciones de los Derechos Humanos (cometidos por eses país), arremeten contra la democracia venezolana y se colocan al lado de la dictadura mediática», señaló el boletín.
Entretanto, una nota de AVN criticó los comentarios de Philip Crowley, diciendo que «parece ignorar que la Ley Habilitante no deslegitima a la nueva Asamblea, sino que le otorga atribuciones especiales al Ejecutivo en el marco de la Constitución». (BBC Mundo, 19.12.10)
